Contratos menores, la «trampa» del Botànic

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, compareció el pasado martes para «contar toda la verdad» sobre la situación del sector público de la Generalitat valenciana, y avanzó el cierre de seis de estas empresas: la Agencia Valenciana de la Energía, la Agencia para la digitalización y la ciberseguridad, la Agencia Valenciana de Información y control alimentario, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, la Agencia Valenciana de cambio climático y la Escuela Valenciana de Administración Pública. Todas estas entidades serán suprimidas mediante un proyecto de ley que el Consell presentará a Les Corts Valencianes.

Mazón anunció también que se va a realizar una auditoría en profundidad del sector público de la Generalitat valenciana durante la época del Botànic para aclarar asuntos de dudosa legalidad. La base de esta decisión son los informes realizados hasta el momento por la Sindicatura de Cuentas y por la Intervención de la Generalitat.

Este último ente ha detectado irregularidades en los contratos de otras cuatro de estas empresas públicas durante el ejercicio 2021. Se trata del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura (IVC), la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva y el Instituto Valenciano de la Juventud.

En el primer caso, la Intervención realiza una valoración desfavorable en el apartado de contratación, señalando que se han detectado operaciones con proveedores que superan el límite establecido por la ley para este tipo de contratación, alcanzado una de ella la cifra de 1,2 millones de euros. Critica también que se utiliza este tipo de contratos, pensados para asuntos puntuales, para acceder a servicios que son recurrentes, como la imprenta o el transporte.

En el caso del IVC, aparte de las salvedades detectadas en materia de contratación -denuncia que de 3.554 contratos en 2021, 3.469 fueron menores- se hace especial hincapié en el apartado de ayudas y subvenciones. En este sentido, denuncia que en tres de los cuatro expedientes investigados existe falta de documentación sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios.

Respecto a la Agencia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, la Intervención de la Generalitat detecta un fallo en la contratación de su director general y es que no consta la formalización de un contrato de alta dirección entre la entidad y el susodicho. Asimismo, no se tiene constancia de la procedencia laboral del actual director general y, por tanto, «esta Intervención no puede manifestarse sobre la legalidad de percibir la cuantía equivalentge a la antiguedad».

El otro punto débil de la valoración que la Intervención de la Generalitat hace del AVAP es el apartado de contratación, lo cual viene siendo una dinámica frecuente o constante en las entidades del sector público analizadas.

Según fiscaliza la Intervención «existen contrataciones menores recurrentes cada año que proceden tramitarse mediante procedimientos con concurrencia, muy especialmente en aquellas en las que la facturación del mismo contratista supera los umbrales que marca la ley para la contratación menor». Además, la Intervención detecta otros fallos como la falta de informes de la Abogacía de la Generalitat o la publicación de la información en el perfil del contratante de la entidad. A pesar de ello, la valoracion de la contratación en la AVAP es «favorable con salvedades».

Perfil similar se detecta en el Instituto Valenciano de la Juventud cuya contratacion tiene una valoración «desfavorale» e indica que en los contratos no menores no se incorpora «la declaración de ausencia del conflicto de interés del órgano de contratación» y en otros casos, no se aporta a la Intervención los informes de la Abogacía de la Generalitat respecto a dichos contratos.

Respecto a los contratos menores, el IVAJ también «emplea la contratación menor de forma no residual, acudiendo a este tipo de contratación para la prestación de servicios de carácter recurrente o periódico». En el área de subvenciones, detecta la Intervención que el IVAJ no tiene una plan de control y que además no se deja «constancia documental de la revisión de la documentación justificativa realizada en la fase de control administrativo anterior al pago de la subvención».