No tengo ni idea de las probabilidades que había de que justo cuando se cumplen once meses de la riada, la provincia de Valencia se pasase la noche mirando al cielo. Como si se tratara de una broma pesada, demasiadas personas estuvieron en vela porque tenían miedo de volver a ver a entrar el agua en sus casas. Pánico es la palabra que más repiten aquellos que revivieron este 29 de septiembre aquel 29 de octubre. La alerta roja y el sonido del Es-Alert les recordó que siguen estando desprotegidos.

Esta vez la alarma sonó a tiempo. En esto no hay discusión, como tampoco debería haberla en que, en esta ocasión la Agencia Española de Meteorología (Aemet) avisó con antelación de la hora en la que se elevaba el nivel de alerta. Hagamos todas las comparaciones que queramos, pero hagámoslas con rigor.

Afortunadamente las lluvias no volvieron a cebarse con la zona cero de la dana porque, de haberlo hecho, es seguro que habría habido inundaciones. Que la población esté advertida con antelación es imprescindible, pero también lo es que se acometan las infraestructuras necesarias y reivindicadas para que aquellos que sufrieron la dana del año pasado puedan sentirse seguros.

El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, reveló esta semana en Les Corts que la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, no ha respondido a su solicitud de reunión para analizar en qué estado están las infraestructuras necesarias para evitar inundaciones.

Hay que decir que Aagesen ha pisado la zona cero porque a su antecesora, la ahora vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, esta cuestión le pilló en otros menesteres. Dejó el cargo sin acercarse por Valencia y eso que, durante meses, hubo un continuo ir y venir de ministros en la Delegación del Gobierno.

Aprender de los errores es una obligación en un gobernante. Sobre todo cuando de sus decisiones depende la vida de las personas.