Los errores del Frente Popular: del indulto a Companys a la “caza al facha”

La posible formación del primer gobierno social-comunista de nuestra democracia está generando muchas incógnitas sobre el modelo económico que quieren imponer, la unidad nacional, o la continuidad de la monarquía parlamentaria. La distancia que existía entre el PSOE y Unidas Podemos, contenedor hoy de la extrema izquierda española, parece que se ha diluido, y que los socialistas están dispuestos a asumir los postulados de los comunistas reconvertidos por el estilo populista. No falta quien habla de un Frente Popular, no solo por la obsesión por la Guerra Civil y la dictadura de Franco, o su deseo de convertir la Segunda República en su referente histórico, sino por los componentes de esa alianza. Incluso hay cierto espíritu de «frentepopulismo», de unión de las izquierdas y los nacionalistas contra las derechas, a las que se tiene por reaccionarias y enemigas del «progreso», con el propósito de «enderezar» la democracia tras un gobierno de los adversarios. Es imposible equiparar a los asociados de hoy con los de 1936 por muchas razones; entre otras, porque la violencia ha dejado de ser un instrumento político, salvo para ciertos independentistas. Tampoco la victoria electoral del PSOE este 10 de noviembre ha sido el resultado de un fraude electoral, como ocurrió en febrero de 1936. Pero, salvando las distancias, y despejando el miedo a una confrontación civil, merece la pena recordar cómo fueron los gobiernos frentepopulistas entre febrero y julio de 1936.

El gobierno republicano de izquierda, presidido por Azaña, se formó a toda prisa el 19 de febrero del 36. No había terminado aún el recuento ni se han revisado las actas electorales. Se trataba de un Ejecutivo débil, minoritario, formado solo por republicanos de izquierdas, aunque Azaña quiso contar con miembros de todo el arco, desde la Unión Republicana de Martínez Barrio hasta con Felipe Sánchez-Román, del Partido Nacional Republicano, aunque éste no quiso saber nada. Había participado en el Frente Popular, pero la entrada del Partido Comunista le pareció un error y un mal para República. Iba a ser un «caos», dijo, porque los bolcheviques acabarían dominando al Gobierno y agitarían la calle para su beneficio. Tenía razón. Finalmente, Azaña reunió a diez de Izquierda Republicana –su partido–, a dos de Unión Republicana, y a un independiente.

Al día siguiente, se dirigió al país por radio para asegurar que el Gobierno se dirigía «con palabras de paz». Sin embargo, el desorden público fue el gran problema: ataques a sedes de partidos de derechas, a iglesias, e incursiones violentas a cárceles para liberar a presos izquierdistas. El programa electoral del Frente Popular hablaba de amnistiar a los presos de la revolución del 34, seguir los procesos de autonomía regional, y reanudar las reformas del primer bienio. El acuerdo lo firmaron los republicanos de izquierdas con el PSOE, quien rubricó también en nombre del PCE, el trotskista POUM y el Partido Sindicalista. La victoria había abierto muchas expectativas en las izquierdas y en los nacionalistas, que vieron llegado el momento para satisfacer sus pretensiones políticas aunque estuvieran fuera del consenso que aconsejaba una democracia.

"Se llama facha al que no se deja atropellar"

El primer gobierno frentepopulista empezó a cumplir: 15.000 presos fueron puestos en libertad de forma inmediata, disolvió la mitad de los ayuntamientos para poner a los expulsados en 1934, y los gobiernos civiles pasaron a manos izquierdistas. Companys, protagonista del golpe del 34, fue liberado, elogió la insurrección, y el Parlamento catalán lo eligió Presidente. El 1 de marzo del 36 socialistas y comunistas hicieron una demostración de fuerza con una manifestación que reunió en Madrid a 250.000 personas. No faltó el desfile de revolucionarios uniformados. Ese mismo día, el Gobierno publicó un decreto por el que se obligaba a los patronos a contratar con indemnización a todo despedido por las huelgas políticas desde 1934. Giménez Fernández, al frente temporalmente de la CEDA, dijo que «se llama fascista a toda persona que no se deja atropellar». De esta manera, algunos, los más radicales, acabaron diciendo: «¿Fachas? Que nos lo llamen». La violencia se convirtió en el principal problema. Tras la formación del Gobierno, una delegación del PCE fue a Moscú a recibir instrucciones. Las órdenes fueron apoyar y presionar al débil Ejecutivo en la dirección de la transformación socialista, y desarrollar fuera de las Cortes una estructura de poder, al modo de los soviets, cuya legitimidad fuera reconocida por ser la voz de la soberanía popular y «avanzar en la democracia».

Diputados con armas

Ese apoyo al Gobierno republicano de izquierdas permitiría ir avanzando poco a poco, en la guerra de posiciones gramsciana, hacia un programa comunista. De hecho, comenzó la ocupación de tierras alentada por el Gobierno, quien asumió la facultad de incautar cualquier terreno por «razones de utilidad social». Además, el Ejecutivo aumentó el gasto público en casi todas las partidas, anunció planes para cerrar colegios religiosos y la confiscación de colegios privados, e ilegalizó a Falange –muy violenta– lo que fue visto como un proceso para dejar fuera de la ley a los partidos que no fueran de izquierdas. Al tiempo, cada sesión de las Cortes era un escándalo: insultos, amenazas y golpes.

Los diputados comenzaron a portar armas, y para evitar altercados se tomó la precaución de cachearlos a la entrada. En este clima, el gobierno Azaña quiso hacer unas elecciones municipales con tono plebiscitario. Alcalá-Zamora, presidente de la República, vio en esto el paso final hacia un tipo de «República popular». Atacó entonces en el Consejo de Ministros la tolerancia de Azaña con la violencia izquierdista, la irregular atribución de escaños y la actuación de la Comisión de Actas. Argumentó que no podían convocarse las municipales. Fue su fin. El 7 de abril de 1936 fue destituido por un voto de censura promovido por el socialista Prieto. El Presidente fue acusado, según el art. 81 de la Constitución, de haber disuelto las Cortes inapropiadamente. Alcalá-Zamora calificó la maniobra de «golpe de Estado parlamentario», y al mes fue sustituido por Azaña. Calvo Sotelo, diputado, definió la situación: «la revolución devora a sus líderes».

La República ya estaba en manos de la izquierda y de los nacionalistas. El discurso contra las derechas subió de tono: todos eran «fascistas», ajenos a la República y violentos, lo que en algún caso era cierto. El mismo Azaña acusó a la CEDA de llevar cinco años alentando la violencia, olvidando que eran los anarquistas y los comunistas quienes se habían levantado contra la República desde 1931. De hecho, la Pasionaria fue encarcelada por ese motivo en dos ocasiones durante el gobierno republicano-socialista. El último gobierno antes de la guerra lo presidió Casares Quiroga, de Izquierda Republicana, en mayo del 36. Sentó en Trabajo a Juan Lluhí, de ERC. Aquel gobierno azañista sin Azaña siguió el programa del Frente Popular: desmantelar la escuela católica y privada, una reforma judicial para eliminar la independencia de los jueces, y continuar el cambio socialista. Mientras, la crisis económica se comía al país. La CNT y la UGT exigieron la colectivización de la industria y del campo, e iniciaron una ola de disturbios. Esa revolución, como dijo el Komintern, estaba en marcha. El golpe de Estado del 18 de julio fue tomado como una oportunidad para culminar la toma del Palacio de Invierno. Afortunadamente, aquel desenlace está muy alejado de nuestro presente.

Azaña y la apariencia

Azaña se preocupó mucho por su imagen: redecoró el Palacio de Oriente y se trasladó al Palacio del Pardo, aumentó el presupuesto presidencial y la flota de limusinas. Y preparó leyes que establecían penas graves para los ataques al Presidente dela República y a su familia.