La Fiscalía Anticorrupción reclama una pena de cuatro años de prisión para Teddy Bautista por administración fraudulenta o desleal por su gestión al frente de la Sociedad General de Autores (SGAE) entre 2009 y 2011. Además, el Ministerio Público pide en esta pieza separada del “caso SGAE” -que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata- que indemnice al organismo de gestión de los derechos de autor con 29,8 millones de euros, el supuesto perjuicio causado por el acusado a la entidad por la compra de dos teatros en la Gran Vía madrileña “por un precio arbitrario, ayuno de justificación y con elevado daño económico para el grupo SGAE”.

En su escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción pone el foco en el área cultural de la SGAE -dirigida a llevar a cabo millonarias inversiones en teatros españoles y extranjeros (en México, Buenos Aires y Bogotá), fundamentalmente a través de la Fundación Autor (después SGAE) y de Arteria Promociones Culturales con supuestos “sobreprecios”. Solo a través del Proyecto Arteria la SGAE invirtió 259 millones de euros, 233 de ellos en teatros. Anticorrupción achaca a Bautista una “concentración y falta de rigor de las decisiones meramente personalistas” adoptadas.

La Fiscalía también detalla la “operación Gran Vía” (adquisición en 2009 de los teatros Lope de Vega y Coliseum de la capital de España por 84,1 millones de euros), la de mayor cuantía acometida por la institución bajo su mandato. Presentado como “una oportunidad de negocio”, en realidad se trató -dice Anticorrupción- de una decisión “visionaria” de Bautista “a espalda de los órganos correspondientes” y con un “déficit absoluto de estudios solventes y objetivos”, contraria, en definitiva, a los intereses de la entidad.

Para convencer a los patronos de la Fundación Autor, Bautista puso sobre la mesa “una progresiva escalada de tergiversaciones”: aunque esgrimió el proyecto del Ayuntamiento de Madrid, entonces encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón, de convertir la Gran Vía en el “Broadway madrileño”, pero al mismo tiempo resaltó que al no ser el Coliseum un teatro protegido (algo incierto, pues goza de protección urbanística integral) si “llegado el momento” no les interesaba el teatro “pues se le vende a Zara o a Mango para que monten allí un flagship store”. No consta, recalca la Fiscalía, “informe o estudio alguno” ni se llevó a cabo una auditoría ni una tasación de los inmuebles. Pese a todo, añade, se llevó a cabo en un “escenario generalizado de profunda crisis económica”, sobre todo en el ámbito inmobiliario.

Pese a que en el momento de la compra el precio de ambos teatros se estipuló en 73,1 millones, Bautista defendió ante los órganos rectores de la SGAE que el valor de tasación era “superior a cien millones”. Pero cuando la Fundación Autor se desprendió de ellos siete años después, en 2016, solo pudo venderlos por 58 millones.

Según la Fiscalía, los distintos órganos internos de la SGAE “han estado supeditados a sus designios"durante su mandato, "sin un contrapeso efectivo, ya que los mecanismos de control sufrieron una progresiva degradación, cuando no eliminación, en paralelo a la acumulación de poder” de Bautista.