Parece que las cosas se están acelerando con la ingeniería social en este final de año. Los ciudadanos nos hemos acostumbrado a observar cómo, cada cierto tiempo, una parte de nuestra sociedad y de nuestro gobierno decide cambiar el significado de las cosas. Casi como si fuese un juego, paulatinamente nuestros museos, instituciones y tradiciones adoptan nuevos apellidos: inclusivos, democráticos o «decoloniales», según la conveniencia del momento. Hace poco fueron los museos y, al parecer, ahora es el turno del patrimonio.

El último damnificado de esta corriente ha sido el histórico Palacio de la Magdalena, en Santander. El Gobierno y el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, han decidido incluir en sus planes la construcción de un Museo de la Memoria en este palacio, debido a que, entre 1937 y 1939, se utilizó como una suerte de campo de concentración del bando franquista. En este sentido, y pese a lo execrable del suceso, han optado por ignorar voluntariamente la amplia historia del palacio y su relevancia para la región.

La Magdalena fue construido en 1911 como regalo al rey, por insistencia de la población, que financió su edificación mediante micromecenazgos con el objetivo de que la familia real veraneara en la zona, cosa que se logró. Posteriormente, fue utilizado como centro de formación universitaria y, más recientemente, se ha convertido en uno de los puntos turísticos más importantes de Cantabria. La reacción de los cántabros ante esta imposición ha sido clara. El Parlamento autonómico, con PP y Vox a la cabeza, se ha pronunciado en contra de la declaración. Además, el Ayuntamiento de Santander ha pedido formalmente archivar el procedimiento, dado que, salvo aquel episodio histórico, no existe motivo para cambiar la utilidad o el sentido del edificio. También se ha advertido que esta medida podría dañar al turismo local. Sin embargo, este caso del palacio no es más que un ejemplo. En lo que llevamos de 2025, llamado «año Franco» por los planes del Gobierno de dedicar recursos públicos a reabrir permanentemente el debate sobre la dictadura, hemos observado todo tipo de maniobras de manipulación partidista de nuestra cultura e historia.

Desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, son ya 21 los lugares que han sido «resignificados» para convertirse o reformarse como «museos de la memoria». Está previsto que, entre este año y el próximo, esa cifra aumente hasta 40. En el catálogo de patrimonio escogido encontramos desde el famoso Valle de los Caídos hasta el Panteón de los Hombres Ilustres de Madrid. Este último recibió un cambio de nombre a «Panteón de España» por la supuesta necesidad de «inclusión» en los monumentos públicos obviando, de nuevo, la propia historia del lugar. Lo mismo ocurrió con la Casa de Correos, sede del Ayuntamiento de Madrid, señalada como un «monumento a la opresión franquista» pese a estar construida desde 1768.

Hace pocos días se reveló también el plan del Ministerio de Cultura para “descolonizar” los museos, en especial el Museo de América. Se enfoca en cómo supuestamente «la evangelización y las expediciones científicas españolas fueron formas de dominación». El objetivo final del museo, más que explicar la historia de España y su relación con América y sus pueblos, parece haberse convertido en un espacio desde el que criticar y atacar nuestra propia historia. Así, el museo deja de ser crítico, algo perfectamente viable, y se transforma en un instrumento ideológico, diseñado para difundir los planteamientos de la izquierda más «woke».

Nuestro patrimonio

Por supuesto, también aquí se ve afectado nuestro patrimonio. Más allá de su supuesta «resignificación», existe un riesgo real de pérdida u ocultación. Si bien el Gobierno todavía no ha planteado la devolución de piezas, no sorprendería a nadie. El Ministerio lleva meses pidiendo disculpas a distintos gobiernos latinoamericanos, no ya por las piezas, sino por la propia presencia española en esos lugares. No conviene olvidar que Urtasun ha afirmado que la tarea principal de nuestros museos tiene que ver con la responsabilidad respecto a realidades silenciadas, vulneradas o directamente ignoradas.

Esto mismo es especialmente relevante al hablar del Museo de Antropología Nacional. Sus nuevas exposiciones permanentes versarán sobre lo inmoral de haber obtenido ciertas piezas y pretenden informar «sobre los diversos colectivos y permitir que las comunidades compartan sus visiones sobre los retos actuales, como la emergencia climática o las desigualdades globales». Al final, este 2025 nos deja una imagen poco halagüeña de nuestro panorama cultural, al menos, desde un punto de vista institucional. Hemos asistido a una apropiación ideológica de nuestros museos y patrimonio histórico. Lo que debería ser cultura y memoria se ha convertido en propaganda política, donde la historia se interpreta según las modas y los intereses partidistas del momento.

Cada cambio de nombre, cada resignificación y cada museo «decolonial» busca imponer una visión parcial y única de nuestro pasado, olvidando décadas de historia y esfuerzos de preservación. La ciudadanía merece, al menos, tener la posibilidad de conocer la historia tal como ocurrió, sin filtros ideológicos. Es hora de detener esto y preservar nuestro legado cultural e histórico en su totalidad, respetando nuestra identidad, la verdad histórica y el valor de nuestro patrimonio.