Banquillo y condena por el fraude de taquillas del cine

Dos responsables de una productora irán a juicio mientras que la de Miguel Bardem ha llegado

a un acuerdo y ha consignado ya una cantidad.

Falsedad documental y fraude de subvenciones en grado de tentativa. Éstos son los delitos que la jueza de Madrid Almudena Álvarez Tejero aprecia que se han podido cometer, indiciariamente, por «inflar» el número de espectadores que acudieron a presenciar determinadas películas y que, con ello, las productoras intentan obtener las correspondientes subvenciones por parte del Ministerio de Justicia. En el juzgado del que es titular se instruyeron diligencias por esos hechos relativos a tres películas producidas por ABS Productions Barcelona, S.L. y Luna Exhibición, S. L.: «La zona muerta», «Pecador» y «La última mirada», todas ellas del año 2009. Antonio Solé Viñas, uno de los responsables de las productoras, declaró oficialmente al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), mediante modelos o formularios establecidos, que en el verano de 2010, entre los días 11 y 31 de agosto, las tres películas citadas se exhibieron en un total de 95 pueblos de varias provincias de Andalucía, Badajoz, Murcia y Asturias. Su hermano Jaume es el administrador de la mencionada productora y también está imputado en este procedimiento.

Sin embargo, lo llamativo es que, tal como pone de manifiesto la resolución judicial, los ayuntamientos señalados negaron que en esas fechas se hubiesen exhibido esas películas.

De esta forma, señala la magistrada, la mencionada empresa Luna Exhibición, S. L., a través de Antonio Solé Viñas, han falseado, presuntamente, los datos de «rendimiento de taquilla y asistencia de espectadores de las tres películas» citadas.

Estos datos facilitados de recaudación y espectadores fueron los posteriormente utilizados para reclamar las correspondientes ayudas «a la amortización» de películas que concede el Ministerio de Cultura a través del ICAA.

De haberse concedido las subvenciones correspondientes a las cifras facilitadas por los responsables de las distribuidoras, la cantidad habría ascendido a 2.206.453 euros, «cantidad que no fue entregada a la entidad ABS al ser suspendido el abono de las mismas» por la dirección general del ICAA, en septiembre de 2012. De hecho, se afirma al respecto en la resolución de la magistrada, la película «Pecador» iba a recibir 767.317 euros; «La última mirada», 813.401 euros, y «La zona muerta», otros 625.734 euros. Las tres solicitudes fueron formuladas por el representante legal de ABS, Jaume Solé Viñas, el 21 de enero de 2011, «cantidades todas ellas que se encuentran retenidas».

Por tanto, el «gran beneficiado de aumentar ficticiamente el número de espectadores y de recaudación es la productora ABS», por lo que puede deducirse, se afirma al respecto, que los dos denunciados «han intervenido, activamente y en connivencia, en la planificación y ejecución de la manipulación de datos con el fin de obtener mayor cantidad de subvenciones».

Por estos hechos, tanto Antonio como Jaume Solé serán juzgados por un delito de falsificación de documentos públicos en el Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid, aunque todavía no hay fecha ni se espera que sea a corto plazo.

Por otro lado, en el Juzgado de Instrucción número 40 también se investigó una situación similar respecto a la película «El rey de la montaña», realizada por la productora de Miguel Bardem. En esta causa se ha llegado a un acuerdo entre las partes, que, según fuentes jurídicas, se ha llegado a un acuerdo que se plasmará hoy mismo, e incluso, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, la productora mencionada ha consignado ya una cantidad de cara a las posibles responsabilidades civiles que se pudieran imponer.

El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid lleva igualmente unos hechos similares que afectan a la película «Los muertos no se tocan, nene», producida por Gona Centro de Producción.

En este procedimiento se encuentran imputados Juan Martínez, Marck Albela, José Gago, José R. Gago Perales y otros. La causa se encuentra en instrucción y todavía no se ha entrado en determinar por parte del magistrado si los hechos pueden ser constitutivos de delitos, y, en su caso, de cuáles. Hay un cuarto juzgado de Madrid que investiga también este tipo de hechos. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 23. En todos ellos, los hechos son similares: se «infló», presuntamente, el número de espectadores a películas para, de esa forma, obtener una mayor subvención pública por parte de Cultura.