El Ejército, de instrumento de la monarquía a sujeto político

Durante los siglos XVI y XVII, los ejércitos de la monarquía hispánica mantuvieron, pese a la sangría demográfica y la quiebra reiterada de la hacienda real, el Imperio español en Europa hasta su colapso durante el reinado de Carlos II. La victoria de Felipe V en la Guerra de Sucesión supuso un cambio de modelo al vincular al Ejército a la figura del monarca, pero las fallidas reformas y, de nuevo, la falta de recursos, provocarán su hundimiento al inicio de la Guerra de la Independencia. La resistencia popular a la invasión francesa, y la acción de las Juntas para levantar nuevas unidades, provocó la transformación del concepto de «ejército real» a «ejército nacional» al hacerse efectiva la idea de la nación en armas surgida durante la Revolución Francesa para hacer frente a los ejércitos de las monarquías europeas. Los artículos 356 y 359 de la Constitución de 1812 confirieron por primera vez al Ejército, de forma legal, la misión de «la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior», asignando a las Cortes el control organizativo del Ejército y la Armada, aunque el monarca mantenía, por el 171, la dirección suprema y la capacidad de nombrar a los generales.

Aunque al retornar de su dorado exilio francés Fernando VII intentará revertir la situación y, tras el Trienio liberal, convertirá a la Guardia Real en su ejército privado, la importancia asumida por los militares en la expulsión de los franceses había convertido al Ejército en un sujeto político casi independiente sin cuyo concurso era imposible el gobierno del Estado, además de convencer a su élites de que disponían del poder para imponer en cualquier momento su ideología e intereses, y condicionar la política influyendo o imponiéndose al poder civil. A diferencia de otros Estados europeos, el siglo XIX español tiene como característica transversal el intervencionismo militar. Su balance son cuatro guerras civiles (si contamos la Guerra de la Independencia por su componente social y la oposición de las ideas ilustradas y liberales v frente al absolutismo borbónico); más de treinta asonadas militares de diversa ideología fracasadas o exitosas; un golpe de Estado militar caracterizado como la Revolución Gloriosa para deponer a la monarquía en 1868, y un pronunciamiento para reponerla seis años más tarde, además de las actuaciones contra el legislativo y el ejecutivo durante la Primera República; sucesivas guerras contra los movimientos independentistas en Cuba saldadas en una sucesión de pérdidas de hombres y recursos sin alcanzar soluciones estables, e incluso una guerra improvisada de dos meses, la Guerra de África de 1859-1860, que no comportó más beneficios, pasada la efervescencia patriótica, que la reafirmación en el poder de O’Donnell y una pléyade de ascensos y títulos nobiliarios para la cúpula militar al coste de más de 4.000 muertos.

Además, tras la aprobación del Estatuto Real en 1834, el cargo de presidente del Consejo de Ministros fue ocupado, hasta el final del siglo y con el apoyo de los partidos políticos, mayoritariamente por militares, desde el citado O’Donnell a Espartero, Narváez, Serrano, Topete o Prim, entre otros, que marcarán el desarrollo de las políticas sociales y económicas aplicando el principio de que sólo el pensamiento militar, y sus conceptos de patria, nación y honor, podían encauzar la vida pública de España.

La actuación de las sucesivas cúpulas militares desarrollará un corporativismo basado en una estructura desproporcionada del Ejército con el fin de asegurar el número suficiente de plazas para situar a la macrocefalia de mandos resultado de las sucesivas orgánicas, imponiendo para ello un sistema de conscripción no igualitario que truncaba por períodos de hasta ocho años las expectativas vitales de los llamados a filas, o provocaba el empobrecimiento de las familias para reunir las cantidades necesarias para sufragar la exención el servicio de armas; reclamando para gastos militares una parte cada vez mayor de los presupuestos del Estado que alcanzará el 42% del disponible tras el abono de la deuda pública; y la exigencia a la clase política del reconocimiento del papel estructural y del prestigio del Ejército frente a la creciente oposición social. Problemas que se agravarán tras el desastre de 1898, y eclosionarán a principios del siglo XX.