La Audiencia reclama a Hacienda las memorias de la Fundación Leo Messi

La juez Tardón pide también al Patronato Catalán de Fundaciones que le informe si ha sancionado a la institución para intentar esclarecer la investigación por delito fiscal

La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha dado un impulso a la investigación por supuestas irregularidades fiscales a la Fundación Leo Messi al reclamar a la Agencia Tributaria las memorias económicas aportadas por la institución entre 2007 y 2015. La magistrada indaga en la denuncia de un presunto desvío de fondos efectuada por un ex empleado de la fundación, Federico Rettori, que mantiene que la familia de la estrella del Barça utilizó la misma más "como un mecanismo para evitar el pago de impuestos» que para los fines sociales que le son propios.

En una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 del citado tribunal solicita esa documentación -como le habían solicitado tanto la Fiscalía como la representación letrada de la propia fundación- amparándose en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, que obliga a estas instituciones a facilitar a Hacienda testimonio de sus memorias económicas.

Además, la instructora del procedimiento pide a la Agencia Tributaria que le informe si ha llevado a cabo “auditorías o incoado procedimiento sancionador a la Fundación Leo Messi” en los años referidos “y en su caso el resultado de las mismas”. Para Tardón estas diligencias son “necesarias” en tanto en cuanto esa información “pudiera contribuir al mayor esclarecimiento de los hechos objetos de investigación”.

Pero no es la única documentación que requiere a Hacienda en relación a este asunto, pues en ese auto del pasado día 2 también reclama a la Delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña una copia de la denuncia interpuesta en su día por Rettori contra la fundación y que le aclare si la misma “motivó la incoación de expediente de cualquier tipo”, en cuyo caso le insta a remitirlo íntegro al juzgado.

Asimismo, también solicita numerosa documentación al Protectorado Catalán de Fundaciones, encargado de verificar la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública, a quien pide la inscripción de la Fundación Leo Messi en el registro de Fundaciones, su carta fundacional y estatutos, y las auditorías realizadas si las hubiera. Del mismo modo, le insta a precisar si “conforme a su potestad sancionadora” ha incoado algún procedimiento a esta asociación entre 2007 y 2019.

Según fuentes jurídicas, a día de hoy la documentación solicitada no ha sido aún entregada a la magistrada por la Agencia Tributaria y el Patronato Catalán de Fundaciones. Como tampoco la información que la juez requirió a Rettori sobre la denuncia en Argentina contra la Fundación Leo Messi y los convenios bajo sospecha.

Rettori declaró ante la magistrada el pasado 8 de septiembre y se quejó tras su comparecencia de que la instructora no le había permitido aportar a la causa determinada documentación que considera esencial sobre el supuesto desvío de fondos. En su denuncia inicial, Rettori asegura que aunque la fundación se constituyó en 2007, no se inscribió en el registro de fundaciones hasta seis años después y durante los primeros cinco años no habría invertido sus ingresos «en el porcentaje exigido legalmente en fines de interés general». Asimismo, mantiene que los gestores de la misma no declararon a Hacienda «los ingresos multimillonarios obtenidos por los convenios» firmados con empresas tanto españolas como argentinas, unas cantidades que, según él, no figuran en las memorias y balances presentados al Protectorado Catalán de Fundaciones, una documentación que ahora reclama la juez Tardón.

Tras la declaración de Rettori, la defensa de la Fundación Leo Messi remitió a la juez un escrito calificando de “basura procesal” la documentación aportada por el denunciante al juzgado en un pendrive, que tachaba de “amasijo documental” que incluía, según aseguraba, “correos electrónicos manipulados”. Para la representación letrada de la institución -que atribuye la denuncia a una supuesta “animadversión personal” tras cesar en 2015 la financiación de la fundación a proyectos de su ONG- los hechos denunciados en Argentina, que mantienen un procedimiento judicial abierto, “son prácticamente idénticos a los que han sido denunciados aquí y que, por tanto, se encuentran debidamente judicializados y están siendo objeto de investigación”.