El Gobierno prevé un desplome del PIB del 9,2% y un paro del 19%

El Gobierno prevé un desplome del PIB del 9,2% este año, una tasa de paro que se elevará al 19% -crecerá un 5,7% al año siguiente- y una deuda del 115,5%, cifras que serán transitorias y tendrán una recuperación rápida1, con un repunte del PIB del 6,8% y un descenso de la tasa de paro al 17,2%. La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que fue la encargada de presentar el nuevo cuadro macro y el Plan de Estabilidad presupuestaria de 2020 que han entregado en la Comisión Europea, destacó que la recuperación será en forma de 'V' asimétrica, con un descenso muy pronunciado y una recuperación más gradual. también defendió que las previsiones presentadas están “avaladas” por la AIReF y han tenido en cuenta la “brusca contracción” del PIB mundial y el de la zona euro, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para Calviño se trata de unas estimaciones “prudentes”, en un contexto “muy complejo”, donde el Gobierno espera una caída “muy intensa” del PIB a corto plazo y con una pendiente “muy negativa y muy pronunciada”, con el mayor impacto en el segundo trimestre y una recuperación posterior. Pero abrió una puerta de esperanza porque todo apunta a que la recuperación verá un “fuerte crecimiento” en 2021, con una aumento de la actividad del 6,8%. “Será más gradual y con una pendiente más suave”, con una “paulatina recuperación” en la segunda parte del año”, reconoció.

El Gobierno también estima que el déficit público y alcance el 10,34% del PIB este año -frente al 2,82% de 2019-, hasta los 115.671 millones de euros, a apenas tres décimas del déficit registrado en 2012, el mayor hasta la fecha, cuando alcanzó el 10,7%, y que la caída de ingresos de las arcas públicas se sitúe en los 25.700 millones respecto al año pasado -hasta el 41,2% del PIB, 2,1 puntos más-, con un aumento del gasto público de 10 puntos porcentuales de PIB, hasta el 51,5% -o lo que es lo mismo, 576.714 millones de euros-. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado ese incremento “importante, temporal y necesario” del gasto por el impacto de la pandemia, que ha modificado “totalmente” el escenario previsto y ha llevado al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias “para reforzar el sistema sanitario, proteger a las familias y dotar de liquidez a las empresas y autónomos”.

Estas estimaciones dejan absolutamente desfasados los objetivos de estabilidad que habían quedado aprobados por Congreso y Senado y que fijaban unos objetivos de déficit del 1,8% para 2020, 1,5% en 2021, 1,2% para 2022 y 0,9% en 2023. En lo que respecta a la deuda, los objetivos marcados fueron del 94,6% sobre PIB para 2020, 93,4% en 2021, 91,7% en 2022 y 89,8% en 2023. El 115,5% anunciado para este año descabalga cualquier previsión previa.

El nuevo cuadro macroeconómico contempla un descenso generalizado de todos los indicadores sin excepción. El consumo privado caerá un 8,8% este año; la inversión se desplomará un 25,5%; y tanto las exportaciones como las importaciones retrocederán en 2020, con una caída del 27,1% y del 31%, respectivamente. Esto provocará que el PIB nominal caiga un 10,1% este año, aunque se prevé que avance un 8,7% el próximo año.

Por ora parte, el Ejecutivo cifra en 138.923 millones de euros -derivado de los 104.400 millones de las medidas de liquidez, los 28.403 millones de las medidas de gasto y 6.120 millones por minoración de ingresos- el impacto financiero directo de las medidas económicas puestas en marcha para paliar los efectos de las crisis sanitaria en el tejido productivo y en los trabajadores. Montero desglosó parte de estas iniciativas. En concreto, el coste global de las principales medidas de gasto sumaron 28.403 millones -1.400 millones de un crédito extraordinario para el Ministerio de Sanidad, 2.867 millones para actualizar las entregas a cuenta de las comunidades, 17.894 millones de gastos relacionados con ERTE o 1.355 millones por bajas laborales de aislamiento consideradas accidentes laborales. Además, ha cifrado en 17.894 millones la aportación para hacer frente a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y en 104.400 millones la aportación a las medidas de liquidez -incluida la línea de 100.000 millones del ICO para pymes y autónomos-.