Un rebrote del virus nos costará 48.000 millones

España se juega 48.000 millones de euros si fracasan las medidas de distanciamiento y contención del Covid-19 previstas en el plan de desescalada hacia la nueva normalidad. Así lo contempla el la Estrategia para la Recuperación de la Crisis diseñada por la patronal CEOE, en la que se estima, en el escenario central, una caída del 8% del PIB sin más rebrotes este año y del 12% si se produce otro confinamiento como consecuencia de un nuevo pico en otoño. Pero el desplome podría irse hasta el 15,5% del PIB en el escenario más adverso.

Para evitarlo, los empresarios proponen un plan de control y rastreo de los contagios al estilo surcoreano, con un despliegue que díficilmente podrá afrontar el Estado, asfixiado por el gasto social, y que deberá depender en buena medida de la entente público-privada. La CEOE demanda incrementar la capacidad de diagnóstico mediante test y la trazabilidad de los contagiados. Para ello, se debe autorizar a las empresas privadas para que puedan hacer test a su personal según sus necesidades. Los empresarios solicitan una coordinación efectiva de la adquisición de test y su utilización entre los distintos actores (públicos (Estado y CC AA) y privados), de manera que se priorice: la ejecución periódica de estudios territorialmente representativos para comprobar la prevalencia del virus entre cada población, de modo que puedan detectarse brotes de manera fiable; la medición sistemática de personas y sectores particularmente expuestos.

Además, los empresarios apuestan por un sistema de rastreo similar al utilizado en Corea de Sur, uno de los países que mejor está controlando la evolución de la epidemia, generalizando los test serológicos con registro y seguimiento de estatus de infección, trazabilidad del entorno de ciudadanos contagiados, geolocalización con datos anonimizados, puestos de control móviles en las ciudades para verificar contagios.

Por último, la estrategia presentada hoy por el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, que ha contado con la colaboración de la escuela de negocios Esade y de la consultora Deloitte, exige definir un plan para las restricciones a la movilidad, ante la probabilidad de nuevos crecimientos en la curva de contagios, delimitado, flexible y estructurado por etapas que cuente, sobre todo, con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los empresarios.