La vivienda protegida, en peligro de extinción

Acceder a una vivienda ya sea en propiedad o en alquiler es una auténtica quimera para miles de familias españolas. Tradicionalmente, uno de los medios para facilitar el acceso a una vivienda digna a los más vulnerables era la vivienda protegida. Lo era porque la realidad es que, en este momento, la construcción de este tipo de inmuebles es ínfima. El pasado ejercicio, apenas se finalizaron 6.615 viviendas de esta tipología, un 90% menos que las que se construyeron en 2008, al inicio de la Gran Recesión, cuando se entregaron 68.587 unidades, según datos de la tasadora Cohispania elaborados a partir de registros oficiales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tras los datos récord que marcó el sector en 2008, en 2013, cuando los efectos de la crisis todavía eran muy evidentes, la entrega de viviendas se desplomó, hasta llegar a las 4.938 en 2017, la cifra más baja desde el comienzo de la serie, que se remonta a 1991. Tras este periodo de caídas, la cifra volvió a aumentar en 2018, situándose en 5.167 unidades; y el año pasado escaló hasta las 6.615 viviendas, muy lejos de las 68.587 de 2008.

Causas del derrumbe

Aunque la construcción de este tipo de viviendas tocó fondo en 2013, su declive, según Cohispania, comenzó en 2011. Ese año, se eliminaron las ayudas que se concedían a los promotores para compensar el precio limitado al que pueden vender estos inmuebles, pues la mayor parte de la vivienda protegida que se construye en España es a régimen de venta. Esta circunstancia, sumada a la importante caída en el precio de la vivienda libre durante los últimos años, ha hecho que al consumidor le resulte igual de caro o barato adquirir una vivienda libre que una vivienda de protección oficial sin tener además que atender a condicionantes como precios máximos de venta. Además, añade la tasadora, el encarecimiento del precio del suelo en los últimos años ha provocado que a los promotores no les resulte rentable hacer una inversión en vivienda protegida.

Para empezar a revertir esta falta de vivienda protegida, el Gobierno ha lanzado el Plan 20.000, que prevé la construcción de otras tantas viviendas para alquiler social. El plan está dirigido a aquellas zonas del país con un mercado residencial especialmente tensionado en materia del alquiler, como Madrid, Barcelona y Valencia y sus respectivas áreas metropolitanas, así como Sevilla, Málaga, los dos archipiélagos y las dos ciudades autónomas. Por el momento, y aunque Ábalos anunció el proyecto hace ya más de dos años, sólo se ha anunciado la construcción de 400 de ellas en Valencia. Las viviendas serán levantadas por empresas privadas a las que el Estado cederá el suelo a coste cero para que construyan y gestionan los alquileres a precios asequibles durante 75 años. Transcurrido ese tiempo, los pisos volverán a engrosar el parque público.