Trabajo se niega a congelar el salario mínimo en 2021 aunque no haya acuerdo con los empresarios

El encuentro que mantuvieron hoy en el Ministerio de Trabajo el secretario de Estado de Empleo con los agentes sociales para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021 concluyó en tablas. Por eso, el próximo lunes, en vísperas de las fiestas navideñas, se volverán a reunir para sondear las posibilidades de desatascar las negociación sobre la subida del salario mínimo interprofesional y alcanzar un acuerdo con los agentes sociales, que, en principio, no es vinculante, pero con el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que duda cabe, se encontraría más cómoda a la hora de forzar la votación en el Consejo de Ministros. Sea como fuere, el Ministerio de Trabajo no transigirá en su firme decisión de “cumplir y hacer cumplir” el Estatuto de los Trabajadores y subir el SMI. De ahí que descarte una congelación del salario mínimo, como reclama la patronal. Pese a ello, prefiere elevar al Consejo de Ministros un acuerdo con los agentes sociales.

Sin embargo, este entendimiento se antoja, cada día más, difícil. Por un lado, los sindicatos defiende a capa y espada un alza del SMI de un 5,3%. lo que lo situaría en 1.000 euros, frente a los 950 actuales. Sin embargo, la CEOE ha pegado en la reunión un portazo a esta posibilidad y se mantiene en su posición de congelar las nóminas de los trabajadores perceptores del SMI, después de que hayan visto crecer su salario en los últimos dos años el 30%.

Mientras, el Ministerio de Trabajo baraja una subida que recoge la previsión de alza de la inflación en 2021, así como la estimación de crecimiento de la productividad. Esa suma da como un resultado una horquilla de entre el 2,2% y el 3,1%. Fuentes sindicales confirman a LA RAZÓN que la propuesta de Trabajo podría ser asumible, al situar al SMI en 980 euros, tan sólo a 20 de la demanda sindical. Sea como fuera, lo que parece claro es que la facción del Gobierno partidaria de subir el salario mínimo interprofesional se ha impuesto en los últimos días y, por tanto, el Gabinete de Sánchez se prepara para aprobar un alza del SM.

En este escenario, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevará en breve su propuesta de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) al Consejo de Ministros, pese al rechazo de la patronal y a la división que esta cuestión genera en el equipo económico del Gobierno. Es más, espera que se apruebe en la reunión que mantendrá el Gabinete de Sánchez el próximo martes 22 de diciembre o, a lo más tardar, en la del día 29 de este mismo mes, según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales.

En estos momentos, los empresarios y los sindicatos sostienen posturas tan encontradas, que a día de hoy hacen imposibles cualquier tipo de pacto. Por un lado, las centrales sindicales apuestan por una subida para el año que viene del SMI del 5,3%, lo que lo situaría en 1.000 euros, frente a los 950 actuales. Por otro, la CEOE se opone con contundencia a este alza por el coste en términos de perdida de empleos que podía pasar en un momento en el que España atraviesa por una recesión cuyos efectos aún son difíciles de predecir.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha instado este martes a la “prudencia” ante la posible subida, que deberá tener “muy presentes las circunstancias” económicas actuales. Preguntada sobre esa posible subida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el mismo día que el Ministerio de Trabajo se ha reunido este martes con los agentes sociales para abordar esta cuestión, Montero ha hecho un “llamamiento a la prudencia” para adoptar decisiones económicas.

Ha señalado que es necesario tener en cuenta informes e indicadores “que permitan tomar la mejor decisión posible para seguir impulsando el crecimiento económico” y sin que esto suponga un aumento del paro, que es “la preocupación más importante del Gobierno”.

En cualquier caso, la portavoz ha señalado que esta medida se estudiará en el diálogo social porque “tenemos que escuchar al conjunto de sindicatos y empresarios” y “después de las reuniones tendremos elementos y mayores criterios” sobre el tema.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno está comprometido con la mejora de las condiciones laborales, como muestra que el salario mínimo haya subido un 29 % en dos años “fruto del diálogo social y con el compromiso de los diferentes agentes laborales”.

Diferencias en el Gobierno

Pero la subida del SMI para 2021 no sólo separa a sindicatos y a empresarios, sino que también enfrenta a lo dos partidos que gobiernan en coalición. La fecha y la cuantía de este aumento se han convertido en el caballo de batalla que separa y enfrenta al equipo económico de Sánchez. Una parte del mismo, liderada por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, se opone a la subida del 5,3% reclamada por las centrales sindicales. Esta facción considera más adecuado retrasar el alza del salario mínimo hasta que se supere la pandemia. En ese sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado en el Senado que una nueva subida debe ir acompasada a la situación económica y ha recordado que «estamos en mitad de una pandemia sanitaria». Pero en el caso de que no se pueda posponer a tiempos mejores, defiende un aumento del mismo del 0,9%, estimación de crecimiento de los precios para el próximo ejercicio. De esta manera, «los trabajadores más vulnerables a esta crisis por ser los que menos cobran no sufrirían una merma de poder adquisitivo». No obstante, Economía esperará a que se pronuncien los agentes sociales, algo que ocurrirá este martes, y «después se tomará una decisión».

«La prioridad es impulsar la recuperación y la creación de empleo», advierten fuentes del Departamento de Calviño. De ahí que se muestre proclive a aumentar el SMI sólo la inflación prevista para evitar un coste en términos de destrucción de empleo, especialmente, entre las pymes, «bastante asfixiadas ya por la crisis», alertan otras fuentes gubernamentales consultadas por este diario. En cualquier caso, Economía recuerda que el Ejecutivo mantiene el compromiso de situar el salario mínimo en los 1.100 euros al final de legislatura, cifra equivalente al 60% del salario medio actual.

40 euros de diferencia

Por eso Calviño prefiere, en sintonía con el ministro de Seguridad Social, posponer el grueso del aumento del salario mínimo comprometido a los ejercicios 2022 y 2023, años en los que prevé que la economía española haya remontado de nuevo el vuelo. El alza defendida por esta facción del equipo económico del Gobierno se traduciría en un SMI de 958,55 euros al mes por catorce pagas, casi 40 euros de diferencia con la propuesta planteada por los sindicatos. Demanda sindical que Unidas Podemos no ve con malos ojos, frente a la de Calviño de subir, como mucho, el 0,9% de inflación prevista en 2021, a imagen y semejanza del alza que experimentarán las nóminas de pensionistas y funcionarios.

Aunque la ministra de Trabajo se niega a hablar públicamente de un porcentaje de aumento del salario mínimo para no empañar las negociaciones con los agentes sociales, Díaz trabaja con una horquilla que oscila entre el 2,4% y el 3,1%, resultado de sumar la inflación prevista del 0,9% a la estimación de crecimiento de la productividad para el año que viene, que oscila entre el 1,5% y el 2,2%. Si Díaz consigue imponer su criterio al resto del Gabinete de Sánchez, los trabajadores que cobran el salario mínimo pasarán a percibir a partir de enero de entre 972,8 a 979,45 euros. Los podemitas defienden redondear la cifra y situarla en 980 euros, 20 menos de la reivindicada por las centrales sindicales. Con este aumento de Díaz, el Gobierno cumpliría con la letra y el espíritu del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Su redacción establece la fijación de la cuantía del SMI teniendo en cuenta, entre otros parámetros, la inflación y el incremento de la productividad. No obstante, la formación liderada por Pablo Iglesias, en esta materia, se alinea con la petición sindical de fijar el salario mínimo en 1.000 euros. Mientras, los empresarios la rechazan. En ese sentido, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, no ve oportuno este debate y considera que la Administración debería centrarse primero en otorgar ayudas para reanimar a las empresas más afectadas. «Hay empresas que están en una situación agónica y precisan ayuda hoy mismo».

Fuentes de los empresarios no descartan intentar negociar un retraso de esta decisión hasta que se produzca la vacunación masiva de la población y la economía retome su pulso. «Eso habría que hablarlo», aseguran fuentes sindicales a este periódico. Con esta escueta respuesta ni cierran ni abren la puerta a esta posibilidad. Pese al enfrentamiento entre sindicatos y patronal y en el seno del Gobierno, fuentes monclovitas consideran «claro que habrá aumento del salario mínimo, otra cosa diferente es cuánto subirá». Estas mismas fuentes aseguran que el presidente del Gobierno es el primer defensor de este incremento. De hecho, Pedro Sánchez ha descendido este lunes a la arena del debate para defender el incremento del salario mínimo como una de las acciones que pueden poner en marcha los Estados para combatir las desigualdades existentes, acrecentadas por la pandemia. Así lo ha admitido en la inauguración de la jornada por el 60 aniversario de la OCDE. «Los trabajadores peor pagados y los jóvenes son los que se ven más afectados por las desiguales. Es hora de que nadie se quede atrás», ha avisado.