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El Gobierno castiga a ATA, la mayor organización de autónomos y más crítica: le recorta un 80% la subvención

Yolanda Díaz reduce la ayuda a la asociación en favor de Uatae, afín a Podemos. UPTA también sufre un recorte de su asignación pública

Lorenzo Amor, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Lorenzo Amor, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez©Gonzalo Pérez MataLa Razón.

Con estupor. Así ha recibido la asociación mayoritaria de autónomos, ATA, la adjudicación por parte del Ministerio de Trabajo de las subvenciones que se otorgan anualmente para programas de fomento del trabajo por cuenta propia y para el propio funcionamiento de las entidades. En concreto, la Dirección General del Trabajo Autónomo que dirige Maravillas Espín -que depende directamente de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz-, ha decidido rebajar este año casi un 80% la asignación subvencionada de ATA para fomento del trabajo con respecto a la que le fue concedida en 2019 por la entonces ministra del ramo Magdalena Valerio. Una decisión “inexplicable”, denuncian desde ATA, que precisamente durante el año 2020 ha disparado exponencialmente las ayudas y la protección a este colectivo con motivo de la pandemia. En el caso de la subvención para gastos operativos la reducción ha sido del 16%.

“No hay ningún motivo objetivo para que nos hayan reducido la subvención una quinta parte”, ha criticado duramente esta decisión el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Según los propios criterios ministeriales, la concesión de estas ayudas deben otorgarse en base a motivos objetivos centrados en la implantación en cada provincia, el número de atenciones practicadas y el número de sedes abiertas. Si esto fuera así, ATA debería seguir siendo la asociación que mayores fondos debería recibir y, sin embargo, su asignación para fomento y formación se ha visto reducida sin razón aparente un 78%, pasando de los 280.937 euros que obtuvo en 2019 a solo 62.488, muy por debajo a las cantidades recibidas durante lo últimos nueve años con prácticamente los mismos beneficiarios.

Según ha podido saber LA RAZÓN, estas normas de objetividad han cambiado, ya que la concesión de estas ayudas han sido adscritas a un supuesto comité de expertos que han aplicado sus propios criterios, aunque no han especificado cuáles son las razones que les han llevado a reducir a una quinta parte los fondos de ATA. Todo apunta a motivos puramente ideológicos al estar ATA integrada en la patronal CEOE.

La situación es incluso más sangrante en las ayudas para los planes de tutoración para autónomos, cuyo montante se ha reducido en 90.000 euros, pasando de 112.969,50 euros para apoyar a 8.004 autónomos a 22.490 euros para prácticamente los mismos beneficiarios, 8.000. Si la comparación se realiza respecto a las otras dos organizaciones del sector, UPTA y Uatae -ésta última vinculada a Podemos-, la situación se vuelve aún más gravosa para ATA, ya que estas dos organizaciones han recibido 225.166 euros y 205.062 euros respectivamente, con la mitad de representación que tiene la organización que preside Amor. Un 72% más. Hay que recordar que estas partidas se autorizaron a cargo a los anteriores Presupuestos Generales del Estado, los de Cristóbal Montoro.

“En un año en el que nuestra línea gratuita 900 de ayuda y asesoramiento ha sido utilizada por más de 100.000 trabajadores, no entendemos que nos concedan solo esos 22.490 euros, que ni siquiera nos sirve para pagar la factura telefónica, que solo en los dos primeros meses del confinamiento ya superó esa cantidad, por lo que la factura hasta final del año la hemos asumido nosotros”, defiende Amor.

Estas cantidades corresponden solo a las partidas destinadas a formación y fomento del empleo, porque las que van dirigidas específicamente a la propia asociación para cuestiones como gastos operativos, administrativos y de funcionamiento también han sufrido una merma para ATA. En este caso un 16% respecto a 2019, quedando rebajada a 156.521 euros. En teoría, los criterios siguen siendo los mismos que en las anteriores partidas, por lo que ATA, si no ha sufrido merma sobre su implantación, sus programas y su plantilla debería haber tenido al menos la misma subvención, aunque apenas aliviaría parte de su presupuesto anual, cercano a los siete millones de euros, sufragados en su mayor parte por las cuotas de sus asociados.

En este caso, UPTA, presidida por Eduardo Abad, también ha salido claramente perjudicada en detrimento de Uatae, la asociación, vinculada a Podemos, que ha visto crecer su asignación hasta los 124.481 euros, pese a que su implantación está por detrás de UPTA y a años luz de ATA. En el caso de la organización de Abad, la segunda en el ranking, apenas ha recibido 78.000 euros. La única razón plausible para esta decisión tendría que ver con la proximidad de Uatae a la formación de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz.

Fuentes ministeriales mantienen que los criterios sobre los que se han concedido estas ayudas no han cambiado, y siguen basándose en “motivos objetivos”. Eso sí, han reconocido que el equipo de funcionarios que evalúa cada subvención para cada programa y cada plan presentado “sí que aplica criterios subjetivos”, una ventana abierta para la asignación directa -y subjetiva- de subvenciones. Y es en estos criterios subjetivos donde pueden entrar los “criterios ideológicos”, critican fuentes de las organizaciones de autónomos, que censuran también que el Ministerio de Trabajo haya decidido por primera vez incluir en las subvenciones a Fenadismer, una organización sectorial -que representa a un solo colectivo, en este caso de transporte terrestre- junto a las intersectoriales -la que lo hacen por todos los sectores-. Otro cambio más del criterio que había prevalecido hasta ahora, en el que nunca mezclaban a unas con otras. Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, la concesión de 10.000 euros a esta organización de transportistas solo tiene que ver con su vinculación a Uatae y a Podemos.

ATA va a solicitar a las instancias públicas la revisión de todo el expediente administrativo que ha rebajado sin motivo aparente su asignación pública. Incluso, si una vez que se haya estudiado se hubieran detectado irregularidades, no descarta recurrir tanto a la vía administrativa como a la judicial.