Yo también quiero un sobre naranja

José Luis Escrivá (Albacete, 1960), ministro de Seguridad Social, tiene por delante la tarea de resolver el «sudoku», como diría Pedro Solbes, de las pensiones y nadie le garantiza el éxito. Joaquín Almunia, ministro de Trabajo en 1982 en el primer Gobierno de Felipe González, decía –y tenía razón– que los gobiernos siempre pagan las pensiones. El problema no es ese, sino si la cuantía de esas pensiones es suficiente y la que esperan los jubilados, tras una vida de cotización. Almunia, por cierto, fue el impulsor de la primera reforma –importante, pero suave– de las pensiones, que le costó a Felipe González la primera huelga general, convocada por el sindicato CC.OO., que dirigía Marcelino Camacho, el 20 de junio de 1985. La protesta, poco seguida, arremetía contra el aumento de 2 a 8 años del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, y de 10 a 15 el número mínimo de años para acceder a la prestación máxima.

Todos los gobiernos, desde los tiempos de Felipe González, han barajado una reforma profunda y definitiva del sistema de pensiones y todos han fracasado. El Pacto de Toledo, en 1995, fue un parche que apartó el asunto del debate político, pero dejó casi todo pendiente y solucionó poco. La reforma de Rajoy y Fátima Báñez, al margen de su validez, nació muerta por impopular y porque nadie más la apoyaba. El mismo Rajoy tuvo que desdecirse en parte, ante la presión del PNV, para seguir en la Moncloa. Pedro Sánchez, sin contemplaciones, la envió al desván del olvido. Ahora, en plena crisis derivada de la pandemia, el sistema roza el colapso. Requiere una reforma profunda, pero hasta que llegue, si llega, precisa ajustes que la parte del Gobierno que lidera Pablo Iglesias rechaza frontalmente, mientras que la Unión Europea, de la que dependen los 140.000 millones en ayudas, la reclama y nadie parece contar con la oposición de Pablo Casado.

El problema de las pensiones, no obstante, puede ser soluble. María de Carmen Boado-Penas, de la Universidad de Liverpool, acaba de publicar en FEDEA un breve –y técnico–estudio sobre las reformas de los sistemas de pensiones, centrado en «La experiencia sueca». Suecia, un país con problemas en sus finanzas públicas a finales de los años 80 del siglo XX, decidió –con el poco frecuente pero eficaz acuerdo de los grandes partidos, socialdemócrata y centroderecha–, «crear un sistema de pensiones financieramente estable en el largo plazo bajo la premisa de un incremento del montante de la pensión en función del aumento de los años cotizados». Los trabajos comenzaron en 1991 y en 2003 se hicieron los primeros pagos de pensiones con el nuevo sistema.

Fue una reforma profunda, que mantiene la naturaleza pública de las pensiones, que es financieramente sostenible, transparente y que garantiza la equidad generacional. La fórmula consiste en la creación –virtual– de una cuenta en la que se acumulan las cotizaciones aportadas por trabajadores y empresas y los intereses devengados hasta la jubilación, cuando las cantidades acumuladas determinan la pensión. Combina una financiación de reparto con una fórmula para el cálculo de la pensión que depende de las cotizaciones individuales, de sus rendimientos y de la esperanza de vida del trabajador cuando se retira. Además, incluye el llamado «sobre naranja», un sobre de ese color que la agencia sueca de pensiones envía todos los años a los trabajadores en donde informa del dinero que tienen acumulado para la pensión y una simulación de lo que percibirían para que puedan organizar su futuro. El sistema, además, prevé pensiones mínimas no contributivas de hasta ¡796 euros! para un pensionista con cónyuge sin otros ingresos públicos.

La reforma, que se consideró «radical», se aplica con éxito y aceptación desde su entrada en vigor y una de corte similar se implantó años después en Italia. Otros países como Francia, Grecia, Hungría, Rumanía y la fallida de España optaron por los llamados «ajustes paramétricos», es decir, retrasos en la edad de jubilación y exigencia de más años cotizados. El ministro Escrivá apunta por la misma vía y Sánchez solo quiere impulsarla por la presión de Bruselas, pero nadie parece pensar, como en Suecia, en que el único acuerdo viable para alumbrar semejante empeño es entre PSOE y PP. Yo también quiero mi sobre naranja.

Recuperación más tardía y coincidencia electoral

El presidente Pedro Sánchez ya ha asumido que en 2021 no se cumplirán las previsiones de crecimiento económico del Gobierno, estimadas en un principio en el 9,8% del PIB. El BBVA, por ejemplo, acaba de rebajarlas hasta el 5,5%, al mismo tiempo que prevé más crecimiento, un 7%, en el año 2022. Es a lo que se agarra Sánchez, que espera el mayor crecimiento posible lo más cerca de las próximas elecciones generales, ya sean en 2022 ó 2023.

Recelo de la banca ante una hipotética competencia del Banco Central Europeo

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) ha confirmado que la institución estudia el futuro lanzamiento del euro digital, algo que podría llegar en el plazo de cinco años. El proyecto, que no es una novedad y no puede sorprender a nadie, levanta recelos en el sector bancario europeo. El euro digital no reemplazará al dinero físico, pero los bancos temen que las garantías de seguridad que sin duda ofrece el BCE podrían hacer que muchos ahorradores traspasaran depósitos a cuentas –si es que llegan a permitirse para particulares– a la entidad que preside Lagarde. Ese es uno de los grandes asuntos que están sobre la mesa y que provocará polémica. Históricamente, ya hubo cuentas de particulares en los bancos centrales, pero hace tiempo que eso dejó de ser posible en todas partes.