Trabajo contrató para el SEPE personal no especializado con el único requisito de ser administrativo

El impacto de la tercera ola ha vuelto a sacar a la luz los problemas de gestión que sigue sufriendo el Servicio de Empleo Público (SEPE), que ya está cercano al bloqueo institucional. La falta de recursos, la insuficiencia de plantilla y el recrudecimiento del trabajo por la entrada de solicitudes y de prestaciones, que se han multiplicado tras la Navidad, han vuelto a poner a este servicio contra la pared.

Esta misma semana, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocía ante los representantes sindicales de la Inspección de Trabajo la falta de recursos humanos y materiales para realizar con garantías su trabajo y les anunció que les presentará en 15 días un plan estratégico que palíe y corrija estas deficiencias en el organismo autónomo. Fuentes sindicales del SEPE reclaman un plan estratégico similar para ellos, porque “sufrimos una situación límite que necesita una solución definitiva y no parches como se está haciendo hasta ahora”. De momento no habrá plan, e incluso desde el Ministerio se defiende que con la incorporación de los 1.500 interinos la situación se ha normalizado, algo que niegan rotundamente en el SEPE. El colapso existe y “va ir a más”, advierten desde el sindicato CSIF, ya que la carga de trabajo que siguen asumiendo está ya un 300% por encima de la demanda habitual, “y aumentando”.

Pero estos 1.500 trabajadores de apoyo tienen fecha de caducidad. Se la puso la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), formada por las direcciones generales de Hacienda y de Función Pública, en el 31 de marzo, ya que solo se ha autorizado su renovación hasta esa fecha, a pesar de que la propia dirección del SEPE solicitó que se prorrogaran hasta diciembre para dar seguridad tanto a la plantilla como al propio servicio. Pero esta comisión lo denegó aduciendo la “racionalización del gasto” y por “el ajuste fiscal”. Sin embargo, la problemática con la incorporación de este personal no queda ahí. La mayoría de estos trabajadores que se incorporaron al servicio de empleo apenas tenía cualificación para desarrollar este trabajo, y su experiencia se limitaba a gestiones administrativas en empresas privadas, como comercios -fruterías, tiendas de ropa, carnicerías, entre otro tipo de pymes- o pequeños negocios. “El único requisito que se ha exigido a las personas que se incorporaron ha sido el de haber sido administrativo o tener este tipo de estudios. Nada más, y el trabajo en el SEPE es tremendamente especializado”, critican desde el sindicato.

Estos trabajadores fueron enviados directamente desde la bolsa de trabajo de las listas de desempleo. Según confirmaron a LA RAZÓN fuentes ministeriales, estos interinos que se incorporaron al SEPE “forman parte de la bolsa disponible, con una vigencia de tres años y que fue convocada el 11 de mayo de 2018 por Función Pública. Esta resolución marcó los criterios generales de cualificación para este personal”. Desde Trabajo se defiende que estos 1.500 trabajadores temporales han recibido “una formación específica diseñada por el SEPE para que las personas que superasen el procedimiento selectivo pudiesen desarrollar correctamente su labor al incorporarse al organismo”.

Sin embargo, desde CSIF insisten en que esta labor de cualificación ha sido muy ardua porque preparar laboralmente a estos trabajadores “no es sencillo. El trabajo es enormemente técnico, por lo que se tarda mucho tiempo en estar operativo. Ahora mismo, están empezando a operar con cierta normalidad, pero han tardado meses en adaptarse y, en las actuales circunstancias, con los niveles de sobretrabajo por encima del 300%, creemos que no toca, máxime cuando ahora que empiezan a estar preparados podrían despedirles en marzo. Si ahora reemplazan o directamente despiden a cualquier de ellos, el agujero sería tremendo y difícil de tapar”, denuncian.

Trabajo ya ha reiterado que serán renovados de manera periódica “si fuera necesario. Todos los contratos van a ser prorrogados durante el tiempo que hagan falta”. En los últimos diez años, el SEPE ha perdido 3.400 efectivos y cuenta ahora con apenas 8.000 trabajadores, de los que un 30% son temporales, “una cifra totalmente insuficiente para atender a la ciudadanía”, critican en CSIF, “ya que el porcentaje final de funcionarios por delegación provincial y otros departamentos del organismo es mínima”. Por eso reclaman que al menos se recuperen esos 3.400 empleados perdidos en puestos de funcionarios de carrera.

Pese a todos estos inconvenientes y a que los interinos incorporados han tardado una media “de tres meses en ponerse al día” -recuerdan las mismas fuentes sindicales-, este organismo atendió a más de ocho millones de ciudadanos en 2020, una cifra que se puede volver a disparar el presente año con la eclosión de la tercera ola y el impacto de la cuarta, que muchos expertos creen que ya está en marcha. “El SEPE necesita de una plantilla estable, especializada y con medios renovados. Seguimos trabajando con programas informáticos de hace 40 años”. Por eso reclaman un plan estratégico y una incorporación de plantilla adecuada para el puesto. No vale cualquiera para realizar este trabajo”, insisten en CSIF.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha negado que se vaya a prescindir de ningún trabajador y recuerda que los 1.500 interinos fueron renovados con la intención de mantenerlos en los puestos, “porque se renuevan de manera periódica y se procederá, como en el mes de diciembre, a su renovación en el mes de marzo si fuera necesario. Por tanto, no es el punto final de la incorporación de los interinos al SEPE porque todos los contratos van a ser prorrogados durante el tiempo que hagan falta”. Trabajo ya confirmó a este diario que está elaborando una Relación de Puestos de Trabajo (RTP) “acorde con un organismo público que garantice un servicio de calidad y adecuado a las necesidades de los ciudadanos”.

Pero para CSIF, esta situación de temporalidad solo crea tensión y complicaciones. “No es de recibo que tengamos que estar pendientes cada tres meses de si les renuevan los contratos o no”, manifestaron a este diario, e insistieron en que “ni siquiera se respeten los tiempos de la prórroga que van a aprobar para los ERTE hasta el 31 de mayo. Esa debería ser al menos la fecha mínima de la renovación”. Los funcionarios del Servicio de Empleo denuncian que, por ejemplo, siguen trabajando con programas obsoletos –pese a sus consecutivas actualizaciones–, con más de tres décadas a sus espaldas, que tiene dificultades para adaptarse a las exigencias y cambios legislativos de las nuevas tramitaciones y prestaciones laborales, que están modificándose continuamente. “Si a esto le añadimos la incorporación de personal no especializado y que necesita mucho tiempo para adquirir los conocimientos necesarios para realizar correctamente el trabajo, la situación del servicio público no puede ser buena. En el Ministerio lo saben, pero parecen no enterarse”, critican en CSIF.