Carrera en el sector público para acaparar los fondos de rescate

Carrera contra reloj en los distintos departamentos dependientes de la Administración Central para captar el maná que comenzará a llegar este verano desde Bruselas. El Gobierno apremia al sector público para que presente el mayor número de proyectos posibles para tener acceso al máximo de fondos europeos disponibles y los distintos ministerios y empresas públicas se han puesto en marcha. Con tal ímpetu que en algunos departamentos se están llegando a revisar proyectos ya aprobados e incluso iniciados para «colarlos» en los pliegos con opciones de recibir ayudas a fondo perdido, según ha podido saber LA RAZÓN. Ningún ministerio se quiere quedar al margen y se han llegado a echar atrás planes de digitalización que ya contaban con financiación de la UE, algo que hace inviable su presentación.

El consumo público constituye un componente muy importante dentro del PIB, más aún con la actual crisis y con la caída de sectores enteros con un peso determinante, como el turismo y el comercio. El peso mínimo de este consumo público (que excluye el gasto en prestaciones, pensiones, amortizaciones de deuda pública, gasto en subvenciones y transferencias corrientes o de capital, entre otras partidas ) nunca ha sido inferior al 16,6% del PIB, el mínimo registrado 2001 en las series del INE. Por regla general, ronda el 20,5% del PIB aunque su peso se incrementa en periodos de depresión, como ocurrió en la anterior crisis económica por la mayor participación de las administraciones públicas en el escenario macroeconómico.

Entre 2008 y 2010 el peso del consumo público se disparó por la sobrefinanciación de las administraciones territoriales y porque el 15% y el 8% de la inversión pública de 2009 y 2010 se financiaron a través de la creación de fondos estatales que promovieron la inversión pública en los ayuntamientos a través del llamado Plan E, que movilizó 13.000 millones de euros. Sin embargo, la actual crisis, con un gasto sanitario y de medicamentos disparado y la doble respuesta recaudatoria y de gasto aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en sus presupuestos de 2021 han elevado el peso del consumo público como nunca en la historia reciente de España. Tanto como para que el peso de todo el conjunto del sector público –incluido el gasto en prestaciones– supere incluso el del sector privado.

En los últimos 20 años, hasta la llegada de Sánchez e Iglesias al Gobierno, el total del sector público gestionaba un gasto equivalente al 42% del PIB (en promedio), aportaba casi un 20% del Valor Añadido Bruto nacional y ocupa a tres millones de asalariados (en torno al 20% del total según la Encuesta de Población Activa, EPA). De hecho, en el peor registro de la crisis financiera, el peso del Estado fue del 48% del PIB en 2012.

Sin embargo, ya en 2019, con los llamados viernes sociales, se disparó la factura del Estado en 8.000 millones con el aumento de los permisos de paternidad, el subsidio para mayores de 52 años, las cotizaciones de cuidadores y la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios.

El desmedido gasto previsto para este año hará que el peso del sector público supere al del sector privado al superar el 51% sobre el PIB, en un escenario de tenue recuperación de la actividad privada como el que prevé el Gobierno. Solo la participación de las administraciones públicas supera ya todos los récords, al situarse por encima del 21% del PIB por primera vez.

Con el comercio, la hostelería y el turismo en quiebra técnica y otros sectores motrices como el inmobiliario, el transporte y el automotriz con respiración asistida, el Gobierno considera que es el sector público el que tiene que tirar del carro de la recuperación y recibir buena parte de esos 79.796 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, ayudas directas a fondo perdido que España no tendrá que devolver, aunque sí contribuirá al pago. Buena parte se lo llevarán las comunidades autónomas, a discreción de La Moncloa, pero otra la gestionará directamente la Administración Central.

El Gobierno dio un mes de plazo a los departamentos ministeriales para elaborar un pliego anual de los contratos necesarios para la puesta en marcha de sus proyectos, con hasta un 50% de anticipos para acelerar la ejecución, para acceder a los 27.000 millones comprometidos en los PGE. De ahí la carrera entre los departamentos.

El Gobierno abre la puerta también a la colaboración público-privada con el impulso de las sociedades de economía mixtas, bajo las que el Estado contará con mayoría de capital y acomete junto al socio privado la ejecución del proyecto, y recupera las agencias estatales como organismo público. En este sentido, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aseguró ayer que se ha producido una respuesta «muy importante» del sector privado ante los fondos europeos, especialmente el relativo a la digitalización de pymes y reindustrialización.