El año sin turismo dispara la pobreza extrema en Canarias

«Pasar de estar aquí arriba a aquí abajo es cuestión de días. Y a todos nos puede pasar». Inma dibuja con su mano la caída en la que muchos están sumidos y a los que, como a ella, la pandemia les ha sacudido las vidas. «Yo estaba bien, trabajando en un restaurante, pero un día vino un virus y dijo: te vamos a poner en ERTE y así estoy desde entonces». Hablamos con ella mientras recorre los dos estrechos pasillos de la Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales (Avesar) en la que colabora como voluntaria. Es su forma de agradecer la ayuda que todavía le siguen brindando. Limpia, abre cajas y coloca la comida en estanterías. Todo ello antes de organizar las cestas de alimentos y los carros, que entregarán a las familias. Siempre vinculada al turismo y a la hostelería, el confinamiento la llevó al ERTE, pero lleva cinco meses sin cobrarlo. Problemas con los trámites, le dicen. Esa fue la estocada final.

Con 46 años y una hija, llegó a la asociación Avesar venciendo sus propios prejuicios. «Me resistía a pedir ayuda durante ese tiempo. De hecho, yo era la que solía ayudar a los demás. No quería hacerlo por vergüenza y porque creía que podría valerme por mí misma, pero no es así», explica a LA RAZÓN. Cuando le preguntamos qué piensa de las personas que, como ella, acuden a diario lanzando una voz de auxilio responde sin dudarlo con una mirada noble y serena: «Yo lloré la primera vez que me dieron un “reparto”, y cuando los veo llorar a ellos, me emociono otra vez».

Escucharla es hasta motivacional. Cada frase tiene un propio peso. «Si una persona que quiere salir adelante no recibe la ayuda necesaria, no sale adelante. Y, ¿qué hará? ¿Volverse loco, delinquir, hacer cosas que no debe y que ni siquiera quiere?».

La gente sigue llegando. La asociación reactivó la entrega en el local con cita previa después de dos semanas en que se vieron obligados a hacerlo a domicilio por las restricciones impuestas por el incremento de contagios.

Elizabeth tiene 30 años. Cuando empezó la pandemia trabajaba como empleada del hogar, pero durante el confinamiento la despidieron «porque a ellos también se les pusieron las cosas difíciles», recuerda. «Entonces recuperé la ayuda de la PCI (Prestación Canaria de Inserción) y es la que a día de hoy tengo, de unos 550 euros, pero que no me da». Su sueldo como empleada doméstica apenas llegaba a los 900 euros. Ahora, con esta prestación, los gastos de alquiler, agua, luz y comida la empezaron a asfixiar. Después de tocar la puerta en varias dependencias y hablar con varios trabajadores sociales, Cáritas Parroquial la derivó a esta asociación.

Elizabeth es cubana y lleva ocho años viviendo en Canarias con su hija. «Antes del Covid ya había tenido que pedir la ayuda del alquiler, pero se me acabó en septiembre y ahora estoy más apretada». Acumular deudas es algo que le preocupa. Toda esta situación le ha generado problemas de ansiedad. «Pedir esta ayuda de comida me daba vergüenza, pero llega un momento en que uno no puede hacer más».

Nelson llega antes de su hora. Hablamos con él mientras espera su turno. Nos cuenta que es cocinero y que se quedó sin trabajo a raíz del confinamiento. No llegó a estar en ERTE y fue escapando a base de subsidios, pero ya no le alcanzan. «Ya me he recorrido media isla, pero no hay nada, la hostelería en el sur –zona turística de Gran Canaria– está cerrada, y el resto ya está en mínimos y no te cogen», explica con preocupación. «He tenido que vender el coche para pagar todos los gastos». Ya no quiere oír hablar de la hostelería. Ahora mismo, solo piensa en su madre, una persona mayor a la que tiene que atender. En eso y en dedicarse a otro oficio.

Inma, Elizabeth y Nelson son solo algunos de los rostros a los que la pandemia les ha trastocado la vida y a quienes este año sin turismo, principal actividad económica del archipiélago, les ha orillado a estar en niveles de alta vulnerabilidad social. «La asociación no se creó para repartir comida, pero nos hemos visto obligados a eso», explica José Antonio Cardoso da Silva, que preside la asociación vecinal Avesar.

El número de familias que ha acudido allí desde que iniciara la pandemia se ha incrementado un 300%. El perfil predominante: mujer, con hijos y trabajadora en ERTE o en paro. Antes, eran más hombres desempleados. Tras la Covid, mujeres que trabajan en labores domésticas y de cuidado de mayores. Mientras conversamos nos muestra la montaña de expedientes que ha recibido en tan solo una semana. Informes de trabajadores sociales de los centros de salud. Cardoso critica que el gobierno municipal no acoge lo suficiente a estas personas y que tengan que ser los colectivos vecinales los que den soporte. «Este ayuntamiento –el de Las Palmas de Gran Canaria– tiene más culpa que ninguno porque se dice de izquierdas y, entre los partidos de coalición, Podemos ha sido el que más trabas nos ha puesto para repartir la ayuda. Dicen que ya existe un estado garantista. ¡Pero si nosotros estamos entregando comida porque ustedes no son efectivos!», añade molesto.

En 2020, Avesar atendió a 1.077 personas, una cifra que se fue incrementando conforme avanzaban los meses más duros de la pandemia. José Antonio nos sigue mostrando estadísticas. «Mira, el 40% de los que han venido están parados, el 25% en ERTE, el 15% son inmigrantes, el 7% tiene un trabajo precario y un 2% sufre violencia de género».

Nos lleva a donde están algunas cajas de comida preparadas y explica que se hacen de manera personalizada. «Somos cuidadosos hasta en atender sus patologías. No puedes dar lo mismo a un diabético que al que no lo es, o incluso al que por su religión no puede comer ciertas cosas». Se trata, dice, de dignificar la ayuda.

En el análisis inicial, Cruz Roja y Cáritas coinciden. Canarias ya arrastraba una situación compleja antes de la pandemia, con una tasa de paro del 18% y un índice de pobreza del 29%, según la Fundación Foessa, que analiza la exclusión social en España. Para Antonio Rico, presidente regional de Cruz Roja. «Cuando llega el cero turístico y empiezan los ERTE, las familias que estaban en la economía informal caen completamente, y las que iban escapando a final de mes también se ven afectadas».

Tan solo en 2020, esta institución atendió a 156.000 personas en todas las islas. «Es casi el doble de las que habíamos atendido el año anterior, y nos coloca entre las comunidades con peores datos», añade. A Rico le preocupa que, incluso pasada la emergencia sanitaria, las islas no se recuperen por su alta dependencia a la economía de países emisores de turistas. Los más afectados son autónomos vinculados a este sector. Animadores de hoteles, guías, taxistas o conductores de autobuses. «Ese pequeño trabajador que tiene que pagar una letra del coche, el alquiler de un local...». Y reflexiona sobre una cosa.

La radiografía que hace añade más ejemplos de la precariedad que ya existía antes del coronavirus: el nivel de ingresos de los jubilados. «Es uno de los más bajos y se debe a que han estado cotizando muy poco durante años, lo que quiere decir que su sueldo siempre ha sido bajo y no tienen ahorros suficientes para poder enfrentarse a esta crisis».

El perfil del que acude a estos servicios sociales: nuevamente mujeres, con un hijo a cargo, entre 35 y 50 años y con medias jornadas laborales. El salario promedio, entre 800 y 1.000 euros, reducido a un 75% por estar en ERTE.

Por su parte, Caya Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias lo analiza de forma similar. En septiembre de 2019, un 29% de la población canaria estaba en situación de pobreza severa, y un 34% de la población, en una situación de vulnerabilidad que no soportaría otra crisis. Los primeros meses de confinamiento revelaron la cara más dramática. En Cáritas hubo un incremento de 85,10% en atenciones nuevas. Familias en situación de ERTE, sin redes de apoyo o con ahorros agotados. Con todos esos indicadores, Suárez lo deja claro: «Canarias está agravando la pobreza estructural que sufría y cronificándola».