El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados un paquete de ayudas por importe de 11.000 millones para los sectores más azotados por la crisis económica: turismo, hostelería, pymes y autónomos. Este anuncio se produce meses después de que estos sectores reclamen sin éxito ayudas directas al Ejecutivo para salvar a sus empresas de un cierre seguro. En las últimas semanas, esta petición ha caído en saco roto. De hecho, el Gobierno por boca de su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha opuesto frontalmente a este tipo de ayudas. Sin embargo, ahora todo parece indicar que el Ejecutivo ha reflexionado y ha transformado su oposición inicial en un apoyo a esta necesidad imperiosa que demandan, especialmente, las pymes y los autónomos para poder sobrevivir a la crisis.

No obstante, el anuncio realizado ayer por el jefe del Ejecutivo parece «un mensaje más cosmético que otra cosa por su falta de concreción», según la oposición. Desde Moncloa eludieron ayer concretar este plan de ayudas. «Los detalles se conocerán cuando vaya al Consejo de Ministros. Consideramos que lo importante en este momento es el propio anuncio y la decisión política de movilizar ese paquete adicional de ayudas para empresas y trabajadores autónomos realizado por el presidente. Como ha dicho el presidente, es una cantidad de recursos importante para seguir apoyando a sectores que ahora se encuentran en una situación muy difícil, como el turismo, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros», aseguraron fuentes de Moncloa a LA RAZÓN.

De hecho, Sánchez señaló en el Congreso que son «11.000 millones para reforzar la solvencia de sus balances y para que puedan, así, retomar su actividad, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores que requieran para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica. Es una cantidad importante de recursos para seguir apoyando en las duras semanas que hay por delante a sectores que están en una situación extremadamente compleja», aseveró. Acto seguido, destacó que su Gobierno ya ha destinado un 20% del PIB en medidas de apoyo a los sectores más castigados por la pandemia, en su mayoría orientadas a los Erte y a los avales del ICO a créditos a empresas. «Sólo el pago de los salarios de los Ertes y las prestaciones asciende a unos 40.000 millones de euros de ayudas directas», puntualizó. Además, recordó que las transferencias a las comunidades autónomas desde el inicio de la pandemia superan los 24.000 millones, concebidas para reforzar la atención sanitaria, pero también para inyectar ayudas directas por ser las administraciones más cercanas y conocedoras del impacto de las restricciones aplicadas y, por tanto, de las compensaciones que se debían derivar de ellas.

Pese a la falta de concreción sobre cómo se articularán este nuevo paquete de ayudas, fuentes del Gobierno aseguraron a este diario que este real decreto de ayudas, como ya había anunciado la vicepresidenta económica la semana pasada, llegará al Consejo de Ministros los primeros días del próximo mes de marzo, justo un año después de que el Gobierno decretara con el estado de alarma el confinamiento de toda la población española en un intento de frenar el avance que, por entonces, parecía imparable del coronavirus. Un año después, aún no está claro si la redacción de este real decreto dependerá de Economía o de Industria, si las ayudas serán directas o indirectas o cómo se articularán.

Por eso el anuncio de Sánchez no consiguió satisfacer ayer ni a la oposición ni a los propios afectados. En ese sentido, el presidente del PP, Pablo Casado, cuantificó las necesidades de estos sectores más azotados por la crisis en 50.000 millones, casi cinco veces más que los cálculos de Sánchez. Mientras, sólo la hostelería y el comercio demandan al Gobierno desde hace semanas ayudas directas por un importe de 12.000 millones. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, reclamó ayer que estos 11.000 millones se destinen a ayudas directas a fondo perdido, en forma de reducciones de impuestos y subvenciones. En su opinión, para que este plan de rescate sea «verdaderamente eficaz y cumpla las necesidades más imperiosas de tesorería que tienen las empresas, sería imprescindible la puesta en marcha de planes de ayuda directa donde existan subvenciones a fondo perdido o bajadas impositivas».