¿Qué ha pasado en Berlín con el control de alquileres?

La regulación en la capital germana deja menos oferta en el mercado «libre» y más cara

Policías alemanes desalojan un edificio ocupado en Berlín
Policías alemanes desalojan un edificio ocupado en Berlín FOTO: FILIP SINGER EFE

Es sobradamente sabido que PSOE y Podemos están en plena guerra civil a cuenta de la regulación de los alquileres. Mientras que los socialistas abogan por un modelo similar al implantado en Portugal (beneficios fiscales para aquellos propietarios que arrienden a precios inferiores a los del mercado), los de Pablo Iglesias reclaman controlar los alquileres tal como lo hizo Alemania en 2015 y, sobre todo, Berlín en 2020.

Recordemos que, en 2015, el Ejecutivo alemán impulsó una legislación dirigida a frenar la subida de los alquileres: no se trataba de imponer un precio máximo a las rentas de los arrendamientos, sino tan solo de ralentizar su ritmo de crecimiento. Las medidas, sin embargo, eran deliberadamente laxas con el objetivo de evitar distorsiones profundas en el funcionamiento del mercado inmobiliario, de manera que tampoco consiguieron detener de un modo significativo el avance de los precios de la vivienda: por ese motivo, en 2020, la capital del país, Berlín, decidió endurecer los controles y decretar una congelación durante un lustro de los alquileres de inmuebles construidos antes de 2014 (los construidos con posterioridad quedaron exentos de la medida). Esta nueva medida, apoyada fervientemente por Podemos, ha sido sustancialmente más dura que la aprobada en 2015 y si bien todavía es pronto para evaluar la globalidad de sus efectos, ya disponemos de las primeras evidencias sobre sus nefastas consecuencias. Así, el prestigioso Instituto Ifo de Alemania acaba de estimar cuáles han sido los efectos de este polémico control de alquiler y, en esencia, ha hallado tres.

Primero, la congelación ha conseguido contener la escalada de precios entre las viviendas reguladas (algo esperable dado que, por ley, estaba prohibido encarecer los arrendamientos). Si antes de 2020, los alquileres de las viviendas ahora reguladas evolucionaban más o menos a la par que en las 13 mayores ciudades alemanas, desde que se decretó la congelación han aumentado un 60% menos que en esas 13 ciudades. Por consiguiente, si estas fueran todas las consecuencias de la medida, parecería que habría sido un éxito.

Pero, en segundo lugar, la congelación también ha provocado un hundimiento de la disponibilidad de viviendas en alquiler. En particular, desde que se hizo pública la medida, los anuncios de los alquileres de inmuebles regulados se han hundido un 40%, mientras que en las otras 13 mayores ciudades de Alemania se han mantenido más o menos estables. Como cabía prever, pues, la intervención de precios ha tenido consecuencias nefastas sobre la oferta de inmuebles en régimen de arrendamiento: misma (o incluso más) demanda con menor oferta. ¿Qué han podido, entonces, hacer los berlineses que querían alquilar una vivienda bajo estas circunstancias (menor oferta y más demanda)? Pues únicamente acudir al tramo desregulado del mercado: el de los inmuebles construidos a partir de 2014.

Mas, en tercer lugar, lo que ha ocurrido en este tramo del mercado es que los precios de los alquileres se han elevado apreciablemente más que en las otras 13 mayores ciudades del país (cuando, antes de esta medida, la evolución era pareja). Como el exceso de demanda se ha trasladado desde el mercado regulado al desregulado, los precios se han disparado en el desregulado. Y de haber congelado también los alquileres en este tramo del mercado inmobiliario, la oferta también se habría reducido, dificultando el acceso a una vivienda.

En definitiva, el control de alquileres por el que aboga Podemos solo beneficia a los inquilinos actuales. A todos los que quieran cambiar de alquiler o arrendar por primera vez una vivienda, se les impide que puedan hacerlo o se les vuelve mucho más caro.

Expropiación en Baleares

El Gobierno de Baleares ha decidido expropiar temporalmente 56 viviendas vacías para destinarlas a alquiler social. Se trata de otra torpe intervención en el mercado inmobiliario de las islas que en nada contribuirá a solucionar el problema de fondo de la vivienda –mucha más demanda que oferta– pero que, al igual que el control de precios, sí puede contribuir a agravarlo, desincentivando la oferta. A la postre, muchas de las viviendas que se hallan vacías en nuestro país son viviendas que necesitan de una profunda reforma para volverlas habitables (también ese es el caso de parte de las viviendas expropiadas en Menorca, que ni siquiera contaban con cédula de habitabilidad) y este tipo de políticas solo logran ahuyentar la inversión privada necesaria para volverlas habitables. Es decir, provocan menos oferta efectiva de inmuebles.

Google no pagará la “Tasa Google”

Otra de las ocurrencias habituales de muchos políticos intervencionistas consiste en subir impuestos a «los ricos» o a «las grandes empresas», creyendo que terminarán siendo estos sujetos pasivos quienes los sufraguen. Pero, a la hora de la verdad, los afectados por un tributo suelen buscar formas de esquivarlos o de trasladar su coste sobre otros. Y eso es justamente lo que ha sucedido con la famosa «Tasa Google» que pretendía gravar los ingresos en España de las grandes tecnológicas estadounidenses. Primero fue Amazon quien comunicó a sus clientes que les repercutiría este gravamen y esta misma semana ha sido Google la que ha hecho lo propio con los suyos. Al final, el Gobierno que decía que iba a promover la digitalización se está convirtiendo en uno de sus principales enemigos con medidas que van en sentido opuesto.

Descontrol en las ayudas

Ninguna persona sería capaz de invertir 70.000 millones de euros en apenas tres años con exquisita eficiencia, pero si además esas personas que están gestionando semejante volumen de recursos no se someten a una estricta fiscalización interna o externa que pueda poner coto a sus excesos, entonces lo que sería un fiasco por falta de información puede convertirse en un abuso corruptor por falta de control. Y precisamente el Gobierno de coalición PSOE-Podemos, que siempre había hecho gala de suma transparencia, ha aprobado un mecanismo de administración de la ayudas europeas del todo opaco y sin supervisión externa (tal como ha denunciado recientemente el Tribunal de Cuentas). Un mecanismo perfecto para que Sánchez e Iglesias puedan instrumentalizar el dinero de Bruselas para su propio beneficio ideológico.