Un ala del PSOE pide como Iglesias más ayudas directas

El nuevo paquete de ayudas por importe de 11.000 millones de euros destinado a rescatar a las pymes y a los autónomos más castigados por la pandemia del coronavirus divide, en estos momentos, en dos al Consejo de Ministros. No sólo se ha convertido en la manzana de la discordia entre Unidas Podemos y la Vicepresidencia de Asuntos Económicos del Ejecutivo, sino que también enfrenta a Nadia Calviño con el equipo económico de Sánchez, más alineado, en esa ocasión, con las tesis defendidas por los integrantes de la formación morada. Esta pugna ha provocado que el Consejo de Ministros no pudiera aprobar ayer el real decreto ley que regula este nuevo rescate, tal y como estaba previsto, y ha forzado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dar una prórroga de 48 horas a sus ministros para que alcancen un consenso y se pueda aprobar este viernes en una reunión del Consejo de Ministros extraordinaria.

Nadia Calviño ha elaborado un real decreto ley en el que se regula este nuevo rescate a las empresas, edificado sobre tres pilares. El primero, dirigido a la reestructuración de la deuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El segundo, orientado a la recapitalización con créditos participativos y deuda subordinada de pymes. Y, el tercero, destinado a ayudas directas a las pymes y a los autónomos que no accedan a las anteriores líneas de actuación.

Las cuantías de las que se dotarán estos tres pilares son objeto de disputa ahora en el seno del Consejo de Ministros. Calviño, en sintonía con la ministra de Hacienda, defiende un importe de ayudas directas de hasta el 25% del montante total, con el fin de evitar que el déficit y la deuda pública se disparen. Mientras que el resto del equipo económico, junto con los podemitas, es partidario de abrir la mano y de aumentar estas ayudas directas pese a su repercusión en las cuentas públicas. «Son debates internos sobre el diseño de las ayudas. Hay Ministerios más proclives al gasto y hay otros más proclives al control. Nada que no haya ocurrido incluso en los Gobierno monocolor».

De esta manera tan gráfica fuentes monclovitas resumen a LA RAZÓN el debate actual que enfrenta al Ejecutivo. La cifra de ayudas directas de hasta los 2.700 millones que baraja la vicepresidenta es compatible, en su opinión, con la reestructuración de la deuda del ICO y la recapitalización de las pymes, medidas que considera prioritarias para evitar que la crisis económica mude en una financiera ante una ausencia de solución a los problemas detectados ya de solvencia. Esta visión es compartida por la ministra de Hacienda, que también trabaja en este decreto.

Pero esta es de las pocas cuestiones que comparten ambos Departamentos. De hecho, ayer Economía y Hacienda no se ponían de acuerdo en si las cifras de estos tres fondos de ayudas estaban o no cerradas. Según fuentes de la Vicepresidencia económica del Gobierno consultadas por este diario, estas cuantías están ya totalmente cerradas y son inamovibles. Mientras que fuentes de Hacienda desmienten que estas cantidades estén acotadas y cerradas. En ese sentido, desde Moncloa no se descartaba el viernes pasado que la cifra de 11.000 millones de euros se pudiera aumentar para dotar de una mayor aportación a las ayudas directas a pymes y a autónomos.

Mientras, Calviño, reacia a las mismas, defiende unas ayudas controladas, Unidas Podemos se muestra partidaria, como parte del equipo económico de Sánchez, de aumentarlas hasta los 8.000 millones, cifra también lejana de los 12.000 millones estimados por el comercio y la restauración como sus necesidades financieras para capear el temporal. Los podemitas, además, quieren que se destinen a empresas de cualquier sector, condicionadas a que hayan registrado una caída de ingresos de, al menos, el 30% y garanticen el mantenimiento del empleo. Mientras, Calviño apuesta por orientarlas a las pymes del sector turístico y de la restauración. Pese al evidente enfrentamiento en el seno del Ejecutivo por el reparto de estas ayudas, tanto Economía como Hacienda achacaron ayer el retraso en su aprobación hasta el viernes a cuestiones técnicas.

Controles contra el fraude

Según ambos Departamentos, se trata de un real decreto «complejo y novedoso». Por eso «hay que garantizar que las ayudas directas llegan a las empresas que realmente las necesitan y, además, hay que establecer unos controles para evitar eventuales fraudes en la percepción de las mismas», confirman a este periódico fuentes gubernamentales. Según el propio relato de ayer de María Jesús Montero, la demora en su aprobación «se debe a una cuestión claramente y puramente técnica. Hay que acabar de perfilar algunos elementos que componen un decreto ley que es complicado en el terreno jurídico y que estamos sometiendo a diferentes opiniones para ver cómo lo terminamos de abordar».

De momento, fuentes gubernamentales aseguran a LA RAZÓN que Calviño y Montero han renunciado ya a su intención de involucrar a las autonomías en la gestión de las ayudas directas, después de la oposición expresada por Podemos. Los de la formación morada, con escasa presencia en los gobiernos autonómicos, prefieren que se gestionen a nivel nacional y no se territorialicen, tal y como defendían Economía y Hacienda.