Díaz da tres meses para decidir los plazos que eleven el SMI al 60% del salario medio

«Modernizar la política de trabajo significa también hacer partícipes a las personas trabajadoras de la prosperidad del país y estas mejoras en términos de crecimiento deben trasladarse a los salarios». Con esta afirmación en el Congreso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a la carga con su intención de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) pese a la negativa mostrada en público y en privado por los empresarios. «Una política de rentas que mejore las condiciones de vida de los trabajadores impulsa el conjunto de la economía», defendió ante los diputados.

En plena negociación de la reforma laboral con los agentes sociales, Díaz ha dejado claro que el nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI es «el gran reto colectivo, la gran obra legislativa que se debe llevar a cabo intentado dar una respuesta a todas las manifestaciones en las que el trabajo toma cuerpo en la actualidad».

Y dentro de los cambios que quiere imponer se encuentra la subida del SMI. Díaz volvió a insistir en que conseguir que éste alcance el 60% del salario medio «es un objetivo de esta legislatura, que seguro se conseguirá». Para lograrlo ha dado un plazo de tres meses para que la comisión de expertos que va a determinar la senda más adecuada para alcanzar que su cuantía llegue al 60% del salario medio decida lo plazos para llevarlo a cabo. «Espero que en breves tengamos este resultado en la mesa». Patronales y sindicatos mantienen posturas opuestas, e incluso algunos miembros del Gobierno, como Montero o Calviño, han pedido retrasar la subida hasta que la pandemia haya pasado. El SMI se mantendrá este año en los 950 euros mensuales a los que se llegó el año pasado.

Esta comisión está integrada por 14 personas: siete profesionales académicos; tres representante de los agentes sociales, y tres representantes ministeriales de Trabajo, Asuntos Económicos y Hacienda.

Por otro lado, Díaz, avanzó también que para principios del mes de abril «tendremos el borrador de la ley de empleo», que se tiene que modificar para introducir los cambios para las nuevas políticas activas de empleo. En cuanto a los cambios en la reforma laboral, la ministra destacó que «es necesario reequilibrar la negociación colectiva, así como reformar la subcontratación, al igual que el debate sobre la ultraactividad de los convenios colectivos y las cláusulas de descuelgue de los mismos». En cuanto a las modalidades de contratación, adelantó que se hará una «simplificación fuerte» del menú actual en el que «el actor principal sea un contrato estable», pudiendo haber fijos discontinuos, un contrato temporal «con causa» y un contrato formativo. La patronal ya ha mostrado su rechazo a alguna de estas medidas, como la referente a la subcontratación.