Empresas
Las empresas familiares cargan contra el acoso fiscal del Gobierno que “pone en peligro nuestro futuro”
Marc Puig pide al Gobierno en la Asamblea Anual del IEF más ayudas directas, una mejora del marco fiscal y seguridad jurídica para la inversión.
El Plan de Recuperación presentado a Bruselas por el Gobierno sigue suscitando reacciones, y no siempre positivas. La última ha sido la del presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, que ante la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, durante su discurso de clausura en la Asamblea Anual de Socios del IEF, ha demandado un marco fiscal que “no ponga en peligro nuestra continuidad como empresas. Lamentamos que en este contexto de crisis que vivimos se incremente la presión fiscal sobre las empresas, lo que puede poner en peligro el futuro y nuestra viabilidad”.
Puig ha manifestado que entiende que “haya que equilibrar la balanza y las cuentas del Estado”, pero pidió que el marco tributario “no nos penalice, ni ponga en peligro nuestro futuro, ni tampoco que sea más gravoso ni peor que el de nuestros socios europeos”. Según advirtió, lo que puede provocar es que “nuestra competitividad se resienta” y haya un peligro claro de que provoque la venta de las empresas. “En ningún caso debería la fiscalidad determinar que empresas españolas enraizadas en nuestro territorio y nuestra sociedad tengan que ser vendidas a terceros”.
Para ello defendió un “entorno favorable para la inversión, con reglas claras y predecibles”, que no sea “hostil”, con “igualdad de condiciones” que el resto de países europeos. Aunque puso en valor las medidas adoptadas por el Ejecutivo ante la pandemia -con los ERTE, los préstamos avalados por el ICO o el Ingreso Mínimo Vital-, recordó que “otros países de nuestro entorno han dedicado un mayor número de ayudas directas a sus empresas y han propiciado un mejor contexto fiscal”, situación que explicó “no ha ocurrido en España”.
El empresario recordó también que las empresas familiares están dispuestas “a contribuir al esfuerzo de todos”, pero reclamó un marco de estabilidad y de seguridad jurídica para que lleguen las inversiones. “Solo pedimos estabilidad, disponer de un marco tributario que no nos penalice competitivamente” y que no se marquen los “cambios estructurales que deben hacerse “solo en el corto plazo”. El empresario advirtió a la ministra de que “ningún otro país de nuestro entorno mantiene algunos de los tipos impositivos que más afectan a la empresa familiar” y reclamó que se permita “dar continuidad a nuestras empresas preservando la titularidad familiar”.
Haciendo un repaso rápido por la gestión económica del Gobierno durante el último año, Puig criticó que se hubieran aprobado en un plazo demasiado corto leyes tan importantes como la del registro horario o la del teletrabajo, que deberían haber sido pospuestas “hasta después de la crisis porque necesitan mucho tiempo de preparación”. También se mostró disconforme con que se aborde en estos momentos cambios en la reforma laboral, con una situación muy precaria del empleo. “¿No sería más razonable convertir en eje de la reforma laboral la inclusión de los jóvenes, la incentivación del empleo, la formación dual, más que otras cuestiones más ideológicas a las que podremos enfrentarnos más adelante?”, se preguntó.
Respecto al Plan de Recuperación, el presidente de las empresas familiares reconoció que había tenido varios contactos con los equipos de distintos ministerios y con la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, pero quiso dejar claro que “con frecuencia, nos sentimos excluidos de los procesos de deliberación”, además de que “percibimos cierta desconfianza desde el Gobierno a nuestras propuestas. No queremos influir en las decisiones parlamentarias o del Gobierno, pero no entendemos que no se aprovechan nuestras capacidades para mejorar las medidas, que podría derivarse de una mejor actuación conjunta entre administración y empresas”.
Por su parte, Nadia Calviño, que aguantó estoicamente las andanadas de Puig y al que reconoció su “predisposición al diálogo y a la colaboración”, hizo un llamamiento público a empresas y partidos políticos para que apoyen el Plan de Recuperación porque todos debemos “remar todos en la misma dirección. Es un plan muy ambicioso”, que precisa de un “consenso de la sociedad española, y por todos los partidos deberían tener una aproximación constructiva, porque desde Europa nos están vigilando”.
La vicepresidenta explicó que la prioridad del Ejecutivo es seguir avanzando en el proceso de vacunación para conseguir así recuperar la economía. “Si algo hemos aprendido es que la salud humana y económica van de la mano”. En su discurso detalló cuáles son sus prioridades: proteger la estabilidad financiera, la protección al tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias y la implementación del Plan de Recuperación. “Vamos a aprovechar el crecimiento económico que todos esperamos este año y los siguientes para ir reduciendo ya desde 2021 el déficit público y la deuda pública. Es la senda de estabilidad fiscal que hemos enviado a las instituciones europeas hace más de una semana, pero todos entendemos que ésta tendrá que ser una de nuestras prioridades a medio plazo cuando se recupere el crecimiento económico”.
Para poder llevar a cabo estos retos, apuntó que no se podrá llevar a cabo todo este plan únicamente por la vía pública, sino que habrá que movilizar al sector privado con fórmulas como la colaboración público-privada y consideró “deseable” que para las grandes cuestiones políticas “estuviésemos guiados también por una visión a largo plazo y de consenso”, y no caer en el riesgo de “autoflajelarse” y poner como ejemplos países de los que España “no tiene nada que envidiar”.
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