Marruecos asesta un golpe de 1.150 millones de euros a España al cancelar la operación paso del Estrecho

Por segundo año consecutivo, no habrá operación paso del estrecho en España. Aunque la razón para que haya sido suspendida este ejercicio es oficialmente la misma que en 2020, la pandemia del coronavirus; las circunstancias en que se ha producido su cancelación distan mucho de parecerse. En esta ocasión, ha sido Marruecos el que, de forma unilateral, ha anunciado que no aceptará traslados a su territorio desde los puertos españoles como los de Algeciras, Tarifa o Almería. Estas tres terminales aglutinan de forma mayoritaria el paso de los 3,2 millones de emigrantes magrebís que, procedentes de toda Europa, atraviesan anualmente España para coger los ferrys en los que se trasladan de regreso a su país para pasar sus vacaciones de verano. La decisión llega en plena crisis diplomática entre Marruecos y Españadespués de que el Gobierno de Pedro Sánchez, de espaldas a Rabat, diera luz verde al traslado a Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de Covid-19.

Marruecos ya había advertido de que la decisión de Moncloa de permitir la entrada de Ghali en España tendría consecuencias.Primero fueron las avalanchas en Ceuta. Y aunque oficialmente la excusa es la situación epidemiológica española, lo cierto es que la suspensión de esta operación supone un golpe bajo a la economía española, y en especial para la de una zona ya muy castigada económicamente, incluso sin pandemia, como la del Campo de Gibraltar. Las estimaciones apuntan a que el paso anual de estos ciudadanos magrebís deja a lo largo de toda España unos 1.150 millones de euros en gastos de topo tipo: hoteleros, de alimentación, pasajes de ferrys, gasolineras... Un dinero que este año se evaporará por completo.

Para algunos sectores, como el naviero, el quebranto es más que importante. Como aseguró ayer en Antena 3 Noticias el director de ventas de la compañía FRS, «a nivel de facturación, solamente la operación paso del Estrecho supone 500 millones de euros». Alrededor de estos barcos se desarrolla una actividad que también se verá seriamente afectada. «Cada escala de un barco en un puerto genera miles de euros de facturación en muchos sectores: el práctico, el remolcador, el provisionista, el suministrador, el que recoge los residuos, los de lavandería, toda una un amalgama de empresas de servicios», ha explicado a Efe Manuel Piedra, presidente de Aesba, la asociación de empresarios de servicios portuarios de la bahía de Algeciras.

En la misma línea que Piedra, el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en el Campo de Gibraltar, Miguel Alberto Díaz, aseguró que la medida «alarga la situación agónica que viven cientos de empresas y pone en peligro el presente y futuro de miles de puestos de trabajo en puertos, entre ellos personal de flota y tierra de las navieras, de apoyo al pasaje, autoridades portuarias, agencias de viajes, transportes por carretera, amarradores, hostelería, gasolineras y así una larga lista de familias que temen por su futuro».

Las autoridades de Rabat han optado por una medida que daña a España sin importarles el castigo que supone también para sus propios ciudadanos, que tendrán más complicado volver a su país desde los puertos de Génova, Marsella y Séte, desde los que tienen miles de kilómetros de travesía marina hasta Marruecos.