El Gobierno da luz verde al fondo de recapitalización de 1.000 millones para empresas solventes

Las empresas viables afectadas por la pandemia podrán acceder a un fondo de recapitalización por importe de 1.000 millones de euros, después de que este martes el Consejo de Ministros diera luz verde a su funcionamiento. Este Fondo está previsto en el Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial aprobado en marzo pasado por importe de 11.000 millones de euros, destinados a las pymes y autónomos afectados por la pandemia. De esta cuantía, 7.000 millones se dedicaron a ayudas directas y el resto a reducción de costes y refuerzo de su capital.

El Consejo de Ministros mandata a Ministerio de Industria para que directamente o a través de Cofides, sociedad mercantil estatal que gestiona el fondo, se asegure de la puesta en marcha del fondo en los 30 días siguientes a la autorización de la Comisión Europea. El fondo de recapitalización tiene como finalidad fortalecer y recuperar la solvencia de empresas de mediano tamaño de cualquier sector con un importe neto de la cifra de negocios de entre 15 y 400 millones. Una de las condiciones imprescindibles para acceder al mismo es la viabilidad de las compañías a medio y largo plazo, pese a que sus balances estén deteriorados por la pandemia.

Las operaciones financiadas con cargo al fondo tendrán un importe de entre 4 y 25 millones por beneficiario. Con cargo al mismo, se prestará apoyo público temporal bajo criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible, mediante instrumentos de capital e híbridos de capital o a deuda. Las operaciones de apoyo público temporal con cargo al fondo podrán otorgarse hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta la fecha posterior que pudiera disponer el marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía por la pandemia.

Además, Cofides efectuará el seguimiento de las operaciones, propondrá las personas que deban ser nombradas consejeros en los órganos de administración de las empresas participadas con cargo al fondo, fijará la posición del Estado en el ejercicio de los derechos y facultades que le correspondan por su participación en el capital social de las beneficiarias, realizará los cobros y pagos derivados de las operaciones formalizadas con cargo al fondo y solicitará al comité técnico la aprobación para llevar a cabo las renegociaciones, las desinversiones o liquidaciones de las operaciones formalizadas. Además, podrá ejercitar las acciones legales en defensa de los intereses públicos.