La UE entregará a España 7.600 millones para combatir la pobreza energética

España recibirá cerca de 7.600 millones de euros del fondo para la pobreza energética durante el periodo 2025-2032, convirtiéndose de esta manera en el cuarto país más beneficiado tan sólo por detrás de Polonia (12.700 millones de euros), Francia (8.000 millones) e Italia (7.800 millones). Bruselas pondrá a disposición de los Estados miembros un total de 72.200 millones.

Este nuevo instrumento comunitario se ha puesto en marcha para paliar la posible subida de la factura de la luz que deberán afrontar las familias con menos recursos de la UE debido a la revolución verde que Bruselas quiere poner en marcha y que transformará los hábitos de consumo de los europeos. El Ejecutivo comunitario pretende que de aquí al año 2030 se reduzcan un 55% las emisiones de gases con efecto invernadero respecto a los niveles de 1990, como modo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. De esta forma, los Veintisiete aspiran a convertirse en la conciencia mundial en la lucha contra el cambio climático como forma también de convencer a otras potencias de seguir el mismo camino.

Para ello, Bruselas ha incluido en el actual sistema de derechos de emisiones a nuevos sectores como el transporte y también la energía que consumen los edificios, por ejemplo en la combustión de energías fósiles para la calefacción. Hasta ahora, este sistema de emisiones tan sólo incluía a las industrias más contaminantes que suponían el 40% del total, pero Bruselas calcula que los edificios son responsables del 40% del gasto energético total y del 36% de las emisiones.

Factura

La Comisión Europea asegura que el propósito de estos cambios reside en que la factura no recaiga en los hogares sino en los suministradores de energía, pero el Ejecutivo comunitario también reconoce que los consumidores finales pueden acabar sufriendo una recarga de un 0,8% en sus recibos. Ante el temor de que los más débiles de la sociedad acaben rebelándose, como acabó sucediendo tras la subida de los combustibles en Francia que propició la revuelta de los chalecos amarillos, Bruselas repite que no quiere dejar a nadie atrás y está dispuesta a poner en marcha mecanismos de solidaridad para amortiguar el golpe.

Para acceder a estos fondos, cada país deberá presentar un plan nacional que deberá ser aprobado por Bruselas y que puede incluir ayudas para las familias vulnerables, inversiones para mejorar la eficiencia energética de las viviendas o la compra de coches eléctricos. Los Estados deberán co-financiar con un 50% estos planes lo que en la práctica duplica la cantidad antes mencionada.

Bruselas ha realizado estos cálculos del reparto por países teniendo en cuenta diferentes variables como la población, renta per capita, familias en riesgo de pobreza por no poder pagar sus facturas o la población en zonas rurales. El dinero para este mecanismo será sufragado en una cuarta parte con los fondos que se consigan a través de la inclusión en el sistema de emisiones del consumo de energía de los edificios y los Estados también pueden utilizar parte del dinero que les corresponda a través de este sistema para sufragar estas medidas.