Las generaciones activas pagan la reforma de las pensiones

El sistema de pensiones español es de reparto (las cotizaciones de los actuales trabajadores en activo pagan las pensiones de hoy), contributivo (se recibe en función de lo que se aporta) y de prestación definida (la cuantía de la pensión está en función del historial laboral, al margen de factores externos como la esperanza de vida).

La combinación de todos estos factores ha generado un agujero creciente, al margen de los gastos impropios que afronta la Seguridad Social, que estallará en los próximos años. Pues bien, la primera fase de la reforma de las pensiones aprobada ayer por el Gobierno no solo no aborda esta endiablada ecuación sino que hace recaer toda la carga de la reforma sobre quienes sostienen los gastos: las actuales generaciones activas.

Los trabajadores no solo tendrán que aportar más, directa e indirectamente, ya que parte de sus impuestos (también de los jubilados) servirán para financiar los actuales cargos de la Seguridad Social, sino que verán recortadas sus opciones para prejubilarse.

Además, los trabajadores que ganen más de 49.000 euros se enfrentan al más que probable destope de las cotizaciones en el segundo tramo de la reforma. Ahora mismo, con el tope establecido, en caso de que el salario de un trabajador supere la base máxima de cotización, la diferencia entre el salario y la base máxima queda exenta. Sin embargo, el destope tiene otra consecuencia: genera mayores derechos de pensión futura para los trabajadores que coticen por la base máxima.

Por contra, los jubilados logran blindar por ley la revalorización de sus pensiones a la evolución de los precios. La primera pata de la reforma de las pensiones establece que, a partir de 2022, el 1 de enero de cada año se revalorizarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior.

En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas. eliminando definitivamente la fórmula introducida en 2013, el llamado Índice de Revalorización (IRP), que establecía un techo de aumento del 0,25% mientras el sistema de pensiones se encontrara en déficit para asegurar que el agujero de las pensiones dejara de crecer, pero a costa de que los pensionistas perdieran gradualmente poder adquisitivo.

Sin embargo, con la aplicación de la indexación al IPC se da la paradoja de que los pensionistas no solo mantendrán su capacidad adquisitiva, sino que ganarán. El Gobierno no ha establecido mecanismos de corrección en caso de que el IPC sea negativo, por lo que la fórmula es asimétrica al vincular la actualización de las pensiones a la inflación si esta sube, mientras que si los precios caen, como ocurrió en 2014 y 2020, estas se mantienen iguales. Esto podría suponer un incremento no justificado del gasto de entre 2,3 y 5 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB).

Desde 2007, los ingresos de los pensionistas han subido alrededor de un 30%, mientras que el salario medio de los trabajadores ha bajado un 10%, según BBVA.

Como consecuencia, el Gobierno afronta con todas las previsiones en contra la mayor subida de las pensiones de la historia, unos 4.500 millones de gasto adicional por la indexación al IPC.

El Gobierno deberá abordar dos subidas: la de ajuste compensatorio de 2021 y la correspondiente a 2022. La subida de las pensiones del 0,9% para 2021 (del 1,8% para las pensiones no contributivas) supuso un coste de 1.464 millones de euros para 11 millones de pensiones, incluyendo las clases pasivas.

De acuerdo a las previsiones de IPC para cierre de 2021, el Gobierno afrontará en 2022 un desembolso adicional que superará más de 4.500 millones solo por el regreso a la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC.

La reforma, que entrará en vigor en 2022, tras su tramitación en otoño, y se revisará de nuevo en 2027, suprime también el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Este será acordado en el marco del diálogo social antes de mediados de noviembre y empezaría a aplicarse en 2027.

En cualquier caso, este nuevo mecanismo no tendrá un carácter corrector, según ha publicado LA RAZÓN de acuerdo a fuentes del Ejecutivo, y por tanto no recortará la cuantía de la pensión inicial, al menos de entrada.

Además, la reforma incorpora medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación, a través de cuatro vías: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.