4.500 millones más de gasto en pensiones por el alza del IPC

El Gobierno encara con todas las previsiones en contra la mayor subida de las pensiones de la historia. La revalorización de las mismas a la evolución de los precios, blindada por el acuerdo político del Pacto de Toledo y contenida en la primera parte de la reforma del sistema de pensiones recién aprobada, se ve presionada por un IPC en ascenso. Los precios de consumo han seguido su escalada en julio con una tasa anual del IPC del 2,9%, dos décimas más que en junio y la más alta desde febrero de 2017, cuando fue del 3%. Según el indicador adelantado elaborado por el INE, en esta evolución destacan los servicios de alojamiento y el gas, cuyos precios aumentan este mes frente a las bajadas del año pasado, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, que disminuyeron más en julio de 2020 que este mes.

Los precios comenzaron en marzo una senda de incrementos en tasa anual en un contexto de subidas de los costes energéticos y de un repunte de la demanda por la recuperación tras los meses más duros de la pandemia.

En el nuevo escenario macroeconómico presentado esta semana, el Gobierno contempla un deflactor del consumo privado –homologable al IPC puesto que el Ejecutivo no pronostica la evolución de los precios– del 1,9% para el ejercicio. De acuerdo a estas estimaciones, las nóminas de los más de seis millones de jubilados aumentarán en unos 23 euros al mes, desde los 1.190 euros que alcanza la pensión media de jubilación en la actualidad hasta los 1.213 euros. Por su parte, la pensión media de viudedad, que cobran 2,35 millones de beneficiarios, pasaría de 740 a 754 euros, con una subida de unos 14 euros al mes. A su vez, la pensión de incapacidad permanente, con casi un millón de prestaciones, escalaría de 994 euros a 1.013 euros (19 euros más); la de orfandad pasaría de 417 a 425 euros; y la pensión en favor de familiares aumentaría desde 603 hasta 615 euros.

En conjunto, la pensión media del sistema para los casi diez millones de beneficiarios se situaría en unos 1.053 euros, desde los 1.034 actuales solo como consecuencia de la revalorización de las mismas con el IPC.

Para este 2021, el último en el que la revalorización se realizaba de acuerdo a las previsiones de inflación y no con las del IPC real del año anterior, las prestaciones han subido un 0,9%. Sin embargo, como todo apunta a que esa previsión quedará desbordada, el Ejecutivo tendrá que compensar a los pensionistas con una «paguilla» extra bastante cuantiosa. Funcas estima que la inflación media de este año alcanzará el 2,5%. BBVA Research anticipa una subida de precios del 2% de media anual.

El Gobierno deberá abordar pues dos subidas: la de ajuste compensatorio de 2021 y la correspondiente a 2022.La subida de las pensiones del 0,9% para 2021 (del 1,8% para las pensiones no contributivas) supuso un coste de 1.464 millones de euros para 11,12 millones de pensiones, incluyendo las clases pasivas.

De acuerdo a las previsiones de IPC para cierre de 2021, el Gobierno afrontará en 2022 un desembolso adicional que superará los 4.500 millones de euros solo por el regreso a la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC.

Déficit de 14.000 millones

La previsión de déficit de la Seguridad Social para este año es de más de 14.000 millones de euros, a pesar de contar con un volumen de transferencias del Estado para apoyar su equilibrio financiero por otros 14.000 millones. En este contexto se enmarca la transferencia de fondos del Estado a la Seguridad Social, que ascenderá en 2022 a 18.396 millones de euros, casi un 32% más que el ejercicio anterior, como parte del compromiso de que el Estado asuma los gastos impropios de la Seguridad Social, cifrados en unos 22.000 millones, durante la legislatura.