El Gobierno no permitirá que las empresas tengan más de un 8% de contratos temporales

Desde la CEOE se defendía antes de la reunión de la mesa de la reforma laboral que se sentaban “con espíritu de acuerdo” y sin “líneas rojas”, pero advertían que “vamos a dar margen a la negociación porque tenemos un mes por delante”. Tras el encuentro, ese margen y el espíritu de acuerdo se han reducido un poco tras leer la última propuesta del Gobierno, que dan “una de cal y otra de arena”, según explicaron fuentes empresariales. Se refieren concretamente a que el Ejecutivo está dispuesto a suavizar sus exigencias sobre la reducción de la temporalidad, que se situaría en un entorno máximo del 8% por empresa -en la última propuesta se había situado en un máximo del 15% sin distinción sectorial-, pero recupera la cláusula antidespido en todos los expedientes temporales, algo que la patronal había logrado retirar, pero que los sindicatos han conseguido que se vuelva a incorporar al texto en debate. Además, ante el rechazo combinado de los agentes sociales a la última propuesta de los nuevos ERTE, los negociadores gubernamentales han aceptado realizarun rediseño de este mecanismo, que verá la luz el próximo viernes.

Respecto al primer punto, el triunvirato Economía-Trabajo-Seguridad Social no ha querido tensar más la fina cuerda que aún les une a los empresarios. Por ello, en el nuevo texto regulatorio de la temporalidad, han buscado acercarse a la postura empresarial. Según fuentes de la negociación, los nuevos términos incluyen la posibilidad de firmar contratos temporales en las actividades ocasionales por un máximo de tres meses, descartando la obligación de integrarlos directamente a los contratos fijos-discontinuos -aunque estos seguirán siendo la referencia para este tipo de contrataciones-. Ofrecen por tanto mayor flexibilidad para sectores de alta temporalidad, como el sector agrario o la hostelería, para la propuesta del 15% máximo de temporalidad era inasumible, ya que en algunos caso, según el momento de las campañas de contratación, la eventualidad puede superar incluso el 50%.

Se trata de cambios en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la duración del contrato, y en el que se trabaja para intentar acotar la elevada temporalidad del mercado laboral en España. El objetivo es limitar modelos y el uso de los contratos temporales, hacer que el indefinido sea el que se suscriba por defecto e incentivar el uso del fijo-discontinuo. En los planteamientos iniciales se incluyó prohibir el uso del contrato temporal para picos de actividad cuando esa mayor carga de trabajo tenga que ver con la actividad “normal y permanente” de la empresa. Ahora se ha retirado.

En cuanto a los ERTE, fuentes de la mesa informaron a LA RAZÓN de que se han planteado dos cuestiones. Una primera en la que se ha decidido aparcar, hasta tener una mayor concreción, la nueva regulación de los ERTE que se propuso sin previo aviso en la última reunión, el denominado Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que agruparía tres tipos de ERTE: el de fuerza mayor o TOP, el de reestructuración y los expedientes sectoriales. El Gobierno quiere utilizarlos para aquellos sectores que sufran cambios estructurales y que requieran redireccionar laboralmente a la plantilla, o bien que directamente sufran las consecuencias de una crisis económica. Hasta el viernes, no habrá un nuevo borrador.

Ha sido con el segundo de los puntos de los ERTE en el que ha surgido el mayor desencuentro. El Gobierno ha decidido volver a incluir la prohibición de despedir a las empresas que se hayan acogido a un ERTE. Lo ha introducido tanto para los ERTE pandémicos como para los de nueva creación a instancias de los sindicatos, que exigen que las exoneraciones de cuotas vayan acompañadas de la garantía de mantenimiento de todos los empleos. El Ministerio de Trabajo ya retiró esta posibilidad ante el plante de la patronal, que exigió su retirada o se levantaban de la mesa, y no tuvieron más remedio que ceder. Ahora, no solo se mantiene la prohibición de despedir para los nuevos ERTE del mecanismo RED, sino para todos.

También se han tratado los aspectos relativos a la negociación colectiva -que incluyen caducidad de los convenios, la preeminencia de pactos sectoriales sobre los de empresa y el espinoso punto de la subcontratación-, pero la discusión siguen frenada por las diferentes posturas entre sindicatos y patronal. Los empresarios creen que el Ejecutivo “no se ha movido ni un ápice desde su postura inicial”, con un planteamiento muy cercano al posicionamiento de las organizaciones de los trabajadores. Por tanto, la propuesta mantiene el replanteamiento del contrato de obra en la construcción para transformarlo en una combinación de indefinida asimilable a formación entre contratos temporales, para los que se ha introducido algunas novedades relativas a los tiempos máximos de las diferentes fórmulas de contratación.