Multas de hasta 10.000 euros por abusos en los contratos temporales

El Gobierno ha convertido la temporalidad de los contratos en su propia cruzada y a cada reunión de la mesa de diálogo social va endureciendo su postura. La última vuelta de tuerca ha tenido lugar ante los agentes sociales en la última reunión para acercar posturas de cara a rubricar la reforma laboral. El último borrador presentado por el Ejecutivo endurece aún más su presión al abuso en la contratación temporal. Así, plantea multar a las empresas con entre 1.000 y 10.000 euros por cada contrato fraudulento.

El nuevo texto trasladado a la mesa plantea estas sanciones a empresas o autónomos societarios por cada trabajador que contraten temporalmente en fraude de ley y endurece los incumplimientos en contratación, elevando la multa a 1.000 euros en grado mínimo y a 10.000 en máximo por persona frente a los 751 euros y 7.500 euros actuales, propuesta que ha sido rechazada de inmediato por la patronal. “Es seguir poniendo palos a las ruedas. No se puede estar criminalizando a los empresarios y ponerles una espada sobre la cabeza todo el rato. Así no podemos avanzar porque lo que se propone no es bueno para el país. Contemplan medidas que lo único que hacen es restringir la flexibilidad de las empresas y las posibilidades contratación. Un empresario con miedo no contrata”, advierten fuentes de la patronal.

El borrador vuelve a ignorar a los empresarios y a contemplar otras importantes demandas sindicales, como la recuperación de la ultraactividad y la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa. También que las empresas que contraten trabajadores que vengan de los nuevos ERTE postpandemia -los denominados mecanismos Red- por reestructuraciones sectoriales tendrán bonificaciones en las cuotas que pagan a la Seguridad Social del 50 % durante 6 meses. Estos ERTE, se activarán por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Economía, Trabajo y Seguridad Social, y la prioridad será que se planteen reducciones de jornada, y no suspensiones, entre un 10% y un 70% con un plan de recolocación si es necesario en los sectoriales.

En este nuevo documento, el Gobierno ha reformulado el Red, eliminando los elementos que permitían el tránsito al despido o la percepción de indemnizaciones a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Estos nuevos ERTE se activarían por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Asuntos Económicos, Trabajo y Seguridad Social, aunque con carácter previo se deberá informar a los agentes sociales.

Asimismo, no servirán como justificación o aval para la adopción a nivel empresarial de medidas que afecten al empleo o las condiciones de trabajo, y habrán de procurar una reducción de jornada de los trabajadores afectados de manera prioritaria y, si no resulta viable, entonces ya se recurriría a la suspensión de empleo.

Como en la propuesta anterior del Gobierno, se establecen dos modalidades, aunque con algún cambio en su denominación. Así, se plantean ERTE “cíclicos”, con una duración máxima de un año, a los que podrían acogerse las empresas cuando la coyuntura macroeconómica general aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización del empleo, y ERTE “sectoriales”, aplicables cuando un determinado sector aprecie cambios permanentes o estructurales que generen necesidades de recualificación en la plantilla. Estos últimos tendrían una duración máxima de un año, pero con posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una, y conllevarían la obligatoriedad por parte de la empresa de presentar, de forma preceptiva, un plan de recolocación, aunque no lo vayan a aplicar después.

Según las mismas fuentes, las empresas que contraten trabajadores de empresas incluidas en el mecanismo podrán disfrutar de bonificaciones en sus cuotas a la Seguridad Social del 50% durante seis meses. La empresas podrán incrementar el crédito para la financiación de actividades de formación y los trabajadores tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las mismas. La inspección de Trabajo colaborará en el control de la aplicación del Red, que contará con un fondo para financiar los beneficios asociados al mismo (créditos de formación y bonificaciones).