El Gobierno incumple su promesa a los sindicatos y no subirá el salario mínimo en enero

El Gobierno no podrá cumplir con la promesa hecha a los sindicatos de que se elevaría el salario mínimo interprofesional (SMI) al comienzo de 2022 tras aprobar una prórroga que lo mantiene, aunque siempre le quedará la carta de aprobarlo posteriormente con carácter retroactivo -aunque será complicado que lo haga con fecha 1 de enero-. No quiere el Gobierno tensar más la fina cuerda que sostiene el diálogo social y ha preferido esperar a que se negocie la nueva cuantía con patronal y sindicatos, pero su idea es que antes de que acabe la legislatura alcance el 60% del salario medio.

Según fuentes gubernamentales, una vez acordada y aprobada la reforma laboral, que recibió hoy la luz verde en el Consejo de Ministros, el Gobierno abrirá la negociación del SMI, pese a que no tiene la obligación de pactar la subida. Puede limitarse a hacer una consulta, pero el Ministerio de Trabajo se ha mostrado partidario de hacerlo con un acuerdo dentro del diálogo social. Quiere evitar lo ocurrido con la anterior subida, que se pactó solo con los sindicatos, y que fue uno de los detonantes -no el único- para que se abriera el enésimo enfrentamiento interno en el seno del Ejecutivo entre PSOE y Podemos, y que finalizó con la decisión de colocar a Nadia Calviño al frente de todas las negociaciones.

En ese último acuerdo, Gobierno y sindicatos establecieron el compromiso de una “progresiva revisión” del SMI, que debería alcanzar antes de 2023 el tope del citado 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, acogiéndose a la Carta Social Europea suscrita por España, además de cumplir con una de las promesas del acuerdo del Gobierno de coalición. Los sindicatos pretenden que el salario mínimo llegue a 1.000 euros mensuales el año que viene, lo que supondría subirlo en 35 euros respecto a la cuantía actual.

La última subida del SMI se aprobó el pasado 28 de septiembre y se aplicó con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre. Dicho incremento fue de 15 euros mensuales, pasando el SMI de 950 euros a los 965 euros actuales, y todo ello como consecuencia de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos CC OO. y UGT, pero con el rechazo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.