La laxitud de la reciente Reforma Laboral, que parece que no ha contentado ni a sindicatos ni a los socios del PSOE en el Gobierno, hace pensar a los expertos que el Ejecutivo puede echar el resto en la que tiene que ver con el sistema tributario, y que, si nada se tuerce, entrará en vigor en 2023.

Una reforma encaminada a aumentar la recaudación y que se vislumbra como un verdadero hachazo fiscal en contraste con el camino emprendido por otros gobiernos socialdemócratas, como el alemán encabezado por Olaf Scholz. Su ministro de Finanzas ha anunciado hace apenas unos días una rebaja de impuestos de 30.000 millones de euros que beneficiará a ciudadanos y a empresas, al mismo tiempo que ha abogado por la austeridad para reducir el gasto público, algo bastante alejado de lo que plantea el departamento que dirige María Jesús Montero para los próximos años.

La noticia de la medida alemana llega justo cuando el comité de expertos encargados de poner los mimbres para armar la futura reforma tributaria está a escasas semanas de presentar las conclusiones (tienen como fecha límite el próximo 28 de febrero).

El pasado mes de abril Montero presentaba a los 17 «sabios» que debían establecer el marco teórico y confeccionar así un «libro blanco» que sirviera como base para rediseñar el sistema impositivo español y sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica, quizá los mayores desafíos de la ministra desde que tomó posesión de su cargo.

Integrada fundamentalmente por catedráticos de Economía y de Derecho Financiero y Tributario, la comisión está presidida por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y director de Laboratorio de la Fundación Alternativas, ligada al PSOE.

No obstante, el clima en el seno de la misma se ha enrarecido a raíz de la reciente salida de Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública del País Vasco, y que fue, precisamente, el último en incorporarse a la misma. Las discrepancias en la dirección de los trabajos y las presiones externas están detrás de esta salida. Y es que, al parecer, Zubiri no es el único miembro que se ha quejado de que están recibiendo «indicaciones» para sacar adelante un documento que se ajuste lo máximo posible a las tesis gubernamentales.

A falta de conocer el texto definitivo de los expertos, María Jesús Montero ya ha ido dejando desde el inicio de la legislatura migas de pan en el camino, dando pistas sobre la dirección que tomaría su reforma fiscal. A una subida con carácter general de los impuestos, se unirán nuevas tasas, especialmente «verdes». El pasado día 1 ya entraron en vigor el gravamen sobres las transacciones de acciones y sobre operaciones digitales, las conocidas como tasas Tobin y Google, y está prevista toda una batería de tributos medioambientales, entre los que se incluirá la aplazada subida al diésel o una nueva tasa a los plásticos.

Las empresas van a seguir sufriendo en sus carnes la subida de impuestos, con un incremento de los tipos, y una reducción de las deducciones de las que se benefician actualmente. En IRPF, todo apunta a que serán de nuevo las rentas altas las más afectadas. También se verán penalizadas las rentas del capital, así como las aportaciones a planes de pensiones individuales, ya que la intención es eliminar totalmente las deducciones de las que se benefician. Tampoco hay que olvidar que en la mente de Montero está acometer una «armonización» de impuestos, que afectaría especialmente a aquellos transferidos a las comunidades autónomas, como, por ejemplo, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

Ante estas previsiones y, dada la situación económica actual –en medio de una nueva ola de coronavirus que siembra de nuevo las dudas sobre la salida de la crisis–, cabe preguntarse si lo más conveniente para España es subir impuestos en este momento.

Los expertos consultados lo dudan, por lo que abogan por una reforma hecha en base a un diagnóstico correcto, y no utilizando solo los indicadores más convenientes políticamente. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), considera que no hay peor momento para alzas impositivas que el actual, más cuando tenemos un nuevo impuesto, que es la inflación. A su juicio, no estamos ante un problema de recaudación (ha aumentado dos puntos del PIB durante la pandemia), sino que la dificultad reside en que el déficit se ha incrementado en cinco puntos, lo que lleva a la conclusión de que los ingresos están «exhaustos», entrando así la fiscalidad en un terreno cada vez más confiscatorio. Según izquierdo, plantear subidas en dos figuras que ya están muy por encima de la media europea, como la presión fiscal empresarial (la suma de cotizaciones sociales e Impuesto de Sociedades) y la imposición patrimonial, es un gran error. En este sentido, recuerda que la presión fiscal en Sociedades y Patrimonio es un 27% y un 40%, respectivamente, más elevada que el promedio europeo.

«Un choque negativo de la oferta como el que estamos sufriendo se compensa con otro positivo, que no es otra cosa que bajar impuestos. Se está planteando una reforma como si España fuese una economía cerrada, sin tener en cuenta que competimos con países de nuestro entorno. La clave para recaudar más no es subir impuestos, sino ensanchar la base de contribuyentes, y para ello es necesario adoptar medidas fiscales que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo. Estamos ante un modelo tributario ineficiente y distorsionante, que está afectado al sistema productivo. Y mientras se suben impuestos, se ha descuidado la eficiencia del gasto público, un parámetro en el que España, en relación a su renta y a su pirámide demográfica, se encuentra en la cola de Europa», explica Izquierdo.

Esfuerzo fiscal

Uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para acometer sus planes fiscales es que, en España, hay margen para subir impuestos, ya que la presión fiscal es inferior a la del resto de países de la Unión Europea. Si nos atenemos a este dato, que establece la relación entre la recaudación tributaria y el Producto Interior Bruto (PIB), sí es cierto que el porcentaje español está por debajo del conjunto de nuestros vecinos (36,6%, frente al 45,4% de Francia o el 42,9% de Italia).

Sin embargo, existe otro indicador más revelador de la realidad tributaria en España: el esfuerzo fiscal, que relaciona la presión fiscal y el PIB per cápita. En este caso, el esfuerzo fiscal español se sitúa un 6,6% por encima de la media de la UE.

Ignacio Ruiz-Jarabo, el que fuera presidente del Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) entre 1998 y 2001, va más allá y sitúa el esfuerzo fiscal de un ciudadano español un 43% por encima del de un alemán. Esta diferencia, ya más que notable, se dispararía una vez entre en vigor la reforma fiscal. «Si queremos que el sistema tributario esté fundamentado en el principio de progresividad, de manera que tengan más carga fiscal aquellos que más renta posean, no se puede pretender que pague lo mismo un ciudadano español que uno alemán», señala.

El experto aboga por sistemas tributarios adaptados a los tiempos actuales, con la creación de nuevas figuras impositivas y la derogación de aquellas que han quedo obsoletas. «Es comprensible que surjan nuevos gravámenes, como los que tienen que ver con el medioambiente. Lo que no tiene ningún sentido es crear nuevos y mantener los antiguos, especialmente aquellos que como Patrimonio, ya no existe en ningún país europeo», añade.

Volviendo de nuevo al caso alemán, Ruiz-Jarabo afirma que, tal y como prevé hacer el país germano, es momento de bajar impuestos, reducir gastos y no aumentar la deuda, algo que parece ir en la dirección contraria a lo que, a día de hoy, se está planteando.

El caso de Madrid

Si hay un punto realmente controvertido en la reforma fiscal es el que tiene que ver con lo que, desde Hacienda, han llamado eufemísticamente «armonización» fiscal de impuestos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y que, en realidad, no es otra cosa que la subida de estos tributos. Se trata de impuestos transferidos a las comunidades autónomas. Por ello, esta idea de la «armonización» escuece, y mucho, a las comunidades gobernadas por el PP, y en particular a la presidida por Isabel Díaz Ayuso, donde Patrimonio, Sucesiones y Donaciones están bonificados al 99%.

Un movimiento que más tiene que ver con la política que con el objetivo de aumentar la recaudación para reducir el déficit y la deuda pública. Para apoyar esta afirmación, Ruiz-Jarabo compara Madrid, la comunidad más rica gobernada por el PP, con Valencia, la más próspera socialista, y llega a la siguiente conclusión: pese a que la región presidida por Díaz Ayuso lleva años reduciendo sus impuestos, tiene 20 veces menos déficit, tres veces menos deuda y un 50% menos de desempleo que la gobernada por Ximo Puig.

No obstante, la proximidad de citas electorales, en Castilla y León y Andalucía, así como el hecho de que 2023 coincidirá con el pistoletazo de salida de la campaña a las generales, pueden hacer desistir al Gobierno de aumentar estos tributos por el coste electoral que le puede suponer. «Si finalmente el Gobierno llevara a cabo su famosa ‘’armonización’', estaríamos ante un hecho muy grave, ya que se estaría atacando a la autonomía de los electores de una comunidad», asegura Ruiz-Jarabo.

Impuestos políticos

Además de su dudosa constitucionalidad, los llamados «impuestos políticos» introducen un importante elemento de distorsión en la economía. «Para llegar a un sistema fiscal lo más eficiente posible es necesaria una corresponsabilidad entre Estado y comunidades a la hora de diseñar sus gastos e impuestos de acuerdo con las preferencias y necesidades de sus ciudadanos. Son precisos sistemas fiscales competitivos que generen mayor recaudación por habitante, por que haya mayor actividad económica y menos economía sumergida. Introducir impuestos por motivos políticos no tiene sentido porque no se va a recaudar más promoviendo fenómenos contraproducentes como las deslocalizaciones», concluye Izquierdo.

Tener más impuestos no siempre es sinónimo de mayor recaudación. El estudio «La competitividad fiscal de las comunidades autónomas», elaborado por el IEE, establece una correlación entre la presión fiscal normativa (la carga de gravamen que el diseño fiscal introduce en la economía), la competitividad y la renta per cápita por habitante. Así, según el análisis, Madrid es la comunidad con menor presión normativa (33 puntos porcentuales por debajo de la media española). Pese a ello, es la que más impuestos recauda por habitante, un 63% más que la media nacional. En contraste, Cataluña, que es la comunidad que ofrece un entramado fiscal más complejo, no solo de España, sino de todas las economías avanzadas. Sin embargo, Madrid, la supera en 30 puntos porcentuales en términos de recaudación por habitante.

A vueltas con el IVA

La futura reforma fiscal también prevé una reestructuración de los beneficios fiscales, es decir, de las deducciones y exenciones de las que disfrutan en la actualidad los contribuyentes. Distintas instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el propio Banco de España han abogado por un uso más eficiente de los mismos.

A juicio del gobernador, Pablo Hernández de Cos, los impuestos no son muy distintos a los del resto de los países europeos, pero sí los son las deducciones y bonificaciones. Por ello, el supervisor bancario aboga por una recomposición de la estructura de los ingresos públicos, empezando por el IVA. Y es que España presenta una menor presión procedente de la imposición indirecta, especialmente por la aplicación de tipos reducidos y superreducidos.

La memoria de beneficios fiscales que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado, conocido como «Libro amarillo», calcula una pérdida en la recaudación de 41.939 millones de euros como consecuencia de estos beneficios fiscales. Precisamente, más de la mitad, 24.143, corresponden a los impuestos indirectos, especialmente al Impuesto sobre el Valor Añadido (22.401 millones). Las deducciones que afectan al Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) ascienden a 11.221 millones, y las de Sociedades se elevan a 5.674 millones. Por políticas de gasto, la mayor parte de los beneficios fiscales (14,2% y 5.958 millones) corresponden a servicios sociales, seguido por comercio, turismo y pymes (con un 13,4% y 5.628 millones), y Agricultura, Pesca y Alimentación (12,2% y 5.133 millones). En España, el IVA, un impuesto que recauda de forma indirecta, tiene un tipo general del 21%. No obstante, determinados productos y servicios se benefician una tasa reducida de 10%, y otra superreducida del 4%.

A partir de febrero, cuando los expertos presenten sus conclusiones, comenzará la cuenta atrás para una reforma fiscal que ni el propio Gobierno parece tener clara sobre su idoneidad a tenor de los aplazamientos que ha sufrido. En cualquier caso, lo que es evidente es que la dirección que tome dibujará en buena medida el mapa económico de España en los próximos años, siendo determinante para que pueda consolidar la senda de recuperación o, por el contrario, ahondar en sus desequilibrios.