Reducir en el año 2030 las emisiones de gases que producen efecto invernadero con respecto a 1990 es el ambicioso objetivo que se ha marcado la Unión Europea en materia medioambiental. Un primer paso hacia la neutralidad energética que Bruselas se ha propuesto alcanzar justo en la mitad del milenio.

Estamos, pues, inmersos en una revolución verde, que exigirá un cambio radical en el modelo económico y, especialmente, en el energético, que traerá aparejados importantes desembolsos. Y como muestra, un botón. Un reciente estudio de Bank of America elevaba el coste de la transición a 130 billones de euros en los próximos 30 años. Dicha cantidad sería necesaria para adaptar los sistemas de producción, consumo y transporte a la nueva realidad que se nos presenta.

Y es que la transición energética va mucho más allá de una simple sustitución de tecnología. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) incluye inversiones por valor de 242.412 millones de euros en el periodo comprendido entre 2021 y 2030. No obstante, estas estimaciones abarcan básicamente los costes de transición del sector eléctrico sin tener en cuenta otros muy importantes que harán que el precio de esta revolución verde se dispare de forma significativa.

Por el momento, los ciudadanos ya están notando en sus bolsillos el elevado coste de «lo verde». Las últimas subidas del recibo de la luz son ya un quebradero de cabeza tanto para el Gobierno como para los sufridos consumidores que ven cómo, mes tras mes, tienen que hacer frente a una factura cada vez más alta. En este incremento mucho tiene que ver el sensible aumento del precio del gas natural (el ciclo combinado es el que marca el coste marginal en el mercado eléctrico), y el coste de los derechos de emisión de CO2. A ello se une el hecho de que las renovables aún no estén funcionando de una manera plenamente eficiente. El cierre de centrales térmicas o el calendario de clausura de nucleares previsto por el Gobierno tampoco ayuda a reducir la factura energética. De nuevo, Bank of America ha cifrado en 476 euros por español el sobrecoste experimentado por la luz a lo largo de 2021 y 2022, algo que se puede intensificar debido a la escalada de las tensiones internacionales como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ante esta coyuntura, es fundamental un cambio en el sistema energético, pasando de un modelo centralizado, controlado por unas pocas compañías, a otro descentralizado, en el que el autoconsumo se imponga, contribuyendo de esta manera, además, a que el modelo de renovables se extienda por todo el territorio nacional.

El «Paquete de Invierno», también llamado «Paquete de Energía Limpia», que recoge las normas que establecerán la política energética de los estados miembros de la UE hasta 2030, incluye, entre otras medidas, la figura de las comunidades energéticas.

Se trata de entidades jurídicas basadas en la participación abierta y autónoma para producir energía renovable, y que están controladas por socios o miembros que pueden ser personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, cuya finalidad primordial es la de proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

Las comunidades energéticas pueden llevar a cabo múltiples actividades: producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía. Un ejemplo de este tipo de actividades son el autoconsumo o la generación distribuida, que suponen un factor importante de ahorro económico de muchas familias, especialmente para las más vulnerables, contribuyendo, además, a combatir la pobreza energética. Además, se evita la dependencia energética de las compañías eléctricas tradicionales aumentado, de esta manera, la competitividad de la industria.

De esta forma, se proporciona a los ciudadanos un acceso justo y fácil a recursos locales de energía renovable y otros servicios energéticos o de movilidad, pudiendo beneficiarse de inversiones en los mismos.

Los usuarios también tienen una mayor responsabilidad para la autoprovisión de sus necesidades energéticas, creándose oportunidades de inversión para ciudadanos y negocios locales, ofreciéndoles la posibilidad de crear ingresos que se generen y permanezcan en la propia comunidad local, sin olvidar los beneficios sociales y medioambientales para el territorio.

Toda una oportunidad, que reduce no solo la dependencia energética de nuestro país, sino también la industrial (hay que tener en cuenta que el 60% de los paneles solares son «made in China»), creándose una industria 100% nacional en toda la cadena de valor.

Pese a las bondades que presenta esta forma de generación colectiva, y de que forma parte de la estrategia de la Unión Europea en materia de transición, aún existe desconocimiento por parte de los estamentos públicos para promover este tipo de proyectos comunitarios que, en numerosas ocasiones, también encuentran dificultades desde el punto de vista administrativo, y de las que claro ejemplo son las subastas de renovables, que no siempre incentivan el valor compartido, ni abren la posibilidad a que todo el mundo se beneficie de las renovables.

En este sentido, los promotores locales advierten de que las restricciones actuales en las subastas llevadas a cabo por el Ministerio de Transición Ecológica suponen un gran freno al desarrollo de energías limpias, tanto por la escasa adjudicación que se les ofrece, como por las complicaciones para que pequeños productores puedan acceder a este tipo de generación eléctrica. El Real Decreto-Ley 17/2019 introdujo una disposición adicional a las Ley 24/2013relativa al otorgamiento de los permisos de acceso y conexión para garantizar una transición justa y estable, ya que el cierre de las centrales térmicas de carbón y nucleares tendrá un fuerte impacto en determinadas comarcas de España en las que sus ciudadanos dependen de los puestos generados directa o indirectamente por estas centrales de producción. En la misma, se hace referencia a que para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por el cierre de centrales a las nuevas instalaciones de generación a partir de renovables, además de requisitos técnicos y económicos, ponderarán beneficios medioambientales y sociales. De cumplirse con esta disposición, los nudos de transición justa incorporarían valor compartido, promoviendo el autoconsumo, y que todos los agentes de la zona (particulares, empresas, administraciones locales...) pudieran, entre otras cosas, acceder a tarifas más competitivas.

Por todo ello, la llegada de los fondos Next Generation supone toda una oportunidad para transformar el modelo energético y avanzar en la creación de alternativas y soluciones en el mundo local, como las que representan, precisamente, estas comunidades energéticas.

Participación social

Para contribuir a su creación y desarrollo, han surgido empresas como Nazargia. Se trata de una compañía que ayuda a beneficiarse a otras de las energías renovables desde el punto de vista de la integración arquitectónica de las EERR para comunidades energéticas, pero también desarrollando negocios de plantas de generación de fuentes limpias, en el que un modelo de participación social es la base del negocio.

Desde Nazargia, esperan que los diferentes nudos que presentan capacidad regulados por REE, sometidos a un concurso, y cuyas bases están a punto de hacerse públicas, apuesten por esta incentivación de la participación social, pública y privada, creando así un valor compartido. «Nosotros queremos facilitar este modelo de negocio compartido, a través de soluciones completas, que involucran instalaciones de autoconsumo integradas en las infraestructuras existentes, y complementándolo con instalaciones de generación adjuntas a estas sobre terrenos colindantes», indica Francisco José Jiménez Moreno, CEO de Nazargia.

En este sentido, considera que es muy importante la incorporación en estos modelos de las instituciones públicas locales, como ayuntamientos, para permitir una mayor eficiencia en sus consumos energéticos y, de alguna manera, que sean una referencia para incentivar a las empresas y comunidades de vecinos a quitarse posibles prejuicios en este aspecto.