Huelga

La huelga total del transporte, a un paso: 50.000 camiones más se suman al paro

El Gobierno ofrece 500 millones en subvenciones a costa de las petroleras. «La falta de concreción no permite reanudar la actividad», dicen varias patronales, entre ellas Fenadismer

La huelga del transporte no se acaba. A los pequeños transportistas que llevan más de una semana paralizando la distribución nacional con sus reivindicaciones se han unido ahora varias grandes patronales, ante la “falta de concreción de las medidas presentadas por el Gobierno. No se sabe ni en qué consistirán dicha medidas ni cómo se articulará”. Tampoco queda claro “lo más importante: en qué cuantía de la posible ayuda le corresponderá a cada transportista, y si ésta llegará tanto a los transportistas pesados como a los ligeros”, explicó la asociación Fenadismer en un comunicado conjunto con Fetransa y Feintra.

Por tanto, la oferta presentada ayer por el Gobierno ha resultado «insuficiente» e «inconcreta» para estas organizaciones, que rechazaron la oferta del Gobierno y se sumaron oficialmente a los paros. Entre las tres suman 32.000 empresas y más de 50.000 vehículos, que han decidido parar a partir de hoy, tal y como hacen desde hace ocho días los pequeños transportistas. «La falta de concreción de las medidas por parte del Gobierno no permite por el momento reanudar la actividad», señalaron.

Fenadismer es una de las federaciones más importantes. La segunda -la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías- agrupa a varias organizaciones empresariales de transporte de mercancías por carretera. La tercera -la Federación Independiente de Transportistas- es fruto de la unión de Asociaciones de Transportistas de Getafe, Talavera de la Reina y Cáceres, con más de 2.900 asociados.

Medidas insuficientes

Según razonaron su decisión en el comunicado, “consideran el anuncio de dichas medidas positivo”, pero también lo ven “insuficiente en la actual situación, con miles de transportistas parados desde hace más de una semana. Su falta de concreción y contundencia no permiten transmitir seguridad a los transportistas, principalmente autónomos y pymes, que en la actualidad se encuentran en una situación límite para poder seguir trabajando en condiciones de mínima rentabilidad”.

Además, estas federaciones no entienden cómo en el resto de países del entorno sus Gobiernos ya han concretado las medidas que van a aplicar a sus transportistas para ayudarles a superar la actual crisis y, sin embargo, el español “se resiste incomprensiblemente a anunciar qué dinero le va a llegar realmente al bolsillo de cada transportista para amortiguar el impacto de la subida de los carburantes, pese a la exigencia reiterada de las asociaciones de transportistas en las últimas semanas”.

Por todo ello, entienden que no reanudará su actividad “en tanto no sean detalladas las medidas urgentes y efectivas que requieren los transportistas para poder salir de la ruina en que se encuentran en la actualidad”.

Pero, ¿por qué la oferta ha llevado a este rechazo? Porque el Gobierno se ha limitado «únicamente» a ofrecer «un compromiso» para aprobar medidas concretas el próximo 29 de marzo para la reducción efectiva del gasóleo, que valoran en 500 millones de euros, «pero sin concretar en qué consistirán ni cómo se aplicarán». Mientras, la minoritaria Plataforma para la Defensa del Transporte que inició la huelga se mantiene también en sus trece. «Mientras (el Ministerio de Transportes) no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro», dijo el presidente de esta organización, Manuel Hernández.

La posición de los ministros

Las representantes del Gobierno –las ministras de Economía, Nadia Calviño; Hacienda, María Jesús Montero; y Transportes, Raquel Sánchez– continúan pues instaladas en su primera opción de esperar hasta el día 29 para implementar cualquier plan y en intentar evitar que este paquete tenga carácter de ayudas directas a la rebaja del combustible. Pese a ello, fuentes ministeriales confirmaron a este periódico que el Ejecutivo estaría «abierto» a aprobarlo en último término. Pero el sector no quiere ni puede esperar más y exige que las ayudas se apliquen «de manera inmediata y directa».

La ministra de Transportes se mostraba optimista después de la reunión porque había presentado un plan de medidas «en línea con lo anunciado en otros países europeos». Citó especialmente el modelo adoptado por Francia en el que una parte de la bonificación en el precio será sustentada por el presupuesto público y otra será a «cargo de las distribuidoras y comercializadoras de combustibles», es decir, de las petroleras. Pero la cuantía específica de la bonificación no se concretará hasta la reunión del Consejo Europeo.

Para la ministra «ya no hay motivos para la huelga», algo que se demostró poco después era erróneo. Esta «tardanza» en aplicar las medidas y las «inconcreciones» y la «improvisación» marcó finalmente el no de las patronales, al no tener claro cómo se aplicarán esas bonificaciones. El Gobierno también se ha comprometido a adelantar la aprobación de la devolución mensual del combustible profesional, en lugar de la trimestral que se hace actualmente. Nada ha servido para acabar con las movilizaciones al no ofrecer una plan de actuación claro e inmediato.