Díaz quiere volver a prohibir el despido procedente y la bajada de sueldos mientras se disparan los ERTE

La ministra negocia en el Gobierno para que se incluya en el plan de medidas que se activará el día 29 para paliar la crisis provocada por la guerra, la huelga del transporte y la inflación

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso FOTO: A. Pérez Meca Europa Press

“No es el momento de despedir”. Con esta frase concisa y concreta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a sacar a la palestra una cláusula que ya utilizó durante los peores momentos de la pandemia: la prohibición del despido objetivo. El objetivo de Díaz se centra en intentar reducir al máximo la pérdida de empleo, acuciada por una nueva situación crítica en el empleo provocada al unísono por la guerra de Ucrania, las movilizaciones del transporte y el sector primario y la desbocada inflación. Tres causas que están incidiendo de forma directa en la paralización de la actividad económica en infinidad de sectores, principalmente la industria, la construcción y el agroalimentario.

En esta tesitura, fuentes de ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que la propuesta “ya ha sido presentada por el Ministerio de Trabajo y se está negociando dentro del Gobierno”. En concreto, la idea de Trabajo es “reactivar la prohibición del despido objetivo, con el objetivo de evitar que las empresas generalicen extinciones de contratos aduciendo causas objetivas relacionadas con el impacto de la guerra en Ucrania”, manifestaron las mismas fuentes.

Esta medida se está negociando contra reloj porque la ministra Díaz pretende que se incluya dentro del plan de choque que el Gobierno prepara para su aprobación como decreto ley en el Consejo de Ministros del próximo día 29, que pretende contrarrestar los efectos de la escalada de los precios de consumo y, en particular, del coste energético. Desde el Ministerio se reconoce que “los tiempos son muy cortos y si no se puede aprobar el próximo martes se intentará hacerlo en el siguiente como una cláusula adicional”.

Yolanda Díaz utilizó el estrado del Congreso para presionar a su socio de Gobierno para que active esta medida. “No es el momento de despedir, ni tampoco es el momento de bajar salarios. Esto nos ha dado resultado en la crisis anterior y lo va a volver a hacer”, dijo ante los diputados, a los que recordó los “beneficios récord” que obtuvieron el pasado año las empresas cotizadas y “no pueden caer en estas prácticas”. También ha recordado que existen mecanismos tan eficientes como los ERTE, que se aplicaron “con enorme éxito” durante la pandemia.

Además, advirtió de que deben tomarse más medidas de inmediato, como la congelación de las subidas del alquiler y atajar el alza de precios, “sobre todo de la luz y los carburantes”, ya que los niveles actuales del IPC “entrañan el riesgo de avanzar hacia un panorama de empobrecimiento generalizado”. La vicepresidenta segunda adelantó que, además de las medidas energéticas y sociales, el decreto ley del martes incluirá “un bloque de medidas laborales”, al que pretende sumar la prohibición del despido.

Trabajo pretende cerrar la vía de los despidos ante el enorme aumento detectado de número de expedientes temporales que se están activando por culpa de la guerra y la huelga de transportes. Las empresas han agotado ya el cupo disponible de días libres, bola de horas y de vacaciones de sus trabajadores que se recogen en muchos convenios y ha empezado a solicitar los ERTE. Fuentes ministeriales han confirmado que el número de trabajadores incluido en estos expedientes se ha disparado durante las dos últimas semanas, confirmando la tendencia que venía produciéndose desde comienzos de año. Según los últimos datos de Seguridad Social, en el mes de febrero se rompió la tendencia a la baja de los últimos 11 meses y sumaron 3.000 personas en esta situación.

Según ha podido saber este periódico por fuentes de los gestores administrativos, esta cifra va “a multiplicarse por cuatro o por cinco”, ya que la industria del automóvil, la construcción y la agroalimentaria han llevado a estos expedientes a miles de sus trabajadores por la falta de suministros y materias primas. Además, la contratación se ha “parado en seco” ante las malas previsiones que se prevén para la campaña de Semana Santa.