Fedea reclama incluir en el pacto de rentas a pensionistas y funcionarios para evitar subidas automáticas ligadas al IPC

Elevar pensiones y sueldos públicos con el límite de la inflación subyacente –la que no tiene en cuenta la energía, los carburantes ni la alimentación–. Esa es la últma petición de la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada (Fedea), que se une a otros organismos como el Banco de España, Funcas o la AIReF para que en 2023 el incremento de las prestaciones de los pensionistas –salvo las mínimas– y los salarios no se haga sobre la tasa general, que roza ya los dos dígitos, y se haga con la subyacente. Se lograrían así dos objetivos directos: repartir el coste de la guerra en Ucrania «de la forma más equitativa posible» y salvaguardar las arcas públicas.

En un número especial de su boletín, dedicado a la crisis ucraniana, Fedea considera necesario que el Gobierno negocie un pacto de rentas con los agentes sociales en el que se incluyan también pensiones y sueldos públicos, y que cuente con el apoyo de los partidos políticos, para evitar así “una espiral inflacionista que sería perjudicial para todos”. En este sentido recuerda que se podría tomar como referencia la inflación subyacente o el resultado de restar de la inflación general “el ‘shock’ de precios a la importación acumulado durante el último año”, explica el documento. También aconseja concentrar las ayudas en los sectores y colectivos más afectados, evitando bajadas de impuestos energéticos y subvenciones de carácter general.

La Fundación ha alertado de que la ausencia de un pacto tendría consecuencias muy negativas, ya que “los detalles del diseño e implementación de un acuerdo de estas características serían complicados y es prácticamente seguro que no se acertará con la fórmula ideal para cortar la inflación en seco”, reconocen los expertos de Fedea, pero consideran que la ausencia de este pacto “tendría consecuencias mucho peores, pues haría más probable una cronificación de la inflación”.

En otro apartado del informe expone que para frenar los efectos negativos de la invasión de Ucrania para la economía, el ‘think tank’, ha calificado de “acertadas” las medidas del Gobierno tomadas para los sectores productivos más afectados por el encarecimiento de la energía y para los hogares con menos recursos, pero remarca que es “discutible” que esas acciones deban extenderse al conjunto de las empresas y familias. “La generalización de las ayudas aumenta mucho su coste presupuestario, desperdicia recursos al dirigirlos hacia grupos poco afectados y estimula la demanda de energía”, explica la fundación en el documento, en el que además añade que se contribuye “a empujar sus precios al alza y a engordar los ingresos de Rusia”.

Por eso, respecto al mecanismo de topar el gas que permitiría desacoplar los precios de la electricidad de los del resto de Europa, cree que esta medida no implica necesariamente un coste presupuestario, pues la necesaria subvención se podría repercutir sobre los consumidores de electricidad, pero sí supone un incentivo al mayor consumo de gas y una reducción de los incentivos y los recursos de los productores no gasísticos para invertir en una ampliación de su oferta, que “sería particularmente bienvenida en estos momentos en los que a la habitual preocupación sobre las emisiones hay que sumar los costes estratégicos de la dependencia de Rusia”.

En este sentido, Fedea cree que “habría que considerar también los posibles efectos sobre las decisiones de futuros inversores, que tenderán a exigir rendimientos más altos para compensar una mayor percepción de riesgo en aquellos países más proclives a tomar medidas de extracción de rentas, así como sobre los incentivos de hogares y empresas para buscar formas de reducir su consumo energético”.

Aunque el saldo neto de costes y beneficios sociales es difícil de calcular, en la situación actual “seguramente tendría sentido utilizar un mecanismo de este tipo”, según la fundación, que cree que, puesto que el mecanismo es graduable, debería utilizarse tanto para mitigar la situación actual como para facilitar el ajuste al mismo si resultara ser permanente. “Con este fin, convendría establecer una subvención al gas que compense sólo parcialmente la subida de los precios eléctricos y tenga además una senda prefijada decreciente en el tiempo, dando un margen a los usuarios más intensivos de electricidad para buscar alternativas más eficientes, pero empujándoles desde el principio a moverse en la dirección correcta”.

Por contra, no ve con demasiados buenos ojos la bonificación universal de 20 céntimos por litro del coste del combustible o la suspensión o reducción de impuestos que recaen sobre la electricidad. En este caso, la fundación afirma que “la generalización de las ayudas aumenta mucho su coste presupuestario, desperdicia recursos al dirigirlos hacia grupos poco afectados por el ‘shock’ y estimula la demanda de energía, contribuyendo a empujar sus precios al alza y a engordar los ingresos de Rusia por su exportación”.

Por ello, como alternativa propone destinar los incrementos de recaudación por IVA e impuestos especiales a compensar a los grupos más perjudicados por la subida de los precios energéticos, además de señalar que “convendría” establecer una subvención al gas que compense sólo parcialmente la subida de los precios de la electricidad y tenga una senda prefijada decreciente en el tiempo, dando un margen a los usuarios más intensivos de electricidad para buscar alternativas más eficientes. Otra posibilidad que plantea es introducir aranceles sobre las importaciones de combustibles fósiles rusos.

También valora negativamente la limitación a actualizar los precios del alquiler con el IPC al considerar que “podrían, quizás, tener algún sentido como parte de un pacto general de rentas, pero no como actuación independiente, pues contribuirán a incrementar los problemas de oferta que ya sufre el sector”. Igualmente rechaza la ‘prohibición’ del despido objetivo por causas ligadas a la guerra, al igual que la disposición homóloga en la legislación ligada al covid de emergencia.