83.000 empresarios, «amenazados» con multas de hasta 10.000 euros por irregularidades laborales

Multas de hasta 10.000 euros por cada infracción en el contrato de cualquier trabajador en el que se detecte alguna irregularidad laboral. Esa es la nueva «amenaza» que pondrá hoy en marcha laInspección de Trabajo y Seguridad Social, que inicia hoy un envío masivo de cartas a más de 83.000 empresas que han levantado las sospechas de los inspectores tras detectar algún tipo de irregularidad laboral en casi 200.000 trabajadores, la práctica totalidad de ellos por anomalías en sus contratos fijos-discontinuos –cuyo porcentaje de contratación se ha disparado más de 10 puntos desde la entrada en vigor de la reforma laboral– y en contratos temporales. La legislación laboral ha desterrado ya el contrato por obra o servicio, que permitía temporalidades, que en algunas ocasiones llegaban hasta los cuatro años, por lo que estos contratos deberían haber pasado ya a los nuevos modelos, «y ahí radican muchas de estas irregularidades, al no haber realizado bien los trámites, ya fuera por desconocimiento o no», explicaron a LA RAZÓN fuentes de los gestores administrativos.

La reforma laboral aumentó el calibre de las sanciones y las hizo individuales. Así, las multas por el uso fraudulento de la contratación temporal se han elevado desde un los 8.000 euros a un máximo de 10.000 euros y se aplican por cada situación fraudulenta –hay multa por cada irregularidad detectada y no por el conjunto de la empresa como ocurría hasta ahora–. Esta situación ha levantado todas las alarmas de los empresarios y los autónomos societarios, que temen que «esta nueva remesa de cartas amenazantes se conviertan en sanciones económicas que terminen de dar la puntilla a nuestros negocios definitivamente», explicaron fuentes empresariales.

Ya lo había avisado la semana pasada la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que anunció en el Congreso que la Inspección iba a empezar a investigar los posibles casos fraudulentos en torno los contratos de fijos discontinuos y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, lo confirmó esta misma semana anunciando el inicio de la campaña de cartas de preaviso.

El pasado 30 de marzo entró en vigor oficialmente la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz, que determina que el contrato de trabajo ordinario es el indefinido y la temporalidad solo está autorizada en unos supuestos muy determinados: por circunstancias de la producción o demanda por un tiempo máximo de seis meses y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo.

Por tanto, los sectores que estacionalmente habían recurrido siempre a contratos temporales utilizan ahora mayoritariamente el contrato fijo-discontinuo, que tiene los mismos derechos que el resto de indefinidos, aunque no deja de ser un contrato temporal encubierto con una mayor indemnización. Por eso, la ratio de rotación de éstos se ha disparado y alcanza ya el 32,38% del total, es decir, que ha tenido un incremento de 10,79 puntos porcentuales con respecto a marzo, mientras que los temporales se han quedado en un 15,64%, disminuyendo 14,4 puntos frente al mes anterior, según el último informe de contratación de Adecco.

Y las cifras oficiales ratifican este despegue. De los casi 700.000 contratos indefinidos firmados en abril, a tiempo completo sumaron 284.732, un 177,4% más que en igual mes de 2021, en tanto que los contratos indefinidos a tiempo parcial totalizaron 174.154 (+19,3%). Por su parte, los fijos-discontinuos se han multiplicado por más de diez veces en un año, un 1.273%, pasando de los 17.391 contratos mensuales de abril de 2021 a los 238.760 de abril de 2022. El Ministerio de Trabajo considera estos contratos como indefinidos, aunque no lo sean. En diciembre de 2021, los contratos fijos eran el 10% del total, en enero subieron al 15%, en febrero al 22%, en marzo al 31% y en abril superaron ya el 48% gracias al impulso de los fijos discontinuos.

Entre los contratos suscritos en abril, algo más de 745.000 siguieron siendo contratos temporales, de los que el 25,5% fueron por circunstancias de la producción a tiempo completo y el 4,75% fueron de sustitución, también a tiempo completo.