Alerta de nuevo colapso en el SEPE por el aluvión de trámites por las prestaciones de las empleadas del hogar

El Servicio de Empleo Estatal (SEPE) vuelve a colocarse en el ojo del huracán por un nuevo aluvión de trabajo extra que «nos ha vuelto a pillar sin ninguna previsión por parte del Ministerio y que puede volver a tensionar la gestión del servicio», explicaron a LA RAZÓN fuentes del organismo. Este temor se produce tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros el real decreto ley con el que se dota de más derechos y coberturas sociales a las empleadas del hogar, y que provocará, según denuncian desde CSIF, «una situación crítica en el Servicio por la carencia del personal y la acumulación de gestiones».

Por ello, el sindicato exigió ayer que no se repitan los mismos errores cometidos durante la reciente pandemia y se apruebe la contratación «inmediata» de un refuerzo en la plantilla del SEPE para hacer frente a las gestiones asociadas al nuevo subsidio para las empleadas del hogar, ya que va a suponer una «carga extra» para los trabajadores, que ya vivieron una situación similar durante la pandemia por la acumulación de tramitaciones de los ERTE y otras prestaciones sociales.

En un comunicado, CSIF denuncia que la plantilla del SEPE afronta una nueva «situación grave» que puede colapsar el sistema por la carencia de medios y de personal y por la acumulación de gestiones. Por ello, ha vuelto a reclamar el aumento de una plantilla ya de por sí mermada durante los últimos años, que «ya acumula un déficit de 5.100 efectivos», a los que hay que sumar la pérdida de la plantilla de refuerzo habilitada para la pandemia.

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley con el que se da luz verde a la prestación por desempleo para las empleadas de hogar, que comenzarán a cotizar por ese concepto a la Seguridad Social y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a partir del 1 de octubre. Estas cotizaciones estarán bonificadas en un 80% para los empleadores, en tanto que se mantiene la reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes. Los tramos de bonificación en las cotizaciones por contingencias comunes se elevarán por encima del 20% «en función de la composición del hogar y también de los niveles de renta y de patrimonio», informó el Ministerio. Este punto será desarrollado en un reglamento posterior, para lo que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se han dado un plazo de seis meses para aprobarlo. Entre los nuevos derechos destaca la limitación de la figura del desestimiento, que permitía el despido sin causa.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiró de autopropaganda durante la rueda de prensa posterior al Consejo y aseguró que «gracias al Gobierno de coalición las mujeres trabajadoras del hogar conquistan los derechos en sentido pleno. Es un gran triunfo del feminismo». Según explicó, esta norma trata de equiparar los derechos de estas empleadas con los del resto de trabajadores, pero teniendo en cuenta sus «peculiaridades, ya que los empleadores no son ordinarios». Asimismo, se incorpora a estas trabajadoras al derecho a la prevención de riesgos laborales, así como al de formación, ya que se trata de un colectivo que cada vez requiere «de mayor especialización, de mujeres más y mejor formadas».

El Gobierno se compromete también a crear una comisión de estudio para incluir la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades profesionales para que se identifiquen y se corrijan las deficiencias que existen en los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres. «Estamos corrigiendo las discriminaciones del legislador con una norma que ha optado por considerar que hay una desvaloración en el trabajo realizado por mujeres», concluyó. En la actualidad hay 373.121 personas trabajadoras del hogar afiliadas a la Seguridad Social.