Así quiere recaudar la Unión Europea 140.000 millones del beneficio de las empresas energéticas

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles medidas extraordinarias para contener los precios energéticos, en un momento en el que las facturas están asfixiando a familias y empresas debido a la guerra en Ucrania y el chantaje ruso. La iniciativa será debatida en la reunión de los ministros de Energía de los Veintisiete prevista para el 30 de septiembre.

Como medida estrella, el Ejecutivo comunitario propone establecer un límite a los ingresos extraordinarios de las fuentes de energía como las nucleares, renovables y lignito (denominadas inframarginales). A pesar de ser mucho más baratas que el gas, el sistema de fijación de precios actual encarece la factura final y la Comisión ha decidido establecer un tope para que en las subastas el precio máximo no supere los 180 euros/MWh. Se espera que los países recauden la diferencia entre este montante y el precio del mercado y que usen el dinero para auxiliar a los colectivos más vulnerables o para promover la inversión renovable.

En documentos anteriores del Ejecutivo comunitario se barajaba que este tope estuviera situado en los 200 euros/MWh. Una cantidad que a España le parecía demasiado elevada, ya que la «excepción ibérica» ha reducido significativamente los precio, si se compara con otros países europeos como Alemania que está sobrepasando los 500 euros/MWh. Bruselas explica que este tope común para todos los países se ha establecido según el coste operativo y de inversión de todas las energías, pero que los estados son libres de imponer un límite más bajo según cada tipo de fuente. Con este medida Bruselas pretende recaudar 117.000 millones de euros en un año, aunque en un principio se espera que esté vigente desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, con la posibilidad de ampliar el periodo.

Esta medida se complementa con una contribución de las fuentes de energía contaminantes (petróleo, gas y carbón) del 20% del incremento de los beneficios comparado con las media de los tres años previos. En este apartado, Bruselas calcula poder recaudar 25.000 millones. En total, el Ejecutivo comunitario cifra en 140.000 millones el dinero que estará disponible en los Veintisiete para hacer frente a esta crisis y ayudar a los que peor lo están pasando. «En estos tiempos no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores. En estos momentos, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan», ha asegurado Von der Leyen desde el hemiciclo del Parlamento Europeo.

En el caso de España, el Gobierno de Pedro Sánchez ya tenía previsto una tasa a los beneficios extraordinarios de las eléctricas con la que pretende recaudar 2.000 millones de euros al año durante 2023 y 2024. Aunque la semana pasada, Bruselas desconfiaba de medidas nacionales que pudieran solaparse con su propuesta, los técnicos comunitarios están abiertos ahora a estudiar el caso español y darán su luz verde si los objetivos siguen siendo los mismos.

La iniciativa también aboga por un plan de ahorro voluntario del 10% en el consumo de electricidad que se vuelve obligatorio en un 5% durante las denominadas horas pico, de forma que esto abarque el 10% de las horas mensuales más caras, una media de tres o cuatro días por semana.

De momento, se quedan fuera del tintero otras propuestas esbozadas la semana pasada como un límite al precio del gas y la relajación de ayudas de Estado para avalar de manera pública las garantías de las comercializadoras energéticas. Bruselas considera que necesita más tiempo para presentar una iniciativa detallada. Además, habrá que esperar hasta 2023 para que la Comisión Europea haga pública una reforma estructural que desligue el precio del gas de las tarifas del resto de las fuentes de energía.

Ante la presión que se está ejerciendo sobre las energéticas, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) denunció ayer la falta de “encaje legal” del tributo que quiere aplicar el Gobierno a las compañías energéticas porque es un “impuesto encubierto e incompatible con principios tributarios de rango constitucional”. En un comunicado, la asociación, que integra a las compañías BP, Cepsa, Eni, Galp, Gunvor, Repsol y Saras, defendió que ese nuevo gravamen a las energéticas presenta graves problemas en su planteamiento y objetivos, ya que hay una desvinculación entre lo que se pretende gravar y el hecho imponible que se establece, al centrar el tributo en la facturación “y no en unos beneficios extraordinarios que, por otra parte, no existen”.