El comité de expertos de la reforma fiscal cobró 30.000 euros

Las actas entregadas por Hacienda a petición de Transparencia recogen llamadas al «sigilo» y la «reserva» y en las reuniones destaca la ausencia de la patronal

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

El Ministerio de Hacienda ha entregado las actas del comité de expertos para la reforma fiscal, a petición del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en base a la solicitud de un ciudadano particular, el abogado y profesor de Economía Pública en la Universidad Carlos III Guillermo Rocafort, preocupado por el alcance de sus conclusiones en la subida de impuestos que prepara Hacienda.

Tras la negativa previa de la cartera de María Jesús Montero a dar información, el Instituto de Estudios Fiscales de Hacienda ha facilitado los datos que se requerían en una reciente resolución de su director general, Alain Cuenca, miembro a su vez del equipo de expertos.

Igualmente se informa de las retribuciones recibidas por los expertos fiscales, 29.537,50 euros en total por los servicios prestados. Son diecisiete miembros, con Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos como presidente, e integrado por expertos de carácter multidisciplinar con especialistas en el ámbito del Derecho Tributario, la Economía y la Hacienda Pública.

Las 21 actas, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, dan cuenta de las reuniones llevadas a cabo entre el 21 de abril de 2021 hasta el 2 de marzo de 2022, la mayoría por videoconferencia, aunque también hubo alguna presencial. Analizado su contenido, son constantes las referencias al secreto de las deliberaciones y trabajos, así como a no dar ninguna información a la prensa al respecto. Así, por ejemplo, en la página 2 se habla de «deber de sigilo» y «sentido común a la hora de atender a los medios de comunicación»; en la página 41 se advierte de que «las peticiones de los medios de comunicación serán canalizadas hacia el presidente»; mientras que en las páginas 38 y 45 se recogen «las presiones» de la prensa, una invitación a «mantenerse lejos de los medios» y cómo el presidente «reitera la conveniencia de mantener la discreción y reserva frente a la prensa».

Así mismo, destaca a LA RAZÓN el propio demandante de la información la «falta de pluralidad», porque echa en falta «otros catedráticos que no miren desde un academicismo ideologizado». En este sentido, lamenta Rocafort que «no se haya invitado a asesores fiscales independientes, ni a economistas prestigiosos, ni a expertos internacionales, ni a los abogados especializados, ni a asociaciones de consumidores y usuarios», como tampoco a «asociaciones de contribuyentes, ni a los autónomos, etc.» Denuncia el abogado que «solo se ha consultado a afines, como a los sindicatos CC OO y UGT y a la Agencia Tributaria para saber su parecer».

En su opinión, de la lectura de las actas se desprende que hay ponencias «muy ideologizadas» en la reforma fiscal propuesta por el comité de expertos, como la del documento «Sistema tributario y desigualdades de género».

También pone el acento el letrado en que los representantes patronales no hayan participado en los debates. En la página 17 se dice que «ha sido imposible contactar con Cepyme», y en esa misma página y la siguiente se reconoce (punto 4 del orden del día) que no pudo desarrollarse la comparecencia de las organizaciones empresariales («una persona en representación de CEOE y una persona en representación de Cepyme»).

Además, del análisis de las actas «no se puede saber el motivo» por el que dos miembros del comité de expertos presentaron su dimisión a punto del dictamen final.

Llama también la atención que la palabra «consenso», es decir, ausencia de disidencia en las propuestas de reforma fiscal, «es repetida hasta 12 veces en total en las actas».

Por último, en la página 47 se dice que habrá una reunión para tratar las propuestas fiscales de ONG internacionales como Save the Children y Unicef, cuestión «meramente propagandística» a juicio de Guillermo Rocafort, para quien supone una «injerencia internacional» y un «contrasentido» lo que «puedan decir del IVA, el IRPF o el impuesto de sociedades entidades que se dedican a la ayuda a la infancia y la alimentación en países subdesarrollados». «¿No hay interlocutores nacionales con mucho mayor peso específico?», se pregunta.

El abogado y fiscalista que ha promovido esta acción en pro de la transparencia tributaria destaca que la reforma fiscal de Pedro Sánchez, tras analizar estas actas, «quedará retratada como una acción en la que los aspectos sectarios e ideológicos lo inundan todo; donde solo se ha tenido en cuenta a gente de “carnet” y donde no se ha tenido en cuenta ni a la sociedad civil ni a la mayor parte de los estamentos económicos españoles productivos en su análisis y redacción». Considera por lo tanto «que ha dado como resultado una reforma fiscal que en realidad es una nueva confiscación fiscal contra los contribuyentes para financiar todo el entramado político y propagandístico del Gobierno socialcomunista». Es un texto «ideológicamente tendencioso y servil con los fines de voracidad recaudatoria del Gobierno», concluye Rocafort.