Multas de hasta 4.000 euros a las compañías que no cumplan la ley que prohíbe que los transportistas trabajen a pérdidas

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va a endurecer las multas para aquellos cargadores que no cumplan la ley que entró en vigor en agosto y que impide que los transportistas trabajen a pérdidas o que realicen labores de carga y descarga, tal y como había reclamado el sector en los últimos meses. Para ello, el Mitma acaba de aprobar el Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera de 2023, que ha presentado hoy a la Comisión de directores generales de Transporte de las comunidades autónomas y del Estado y que, según asegura, está diseñado para “velar por el cumplimiento de las normas aprobadas por el Gobierno para avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación”, tal y como se acordó con los representantes del sector para mejorar las relaciones en la cadena de transporte el pasado mes de abril tras las movilizaciones que realizó la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera.

El Plan recoge las líneas generales de las actividades prioritarias que llevarán a cabo las distintas inspecciones, estatal y autonómicas, en 2023 y adopta medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del transporte por carretera y corregir las asimetrías existentes en el mismo, según ha explicado el Mitma. Así, el plan introduce el control de la prohibición con carácter general de la carga y descarga por parte de los conductores y el control del precio del transporte, que ha de cubrir el coste en los casos del transportista efectivo. Las reformas también recogen obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista.

Multas

Para garantizar que la norma se cumple, el Mitma ha explicado que se incluye un nuevo régimen sancionador con multas de hasta 4.000 euros. El ministerio ha recordado que en 2021 se modificó la Ley Orgánica del Transporte Terrestre (Lott) para aplicar un nuevo régimen sancionador a las empresas que paguen a más de 60 días en el sector del transporte por carretera, con multas de hasta 4.000 euros, que podrán elevarse a 30.000 euros en los casos más graves. Asimismo, ha explicado que se han desarrollado nuevas herramientas informáticas para facilitar la actividad inspectora, con el desarrollo, entre otros, de nuevos procedimientos telemáticos. El ministerio ha puesto en marcha este año el servicio de buzón de denuncias anónimas para informar de posibles infracciones o incumplimientos y ayudar así a que la inspección sea más ágil y efectiva.

El Mitma ha asegurado que la actividad inspectora mantendrá como objetivos la lucha contra la competencia desleal que provocan las empresas deslocalizadas, denominadas empresas buzón, en colaboración de la Inspección de Trabajo, así como la detección de las cooperativas de trabajo asociado fraudulentas y otras actividades ya contempladas en los anteriores planes de inspección. En este sentido, asegura que se ha reforzado la inspección con medios propios de las Administraciones Públicas, para la lucha contra la competencia desleal. La Inspección, atendiendo a la normativa europea, seguirá controlando la conducción y descanso de al menos el 3% de las jornadas de los conductores profesionales, cifra que asciende este año a 1.602.696.

En cuanto a la inspección del transporte de viajeros por carretera, Transportes mantiene una línea continuista, siendo el objetivo de la inspección controlar el cumplimiento de las condiciones esenciales de las concesiones en los servicios regulares de viajeros, el transporte de escolares y de menores y el transporte realizado en vehículos de alquiler con conductor.