¿Qué va a pasar con el precio de los alquileres? Avisan de más subidas por las medidas del Gobierno

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) se ha mostrado «totalmente contraria» a la prórroga «forzosa» de contratos de alquiler que ha aprobado el Consejo de Ministros, incluida en el paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Esta medida, que obligará a extender durante seis meses todos los arrendamientos que expiren entre enero y junio de 2023, junto a la ampliación del límite del 2% a la actualización de las rentas y la prórroga de la paralización de los desahucios supone «un nuevo ataque al derecho a la propiedad privada de más de dos millones de propietarios en España».

Asval ha criticado que, con esta medida, el Gobierno carga sobre los propietarios el problema social de la vivienda, que es responsabilidad de la Administración. Además, recuerda que el 75% de los propietarios son particulares con una o dos viviendas, que las destinan al alquiler de vivienda de uso habitual. «Esta nueva muestra de intervencionismo en el mercado del alquiler agravará aún más el problema de oferta que tenemos en España», advierte la directora general de Asval, María Andreu. En su opinión, la inseguridad jurídica e indefensión que provocan estas medidas reducirán la inversión en vivienda en alquiler y llevará a que los propietarios retiren sus inmuebles de este mercado. «Los colectivos vulnerables, aquellos a los que se dice proteger con estas medidas, serán los más perjudicados, ya que esta disminución de la oferta dificultará aún más el acceso de estas familias a una vivienda», avisa Andreu.

En España hay unos 3,5 millones de viviendas alquiladas. La prórroga del tope del 2% para la actualización de rentas que el Gobierno decretó el pasado marzo y que expiraba esta semana fue una de las medidas pactadas con Bildu en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. En un año, los alquileres han subido más del 7% de media en España y han batido récords en las grandes ciudades.

“No puede ser peor para los que busquen casa en enero”

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha manifestado que las medidas anunciadas este martes por el Gobierno dentro del plan anticrisis en materia de alquileres son una señal de que el Ejecutivo “se equivoca otra vez”, puesto que supone “desconocer” las dinámicas del mercado y traerá “un profundo impacto negativo” en 2023. Según ha explicado Iñareta, la prórroga es una “excelente noticia” para los inquilinos actuales, pero “no puede ser peor” para las personas que busquen casa a partir de enero.

En este sentido, el portavoz ha explicado que el problema del mercado inmobiliario está en la falta de oferta, que sigue menguando y general tensiones en los precios y una “enorme” ansiedad en las familias. “Las medidas anunciadas, lejos de arreglar la situación, la empeoran gravemente. No solo desincentivan la aparición de nuevas viviendas en el mercado, sino que empuja a muchos más propietarios a sacarlas del mismo y a ponerlas en venta”, ha reiterado Iñarrieta. En consecuencia, desde el portal inmobiliario han apelado a trabajar desde las administraciones públicas para “ofrecer seguridad jurídica” e incentivos a los propietarios. “Mientras el Gobierno siga desmontando, medida a media, el mercado del alquiler, el problema seguirá aumentando”, han expresado.

“Ampara a inquilinos no vulnerables”

El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, indicó este martes que “prorrogar por decreto todos los contratos de alquiler en España durante seis meses más para todo tipo de inquilinos, vulnerables o no, es una medida totalmente innecesaria y muy contraproducente para los propietarios de viviendas en alquiler”. Es la respuesta de la agencia a las medidas anunciadas por el Gobierno, indicando que el hecho de prorrogar “todos los contratos, sin tener en cuenta la vulnerabilidad de los inquilinos” sólo “tuvo sentido” durante la pandemia.

Además, apuntó que en los nueves meses de vigencia del tope a la subida del precio del 2% en la revisión anual de alquileres, también prorrogada en 2023 y en la que los propietarios no han podido aplicar una subida similar al IPC, estos han perdido “unos 1.800 millones de euros”, pérdidas que ahora serán “mucho mayores” porque no podrán “actualizar sus rentas a precios de mercado, perdiendo todavía más poder adquisitivo”. Zurdo recordó que “más del 93% de los propietarios son particulares”, que “necesitan” este dinero “para compensar la elevada inflación, que también les afecta a ellos”.

Así, apuntó que esta medida de “intervención del mercado del alquiler” es un “claro mensaje” a los propietarios para decirles que “no tendrán ninguna compensación por la pérdida del poder adquisitivo y que la política social de vivienda de alquiler del Gobierno es inexistente, y toda la carga recae en los hombros de los arrendadores”. Además, señaló que estas medidas “destinadas a sobreproteger al inquilino, terminan siendo una mala consecuencia para los arrendatarios, que les está dificultando enormemente el acceso a la vivienda en alquiler”, pues “hay cada vez menos oferta, a precios más elevados y cada vez se les piden más requisitos a los inquilinos para poder acceder a una vivienda”.

Zurdo criticó que el Ejecutivo, vista la dificultad para aprobar definitivamente la Ley de Vivienda, haya decidido “saltarse todas las normas y también a las comunidades autónomas, para ir aplicando contenidos de esta Ley”. “Esta es una medida política que tiene la clara intención que cambiar las reglas de juego, vulnerando por un lado la legalidad de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), favoreciendo una vez más a los arrendatarios, en detrimento de los propietarios particulares”, lamentó. Además, subrayó que la medida “ampara a inquilinos, que, sin estar en situaciones de vulnerabilidad, en este caso por una inflación elevada, ya estaban dando muestras de impagos, de retrasos o de otros incumplimientos contractuales, y que, en situaciones normales, ningún propietario prorrogaría los contratos”.

“No se pueden cambiar las reglas cada 15 minutos”

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado este miércoles las medidas “intervencionistas” del Gobierno de Pedro Sánchez en el mercado del alquiler y le ha acusado de provocar inseguridad jurídica con sus decretos, en este caso “a tres días de vencimiento del año”. Además, ha dicho que son medidas con las que “no está de acuerdo” ni el inquilino ni el arrendador. En una entrevista en Antena 3, Bravo ha indicado que la seguridad jurídica es “lo más importante que puede tener un país” y ha avisado de que no se pueden “cambiar las reglas cada 15 minutos” con decretos “a tres días de vencimiento de año, como está pasando”, según ha denunciado. El dirigente del PP ha criticado que el Gobierno realice “medidas intervencionistas”. “Ni está de acuerdo el inquilino ni el que arrienda ni está demostrado que haya más oferta. ¿Cuál es la parte beneficiosa de esta medida?”, se ha preguntado.