Cheque de 200 euros para alimentos: un gesto más político que efectivo

Entre las medidas del Real Decreto-ley 20/2022, del 27 de diciembre de 2022, establecidas para mejorar la situación económica actual, destacan las ayudas para contrarrestar el aumento de los precios de los alimentos: otorgamiento de un cheque de 200 euros para ayudar a las familias y reducción del IVA de los alimentos, rebajando el súper-reducido del 4 al 0% y el reducido del 10% al 5%.

No hay duda de que las medidas anunciadas serán mucho más eficientes que las anteriormente propuestas de limitar los precios de los alimentos, que hubieran perjudicado a los pequeños comercios, agricultores y proveedores, obligándoles a reducir sus márgenes.

La reducción del IVA no logrará paliar la totalidad del aumento de precios en los productos de alimentación, pero reducirá ligeramente los precios de venta al consumo. Con esa medida, España se alineará con la mayoría de los países de la Unión Europea cuyo IVA súper-reducido ya es actualmente del 0% y cuyo porcentaje de IVA reducido es, en la mayoría de los casos, de un 5%.

Respecto al cheque de 200 euros para las economías familiares con una renta inferior a 27.000 euros, excluyendo a las que perciban el ingreso vital mínimo (IMV) o sean pensionistas, es un gesto más político que efectivo. En las rentas del tramo superior representará un 0,7% de su renta y en las de tramos inferiores apenas llegará al 1%. Como podemos ver, es una ayuda anecdótica, comparada con el aumento de los precios de los alimentos.

Hubiera sido menos burocrático y más justo incluir esos 200 euros como deducción en la declaración de la renta. Transferir 200 euros al que lo solicite es una noticia llamativa pero en ningún caso ágil o justa. Obtendrán esos 200 euros aquellas familias solicitantes, que no tienen por qué ser las más necesitadas, sino las que se encuadran en un tramo determinado de la renta. Quedarán excluidas familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital o pensionistas con rentas inferiores a 17.500 euros, renta media de las pensiones en España, que pueden ser mucho más vulnerables que un contribuyente con renta inferior a los 27.000 euros.