Sólo un 13% de las ciudades que tienen que implantar zonas de bajas emisiones este año ha iniciado los trámites para hacerlo

La implantación de laszonas de bajas emisiones (ZBE) en las ciudades españolas más pobladas va con retraso. Pese a que los municipios de más de 50.000 habitantes y aquellos de más de 20.000 que superen unos valores límite de contaminación tienen la obligación de establecer áreas de este tipo desde el 1 de enero de este mismo año, sólo 20 de los 149 ayuntamientos (13%) que deben hacerlo habían iniciado a finales del año pasado “la presentación de sus medidas”, según los datos recopilados por la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval), que pide “claridad” y celeridad para que los usuarios puedan conocer las prohibiciones y restricciones circulatorias con tiempo suficiente.

Aneval también ha solicitado que se ponga en marcha “lo antes posible” la plataforma en la que está trabajando la Dirección General de Tráfico (DGT) y que deberá recoger en abierto todas las ordenanzas municipales de las zonas de bajas emisiones. “Tanto el ‘rent a car’, que constituye la principal oferta de movilidad compartida, como el usuario final que utiliza sus servicios y necesita tener volcada esa información en su navegador, requieren consultar en tiempo real con qué tipo de vehículos puede acceder a estas zonas y en qué condiciones”, según la asociación. Esta plataforma de la DGT debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS para los vehículos puedan advertir de las restricciones cuando se intente acceder a una zona de bajas emisiones.

Aneval considera que, además del retraso en la implantación de la normativa, la ausencia de un marco común que permita conocer con claridad las regulaciones ha derivado en una “disparidad de criterios” que, “lejos de unificar, confunden todavía más a usuarios y empresas”. “Mientras el último borrador de Ponferrada (León) permite un número limitado de accesos anuales a los coches con etiqueta A, B y C (ampliables si se pagan 25 euros), Santander y Torrelavega no implantarán las zonas de bajas emisiones antes de 2024″, asegura Aneval. Otras como la del Ayuntamiento de Valladolid dan por hecho que los vehículos de uso compartido y multiusuario podrán moverse libremente por la ciudad.

Lucha contra la contaminación

La obligatoriedad de implantar zonas de bajas emisiones emana de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que fija la obligatoriedad de establecer los Planes de Movilidad Urbana Sostenibles este año. Para ayudar a la implantación de estas áreas, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd) publicó a finales de 2021 las Directrices para la creación de ZBE. Una guía que considera más que útiles para limitar la circulación por las ciudades tanto los peajes urbanos como endurecer las condiciones para aparcar en las calles de estas ciudades.

El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros dio luz verde el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que faculta a los ayuntamientos a implantar estos peajes. El documento recoge que para reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como áreas “libres de humos y congestión”, se permitirá “crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor”. Así, la Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer “una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones”. Estas tasas tendrán un precio similar al coste de aparcar en un aparcamiento público de la localidad que las aplique.

Según cálculos de la CEOE, cuando estén todas implantadas y operativas, las ZBE afectarán a localidades en las que se concentra el 53% de la población española. Adicionalmente, otro 16% de la población estará condicionada para no sufrir estas restricciones a que en los municipios en los que residen no muestren insuficiente calidad del aire.