El Gobierno solo ha distribuido el 22% de los fondos europeos comprometidos y apenas adjudica el 50%

La ejecución de los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación continúa acumulando retrasos y falta de ejecución presupuestaria, en contra de lo que ha defendido hasta ahora el Ejecutivo, que aseguraba a mediados del año pasado que la inversión de estos fondos tomaría «velocidad de crucero» en el segundo semestre de 2022. Pues a tenor de las cifras, se equivocaba. De los fondos gestionados directamente por la Administración Central, solo habrían llegado a la economía real unos 11.000 millones de euros, a través de las convocatorias de subvenciones y licitaciones estatales ya resueltas, es decir, un 37,7% de los fondos, porcentaje que baja hasta el 22,6% en el caso de todos los fondos comprometidos.

Así lo constata el último estudio elaborado por el Observatorio NextGen del prestigioso bufete Llorente y Cuenta, que hace un exhaustivo balance de la ejecución de estos fondos en España y sus perspectivas para 2023. Según el texto publicado ayer, si se atiende solo a las convocatorias resueltas –que suponen el 54,27% de los 23.064 millones de euros comprometidos en este ámbito–, el porcentaje de lo adjudicado asciende al 71,40% de lo previsto, mientras que en el caso de las licitaciones resueltas –alrededor del 45% de los 6.081 millones comprometidos–, alcanzaría cerca del 75%.

Sin embargo, la Administración cerró el año con al menos 4.200 millones de euros en convocatorias que se han quedado sin asignar, una situación sobre la que los autores del estudio advierten que empeorará con la llegada de 94.300 millones de euros adicionales –84.000 millones en forma de préstamos y 10.300 millones en forma de nuevas subvenciones–tras la aprobación de la Adenda al Plan de Recuperación que está en proceso de elaboración y negociación con la Comisión Europea

El estudio indica también que el pasado ejercicio estuvo marcado por una “gran aceleración” del compromiso de fondos en relación a 2021 -10.229 millones más-, tanto en convocatoria de subvenciones -6.783 millones, casi el doble-, como de licitaciones -prácticamente ha multiplicado por cinco las licitaciones de 2021-, mientras que, en lo relativo a las transferencias a comunidades, se han mantenido cifras similares en ambos años. Sin embargo, en lo que a resoluciones de estos fondos se refiere, el porcentaje de lo adjudicado se redujo de forma sustancial, al haber pasado del 90% de los fondos previstos en 2021 a solo un 50% en 2022.

Así, sumando ambos ejercicios, el Plan de Recuperación ha conseguido comprometer presupuestariamente 48.720 millones de euros entre convocatorias y licitaciones estatales y transferencias de fondos a las comunidades autónomas -un 69,19% de la dotación inicial del plan, 70.411 millones-, gracias a que en 2022 se ha logrado comprometer el 96,4% de los 28.025 millones presupuestados. Pero el informe es especialmente crítico con los fondos gestionados por las comunidades autónomas -19.575 millones de euros, un 40,2%-, al señalar “las dificultades para poder ofrecer una estimación concreta de lo adjudicado a particulares y a empresas ante la falta de datos actualizados que resulten accesibles de forma pública”.

En cuanto a la AGE, que ha gestionado directamente 29.145 millones de euros (el 59,8%), el informe detalla que la dilación en el plazo de adjudicación de convocatorias -139 días de media- ha influido también en el ritmo lento de ejecución registrado en el año 2022. Así, los ministerios que se hallan más avanzados a la hora de ejecutar el Plan de Recuperación son los que gestionan programas cuyos principales beneficiarios son entidades locales y están centrados en áreas como las infraestructuras para la movilidad sostenible y la rehabilitación de edificios públicos; es decir, “aquellos por los que existe un gran interés de la propia Administración Pública”. Para los analistas del estudio, esto significa que “la participación de las empresas en convocatorias y licitaciones del Plan de Recuperación ha ido a la baja a medida que se ha desarrollado su ejecución, con un ejemplo destacado en la escasa concurrencia registrada en el Perte del vehículo eléctrico (VEC), que solo logró adjudicar unos 800 millones de euros de los casi 3.000 presupuestados”, señala el informe.

La posibilidad de modular el ritmo de ese cumplimiento será, por tanto, “cada vez menor”, por lo que, “a menos que se logre una ampliación de plazos para el Plan inicial -posibilidad que apuntan “ahora mismo se presenta difícil”-, el Gobierno deberá “extremar el rigor en la administración de esos fondos europeos, para poder destinarlos a los fines comprometidos. “En un año electoral como el que ahora empieza, la eficacia a la hora de lograr que no se pierdan esos recursos va a ser, sin duda, un tema aún de mayor relevancia en la escena pública española, junto con las reformas pendientes que presentan un mayor nivel de dificultad para su aprobación, exigida por Bruselas”, incide el estudio.