La realidad de los datos del paro y los fijos discontinuos

Aunque en los últimos doce meses de 2022 el número de parados se redujo en España en 79.900 personas, debemos tener en cuenta que en el último trimestre del año el número de desempleados creció en 43.800 personas, hasta alcanzar las 3.024.000 personas. La tasa de paro, según el INE, se sitúa de esta manera en el 12,87%, lo que supone un descenso de tan solo 45 centésimas respecto al año anterior.

Estos datos tan “buenos” de los que presume el gobierno deben ponerse en contexto y ser objeto de un análisis riguroso que evite conclusiones insustanciales y anodinas. España cerró 2022 con un número de parados que superó la barrera psicológica de los 3 millones y con una desaceleración del ritmo de creación de empleo en el último trimestre. Además, si comparamos el porcentaje de desempleo de España, 12,87%, con la media europea , 6,5%, el dato es bastante negativo y no debería invitar a ningún tipo de celebración. Pero si nos centramos en el dato del desempleo juvenil, que en España se sitúa en el 32,3%, frente al 15,1% de la UE, la cuestión pasa de negativa a “ciertamente preocupante”.

Debemos saber además que estas cifras de paro, ya de por sí sonrojantes, no son del todo ciertas, puesto que han sido cocinadas haciendo uso del efecto que genera el binomio “reforma laboral / trabajadores fijos discontinuos”, con el que se consigue, de un plumazo, dejar fuera de las estadísticas a más de 500.000 personas que están inactivas y sin trabajar. Expliquemos cómo funciona este artificio que mejora las estadísticas.

El contrato fijo discontinuo es un contrato laboral indefinido, que tiene la particularidad de que el trabajo se desarrolla de manera intermitente en el tiempo. Es decir, no se trabaja todos los días del año. Resulta completamente cierto que ya en 1985 los trabajadores “fijos discontinuos” no contabilizaban como parados. Pero en aquel entonces esta modalidad de contratación era una figura residual con poco peso. Sin embargo, la reforma laboral acometida por el gobierno en 2022, con el objetivo de reducir al máximo la temporalidad, obligó a convertir los contratos temporales en fijos discontinuos, haciendo que este último tipo de contratos se multiplicara por 10. De esta manera se conseguía eliminar de las estadísticas del paro un número bastante importante de trabajadores inactivos, que ahora constan como fijos discontinuos.

En 2021 se firmaron en España alrededor de 262.911 contratos fijos discontinuos; en 2022 se firmaron más de 2.320.000. Esta circunstancia ha provocado que a final de 2022 hubiera en España más de medio millón de trabajadores fijos discontinuos que se han sacado de las listas del paro estando inactivos. Entidades como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y BBVA Research han alertado acerca de esta circunstancia, denominando a la suma de los parados que aparecen en las estadísticas -3.024.00 personas- y de los fijos discontinuos -alrededor de 450.000 personas-, paro efectivo. Esta cifra situaría el nivel de desempleo en España en el entorno de los 3,4 millones de personas.

Debemos tener claro que el paro es un problema de toda la sociedad y no solo de los políticos ni de las personas que tienen la desgracia de padecerlo. Nuestro sistema de pensiones, del que antes o después todos tendremos que hacer uso, no resulta viable en un contexto económico de baja natalidad, crecimiento del PIB reducido y cifras de paro récord como las que estamos padeciendo.

Pero también debemos tener claro que el empleo no se genera haciendo uso del BOE para modificar a la medida los datos estadísticos. Los puestos de trabajo tampoco los crean los gobiernos, de ningún color político, por mucho que algunos lo afirmen hasta la saciedad. El empleo lo crean las empresas, por lo que resulta imprescindible crear un escenario favorable a la inversión, que proporcione seguridad jurídica y con niveles impositivos razonables. Los impuestos a las eléctricas y a la banca, sectores ambos generadores de empleo; el intento de eliminación de la bonificación del impuesto de patrimonio en Andalucía, en momentos en los que la recaudación fiscal alcanza niveles históricos o las ocho subidas del IRPF y cuatro del Impuesto sobre Sociedades de los últimos años, no parece que vayan a contribuir mucho ni a atraer inversión empresarial ni a generar empleo. Es posible reducir impuestos sin poner en riesgo ni el estado del bienestar ni los servicios sociales. Obviamente, de cara a garantizar un presupuesto equilibrado, se haría necesario implementar medidas de austeridad económica dirigidas a eliminar el gasto público improductivo. Tarea difícil, impopular en un año electoral, pero con toda seguridad factible.