60.000 autónomos, atrapados por las reclamaciones para que devuelvan las ayudas Covid

Unos 60.000 autónomos siguen pendientes de las reclamaciones que las mutuas han realizado por las prestaciones que se concedieron en la pandemia y que ahora piden devolver por incumplir o no justificar adecuadamente requisitos, según las estimaciones de la unión de autónomos UPTA.

Del total de 1,7 millones de prestaciones concedidas por cese de actividad durante la pandemia, unas 150.000 se han visto en proceso de revisión de las que un 60% ya se ha solventado y otro 40% sigue pendiente (60.000 ayudas), de acuerdo con cifras facilitadas por UPTA.

El principal problema está en que esos autónomos no pueden justificar documentalmente la caída de ingresos que sufrieron y que permitía acceder a esas ayudas, según explica el presidente de UPTA, Eduardo Abad

Las circunstancias son variadas, hay autónomos que aseguran que han optado por pagar para no enredarse en reclamaciones interminables que terminan teniendo un coste personal elevado, pero no todos cuentan con un colchón financiero.

"Ese dinero se pidió en un momento que hacía mucha falta y se destinó a necesidades básicas", expone una afectada a Efe, que reconoce "la frustración y la impotencia" que siente ante la compleja gestión de unos expedientes que se acumulan, con unas notificaciones en las que no se terminan de aclarar las causas por las que les reclaman estas cantidades.

"Mi negocio sigue igual o peor que en ese momento y ahora tengo que devolver ese dinero", señala Marina que se siente desprotegida y que está dispuesta a llegar a juicio.

Los afectados denuncian también el caos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estas prestaciones se articularon en la pandemia para dar cobertura a un colectivo habitualmente fuera del paraguas de la protección social, lo que generó una carga de trabajo adicional.

El Tribunal de Cuentas ya señaló que la "ingente labor de gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor de la pandemia conllevó "deficiencias", ya que se dieron "resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas" o, incluso, autorizadas por órganos que no eran competentes.

En ese momento, resumían, los organismos competentes restringieron los controles previos dando prioridad a la protección y a la concesión de ayudas sin haber confirmado el cumplimiento de requisitos o de forma duplicada, entre otras, una situación que también se vivió con las ayudas a autónomos.