Los asesores fiscales exigen una "reforma trascendente" del impuesto de Sucesiones: "Está obsoleto"

El impuesto de Sucesiones y Donaciones está "obsoleto" y "requiere una reforma trascendente". Así lo ha puesto de manifiesto la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en su XXXVI Congreso Nacional, en el que han considerado que determinadas figuras o formas de este impuesto "pueden suponer una carga gravosa" para los ciudadanos, lo que obliga a muchos de ellos a renunciar a sus herencias. El delegado de la entidad en Asturias y León, Fernando Fernández, ha señalado que "tiene poco sentido que determinadas figuras o formas de este impuesto pueden suponer una carga tremendamente gravosa para herederos", que se ven obligados a renunciar a "un regalo" por la "carga tributaria excesiva" a la que tienen que hacer frente.

El vocal responsable de Estudios de Aedaf, Juan Manuel Herrero, ha defendido, que es necesaria una "reducción importante" de la carga fiscal, ya que "no siempre cuanto más altos" son los impuestos es "mejor" y "no siempre se recauda más. A veces es mejor exigir menos y hacer más fácil el cumplimiento", además de plantear la necesidad de la deflactación del IRPF.

Por su parte, el presidente de Aedaf, Bernardo Bande, ha centrado su intervención inaugural en la denuncia de la inseguridad jurídica, que, en su opinión, debilita "cualquier sistema económico, ya que las empresas necesitan reglas claras, estables y previsibles para planificar, crecer y asegurar la continuidad generacional". También ha hecho referencia a la lucha contra el fraude: "es irrenunciable, pero tiene un límite claro: los derechos fundamentales del contribuyente". En este sentido, ha señalado que, si los ciudadanos sienten que sus derechos pueden ser sacrificados en nombre de la recaudación, la confianza en la Administración se erosiona y la legitimidad del sistema fiscal queda "severamente comprometida".

Respecto a la homogeneización de impuestos entre comunidades, los asesores fiscales han apelado a la "necesaria" autonomía que deben tener las comunidades para disponer de su propia "capacidad de decisión", si bien ha precisado que si "la desigualdad es muy acusada para el ciudadano, el ciudadano se queja lógicamente. Pero inevitablemente, hay que tener esa capacidad de decisión por las comunidades autónomas", ha indicado sobre esta cuestión, después de apuntar que "en algunos casos, quizá si sería mejor un tratamiento más parecido" entre territorios. También han señalado que su profesión es "muy intensa y compleja" ante los cambios en las normativas que obligan a estos expertos a estar "muy actualizados" y afrontar retos como la llegada de la inteligencia artificial.