CEOE y Cepyme reclaman que la formación obligatoria para las empresas vuelva a estar bonificada

CEOE y Cepyme han decidido reclamar oficialmente por escrito al Ministerio de Trabajo el mantenimiento del sistema de bonificaciones a la formación obligatoria en las empresas, "sistema que se ha venido aplicando en nuestro país a las empresas que deben hacer este tipo de formación por mandato normativo o de convenio colectivo y que puede ser tanto transversal como sectorial", han explicado las patronales en un comunicado, en el que han recordado que desde que se creó este sistema, siempre se había permitido que las empresas pudieran bonificarse en las cuotas a la Seguridad Social este tipo de formaciones obligatorias y han exigido que se corrija la situación de forma "urgente".

"La bonificación de la formación obligatoria para las empresas se ha venido admitiendo por el Ministerio de Trabajo, el SEPE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y el Tribunal Supremo (Sala de lo Social), desde que este sistema de ayudas fue implantado en 2004, por entender que estas ayudas estaban plenamente incluidas en el sistema de formación para el empleo y reconocidas como tales en los informes jurídicos del Ministerio y de la Fundación", han defendido las patronales.

Según fuentes empresariales, el cambio de criterio ministerial se basa en el principio de que los trabajadores no pueden financiar con aportaciones propias la formación de carácter obligatorio y dentro de la cuota de formación (0,7%) las empresas pagan la mayor parte (0,6%), pero el trabajador contribuye con el 0,1% restante. Las patronales critican que lo que Trabajo pretende aplicar este cambio normativo "con efecto retroactivo" y con la amenaza de imponer "intereses y sanciones, lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas, en especial de las pymes y aquellas de menor tamaño".

Desde el Ministerio se defiende que se limitan a aplicar una sentencia de la Audiencia Nacional dictada a finales de 2002, en la que se establecía que la formación de carácter obligatorio en prevención de riesgos laborales "no podía ser bonificable" al considerar que "no se encuentra dentro del marco regulador de la formación profesional para el empleo". Así, la Audiencia entiende que sólo pueden beneficiarse del régimen de bonificaciones las acciones que puedan calificarse como formación para el empleo, criterio que también defiende la Inspección de Trabajo, en contra de lo que se ha venido admitiendo por parte del Ministerio, el SEPE, la Fundae y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Ambas organizaciones han alertado de que la Inspección de Trabajo ya ha dado instrucciones con ese criterio y se han empezado a abrir actas de infracción a las empresas, a las que se obliga a devolver las cuantías de las bonificaciones aplicadas por este concepto en formaciones obligatorias. Por ello, reclamaron al Ministerio "la adopción de las medidas normativas y administrativas urgentes que corrijan esta situación y restablezcan la seguridad jurídica de las empresas", ya que "cada vez existe más formación obligatoria por ley o por convenio".

CEOE y Cepyme recuerdan en su comunicado que de los 2.556 millones de euros que se recaudaron en 2022 como cuota finalista de formación, el 85% fue aportado por las empresas y el 15% restante, por los trabajadores. Asimismo, y dado que cada vez existe más formación obligatoria por ley o por convenio, las patronales cuestionan "qué sentido tendría mantener la obligación para las empresas de pagar una cuota que cada vez les sirve para financiar menos formación".