La condonación de la deuda autonómica costará 88.000 millones a las arcas públicas

Los pactos rubricados por el presidente del Gobierno -de investidura con fuerzas nacionalistas e independentistas y de legislatura con Sumar- provocaron una oleada de rechazo generalizado, tanto entre los partidos políticos de la oposición como en la casi totalidad de organizaciones profesionales y de funcionarios que cargaron contra unos acuerdos que "socavan el Estado de Derecho".

Ahora ha sido la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a través de un artículo de su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, la que ha advertido que la condonación de deuda a Cataluña provocará el "debilitamiento del Estado" e impactará en el PIB, el empleo y las cuentas públicas. En concreto, plantea que la condonación "general y no condicionada" de una parte de la deuda de las comunidades de régimen común "contribuirá a agravar los problemas de indisciplina fiscal que ya sufren". Por eso advierte de que tendrá un doble efecto negativo, primero sobre el "crecimiento económico, el empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas", y sobre la "cohesión social y territorial" por otro lado.

Critica también que se justifique la condonación en base al impacto negativo del ciclo económico sobre las cuentas autonómicas, aludiendo a los efectos de la crisis financiera de 2008 "ante la (supuestamente) insuficiente respuesta europea y del Estado”, y que no se detalle "cómo habría que calcular las quitas de las demás comunidades autónomas". Explica De la Fuente que el criterio "parece haberse elegido porque -a diferencia de otros posibles, como la infrafinanciación acumulada- permite la generalización de las quitas", y dado que todas las comunidades se vieron afectadas de manera similar, "seguramente la forma más razonable de extender la medida a otros territorios sería perdonar a cada comunidad la misma cantidad por habitante ajustado".

En base a estos criterios, Fedea estima que el coste total de esta operación financiera alcanzará casi 88.000 millones de euros. En el caso de Cataluña, el acuerdo con ERC incluye una quita de 15.000 millones de euros, que supondría en torno al 20% de la deuda total de la comunidad, lo que se traduciría en 1.980 euros por habitante ajustado. Por tanto, y aplicando el mismo porcentaje, la quita llegaría a 16.400 millones en Andalucía, 12.900 en Madrid y 9.750 en la Comunidad Valenciana.

Con esta situación, De la Fuente considera que esta "condonación incondicionada" de deuda es una "pésima idea" porque cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las comunidades de que "pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas", lo que constituye "una invitación a la indisciplina fiscal" y eliminará la capacidad de ahorro de los gobiernos autonómicos "para los malos tiempos" y, de paso, "incrementará también el gasto del Estado" y su "irresponsabilidad fiscal".

El pacto también contiene varias cláusulas que tratan de condicionar el reparto de la inversión pública estatal, garantizando a Cataluña una participación igual a su peso en el PIB, lo que Fedea considera que "no tiene sentido" al "fijar reglas simplistas y difícilmente generalizables para el reparto de la inversión estatal entre las comunidades".

Asimismo, el artículo analiza el acuerdo con Sumar, sobre el que advierte que provocará "fuertes incrementos del gasto público" -que no serán "fáciles de financiar"- y un "importante aumento de los costes empresariales" que amenazaría la "competitividad y el empleo". Por ello, pone en duda algunos aspectos de los pactos con los partidos nacionalistas supondrían el "inicio de una deriva confederal que iría debilitando al Estado y reduciendo gradualmente los márgenes existentes para la nivelación interterritorial y, con ella, para la redistribución personal".

En este sentido, el economista avisa de que el acuerdo con Sumar provocará un "significativo incremento de la presión fiscal durante la legislatura", ya que se contempla la mejora de numerosas prestaciones, incluyendo el ingreso mínimo vital, las pensiones mínimas y no contributivas y los permisos por paternidad y maternidad, lo que sumado a la reciente reforma del sistema de pensiones "tensionará fuertemente al alza" el gasto social, "reduciendo el margen disponible para otras actuaciones".

Asimismo, ve improbable que todo lo propuesto pueda hacerse en pocos años "sin desequilibrar aún más las cuentas públicas" y sin provocar "fuertes subidas de impuestos para todos, y no sólo los ricos", en contra de lo que exigirá la Unión Europea tras la reactivación de las reglas fiscales en 2024. "El nuevo Gobierno y sus aliados parecen olvidar que tales subidas también tienen un coste en términos de menor renta disponible y bienestar para amplios segmentos de la población y podrían tener efectos adversos para todos a través de su incidencia sobre el crecimiento económico y el empleo".

En otro de los apartados, carga contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de convertir en permanentes los gravámenes sobre la banca y las energéticas, que se habían justificado apelando a la existencia de beneficios extraordinarios por la subida de tipos de interés y el encarecimiento de la energía por la guerra en Ucrania. "Su conversión en exacciones permanentes supone admitir que estamos en realidad ante multas a sectores que le resultan antipáticos a los socios de Gobierno". En este sentido, De la Fuente cree conveniente retomar el informe del Grupo de Expertos para la reforma fiscal como base para la discusión sobre el diseño de una reforma integral del sistema que "debería aumentar su capacidad de recaudación, pero respetando la seguridad jurídica y buscando minimizar los desincentivos para la inversión y la actividad económica". Para ello, el ingrediente esencial de tal reforma debería ser el "ensanchamiento de las bases tributarias mediante la eliminación de regímenes especiales, como el sistema de módulos, y de exenciones no justificadas y tipos reducidos, especialmente en el caso del IVA".

También se ha referido a las medidas de ámbito laboral, como la reducción de la jornada de trabajo sin ajustar proporcionalmente los salarios, la subida del SMI hasta el 60% del salario medio y el endurecimiento de las condiciones de despido y descuelgue. Estas actuaciones, avisa, "tienden a aumentar los costes unitarios de las compañías y a reducir su flexibilidad interna, comprometiendo la competitividad de las empresas y su capacidad de adaptación ante shocks adversos, con efectos negativos sobre el empleo".