¿Cuál es la cantidad máxima de dinero que puedes pagar en efectivo? Hacienda lo aclara

En la era de la digitalización, el dinero en efectivo parece estar cada vez más arrinconado. Las nuevas tecnologías han facilitado medios de pago más cómodos y eficientes como las tarjetas, los teléfonos móviles o incluso los relojes inteligentes. Esta evolución ha hecho que el uso del efectivo quede prácticamente relegado a las generaciones más mayores o a pequeñas transacciones cotidianas. Sin embargo, su opacidad sigue preocupando a la Agencia Tributaria, que mantiene una vigilancia estricta sobre este tipo de operaciones por su potencial vinculación con prácticas ilegales como el blanqueo de capitales o la evasión fiscal.

Para hacer frente a estas actividades ilícitas, España cuenta con un marco legal específico: la Ley 7/2012, que impone límites estrictos a los pagos en efectivo. Esta normativa establece que los pagos en metálico iguales o superiores a mil euros están prohibidos cuando participan empresarios o profesionales. En el caso de particulares que no residan fiscalmente en España y no actúen como empresarios, el límite se amplía hasta los 10.000 euros. No obstante, fraccionar un pago con la intención de eludir estos topes no sirve de nada: la ley contempla la suma total de las cantidades entregadas en una misma operación, aunque se hagan en distintos momentos.

Además, el concepto de efectivo va más allá del papel y las monedas. La normativa también incluye como tales los cheques bancarios al portador y otros instrumentos físicos o electrónicos que permitan realizar pagos directos. Todos estos medios están sujetos a las restricciones establecidas y, para garantizar su cumplimiento, los involucrados deben conservar los justificantes de las operaciones durante al menos cinco años. En caso de requerimiento por parte de Hacienda, dichos documentos deben ser presentados como prueba del cumplimiento normativo.

Existen algunas excepciones, como los pagos realizados mediante entidades de crédito o las operaciones de cambio de divisas reguladas por el Banco de España. Sin embargo, fuera de estos casos, el incumplimiento de los límites puede considerarse una infracción administrativa grave. Las sanciones no son menores: pueden alcanzar el 25% del importe pagado en efectivo y se aplican de forma solidaria tanto al pagador como al receptor. Además, la infracción prescribe en cinco años desde que se cometió, mientras que el plazo para que prescriba la sanción comienza una vez que la resolución sea firme.

Otra herramienta que Hacienda pone a disposición de los ciudadanos es la posibilidad de denunciar pagos en efectivo que sobrepasen los límites legales. Esta denuncia debe realizarse en un plazo de tres meses desde la fecha de la operación y debe incluir datos precisos sobre el importe y las personas implicadas.